El Gobierno negocia con cautela, pero cree tener los votos para aprobar el mega decreto en el Congreso

Las sesiones extraordinarias de diciembre en las que el Gobierno logró aprobar la cuestionada Reforma Previsional y el paquete de leyes económicas que considera fundamentales de cara al 2019 dejaron a la Casa Rosada dos conclusiones: que el acuerdo con los gobernadores es sensible -sobre todo en Diputados, donde la primera vez no consiguió el quórum para la reforma jubilatoria- y que para este año la mejor estrategia será no apuntar al reformismo permanente y gobernar con las leyes que existen, recomendación que tomaron de Miguel Ángel Pichetto, hombre fuerte del Senado.

A pesar de esto, ahora el Ejecutivo estima que se anotará una victoria que para muchos podría ser inesperada. Según confirmaron a Infobae importantes fuentes de la Casa Rosada, ya negociaron y acordaron con Pichetto que su bloque en el Senado (21 miembros, más aliados) los acompañará para aprobar el mega decreto de burocratización del Estado que firmó Mauricio Macri en el que modificó 140 leyes, derogó 19 y afecta a ocho ministerios (Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía) y tres organismos descentralizados (AABE, Anses y Banco Central).

El camino del DNU será el siguiente. En febrero legará a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, en donde Cambiemos no tendrá problemas para dictaminar porque ya se aseguró tener a 8 de los 16 miembros y la presidencia, que desempata en caso de igualdad. Por el lado de los diputados, estarán Fernando Iglesias, Luis Petri, Pablo Tonelli, Ezequiel Fernández Langan y Martín Hernández. En representación del Senado, Luis Naidenoff (probable presidente), Pedro Braillard Poccard y Silvia Giacoppo. De los opositores, la conformarán los diputados del FpV-PJ Máximo Kirchner y Marcos Cleri y el justicialista Pablo Kosiner y los senadores Anabel Fernández Sagasti (FpV-PJ), María Teresa González (Justicialista), Daniel Lovera (Justicialista) y Cristina Fiore Viñuales (Pares), que responde a Juan Manuel Urtubey.

Una vez que consiga dictamen, deberá obtener la aprobación de uno de los dos recintos y solo se derogará si ambos lo rechazan. Como la primera parada será el Senado, el Gobierno apostó todas sus fichas a negociar con el jefe de la bancada peronista, con quien supieron cosechar una buena relación los últimos dos años, la cual se intensificó luego de las elecciones con el acuerdo con los gobernadores y la llegada de Cristina Kirchner a la Cámara alta.

Para el oficialismo será un triunfo vital. Primero, porque las críticas públicas de la mayoría de los dirigentes –inclusive Pichetto– hacían pensar que, de llegar al Congreso, podría recibir una fuerte derrota que lo debilitaría institucionalmente. Segundo, porque consigue el aval del Senado para un enorme DNU y ayuda a combatir el mote de "gobiernan por decreto". Y tercero, porque se ahorra el debate en Diputados, en donde la negociación iba a ser casi imposible, más que nada porque los principales bloques ya expresaron su rechazo a la medida por no considerarla de "necesidad y urgencia". 

Sin embargo, Cambiemos deberá esperar ya que, como Macri no convocará a extraordinarias en febrero, la norma no se podrá discutir hasta marzo. Mientras tanto, el DNU ya está vigente y, a menos que haya un quiebre en el acuerdo con Pichetto, quedará firme cuando lo trate el Senado.

Una de las mayores críticas que realizó la oposición es hacia el nuevo marco operatorio para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que le permitirá operar como una entidad financiera e "invertir sus activos de acuerdo a las mejores prácticas financieras modernas". También se hizo hincapié en que facilita los embargos de las cuentas sueldo para cobrar préstamos, en que la Constitución no permite modificar por decreto ciertas cuestiones penales y tributarias y en la reducción de penas a las empresas que hayan cometido infracciones laborales, entre otras cosas. 

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