Marcelo Tinelli bloqueó la venta del Grupo Indalo a Op Investments

A raíz de un pedido de los abogados de Marcelo Tinelli, Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa sumaron un nuevo obstáculo para concretar la anunciada venta de sus medios a la compañía Op Investments.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dictó una medida cautelar que bloquea la transferencia del canal y las radios pertenecientes al Grupo Indalo como consecuencia de la falta de pago de los honorarios pactados con Marcelo Tinelli por sus servicios como conductor de Showmatch.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la cautelar busca evitar que López y De Sousa "se desprendan fraudulentamente de sus principales activos a cambio de una contraprestación de $100 –es el precio de compra que habría ofrecido el fondo Op Investments para quedarse con el canal y las radios–".

La Sala F, integrada por Alejandra Tevez  y Rafael Barreiro, dictó una medida precautoria de no innovar y les solicitó a López y De Sousa que se abstengan "de causar, realizar, perfeccionar o ejecutar cualquier acto de disposición que altere, o sea susceptible de alterar la actual composición de sus respectivos patrimonios". En particular, se les prohibió "realizar cualquier tipo de acto que implique el desapoderamiento de sus participaciones accionarias –en forma directa y/o indirecta– en el Grupo Indalo".

Con esta decisión, se complica aún más el traspaso del canal C5N, la productora Ideas del Sur, las FM Mega, Pop, Vale y la AM Radio 10 a OP Investments, compañía controlada por Ignacio Rosner.

Semanas atrás, el juez federal Julián Ercolini se había expresado en el mismo sentido en una resolución que mantuvo la inhibición de bienes de los dueños de Indalo en el marco de una causa por los $8 mil millones correspondientes al Impuesto a la Transferencia de Combustibles. Ese caso llevó a López y a De Sousa a la prisión.

Dentro de los fundamentos de la resolución conocida este viernes, los magistrados valoraron las altas probabilidades de que López y De Sousa "se insolventen de modo fraudulento" y estimaron que la medida de no innovar interpuesta asegura "el resguardo del interés público".