Encontraron 80 mil dólares, 239 mil pesos y joyas en la caja de seguridad del primo de Kirchner

El juez Julián Ercolini ordenó a personal de Gendarmería abrir una caja de seguridad perteneciente a Carlos Kirchner, primo del ex presidente, en la que encontraron 80 mil dólares, 239 mil pesos y joyas.

La caja de seguridad pertenecía a una sucursal del Banco Santa Cruz en la ciudad de Río Gallegos y la medida fue adoptada en el marco de la causa por presunto fraude con la obra pública.

En el mismo operativo se abrió otra caja a nombre del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, detenido en el penal Marcos Paz por otras dos causas judiciales, aunque allí no encontraron elementos de valor.

La apertura fue pedida por el fiscal Gerardo Pollicita, quien además había reclamado afectar los bienes de los imputados a los embargos dictados junto a los procesamientos en esta causa, en la que además se encuentra procesada Cristina Kirchner.

Hace dos semanas, Ercolini había ordenado la apertura de siete cajas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, pertenecientes a De Vido, José López y Carlos Kirchner.

En el caso del ex ministro de Planificación, encontraron 90 mil dólares y su título de arquitecto, mientras que las cajas de López estaban vacías y en las pertenecientes al primo del fallecido ex presidente sólo encontraron banditas elásticas.

Carlos Kirchner fue subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y está procesado por presunto fraude en la concesión obra pública en perjuicio del Estado Nacional durante el Gobierno de Cristina Kirchner, a través del supuesto direccionamiento a favor del empresario Lázaro Báez.

Las medidas buscan hacer efectivo el embargo que se trabó en la causa por 10.000 millones de pesos sobre cada uno de los procesados, entre ellos Cristina Kirchner, De Vido, López, Carlos Kirchner y Báez.

El mes pasado, luego de que la Cámara de Casación confirmara los procesamientos, la Oficina Anticorrupción pidió al juez Ercolini que eleve a juicio oral la causa: para la OA, todos ellos formaron parte de "una asociación ilícita destinada a apoderarse ilegítimamente de fondos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015", a través de la Dirección Nacional de Vialidad.