Tras el triunfo político que le significó la destitución del camarista federal Eduardo Freiler, el Gobierno buscará el apartamiento de otro juez de Comodoro Py. Se trata de Daniel Rafecas, quien está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura de la Nación por el fallo en el que desestimó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Kirchner por la firma del memorándum de entendimiento de Irán.
El senador radical Ángel Rozas trabaja por estas horas en un dictamen en el que acusará a Rafecas y pedirá que sea citado a dar explicaciones, informaron a Infobae fuentes judiciales. La idea es que el dictamen sea presentado los primeros días de la próxima semana y que la citación de Rafecas sea tratada y aprobada el jueves por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo.
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Rafecas es investigado en el expediente 30/2015 en el que se acumularon las denuncias presentadas por los diputados nacionales de Cambiemos Elisa Carrió y Waldo Wolff. El juez fue denunciado por haber cerrado la denuncia de Nisman sin realizar prueba como una maniobra intencional para beneficiar a Cristina.

El juez desestimó la denuncia de Nisman por entender que no había delito en la acusación y por lo tanto nada por investigar. El fiscal Gerardo Pollicita le había pedido abrir una causa penal y hacer una serie de medidas de prueba. La decisión de Rafecas fue confirmada por la Cámara Federal pero en diciembre del año pasado la Cámara Federal de Casación ordenó investigarla y apartó al juez. Con un nuevo magistrado, Claudio Bonadio, Cristina Kirchner y otros ex funcionarios de su gobierno fueron citados a indagatoria y ahora el magistrado debe resolver si los procesa.
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La Comisión realizó varias medidas de prueba y ahora Rozas presentará su dictamen acusatorio. Primero se tratará en la Comisión de Disciplina y Acusación la citación a Rafecas para que haga su descargo en una suerte de indagatoria. Para eso se necesita una mayoría de votos de los consejeros presentes. La Comisión está integrada por nueve miembros. Para eso paso, el macrismo no tendría problemas.
Si eso ocurre, Rafecas podrá concurrir personalmente a la Comisión o presentar un escrito de descargo.
Luego de eso la Comisión quedará en condiciones de resolver si avanza con un dictamen para suspender en el cargo a Rafecas y enviarlo a juicio político. Para que eso se concrete, el dictamen debe ser ratificado por el plenario del Consejo. Ahí surge el primer escollo para el macrismo.
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Para enviar a juicio político a un juez se necesitan nueve votos de los 13 integrantes del Consejo, conformado por jueces, abogados, diputados y senadores de Cambiemos y del Frente para la Victoria-PJ y representantes del gobierno y del sector académico. El Consejo es el organismo encargado de la acusación y selección de los jueces nacionales y federales.

El macrismo y sus aliados tienen ocho miembros. Se presenta la misma dificultad que vivió con Freiler con el agravante de que en sus propias filas, por ahora, no hay un convencimiento total de la acusación contra Rafecas.
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"Quiero ver el dictamen para conocer en qué se fundamenta la acusación", les dijeron a Infobae dos consejeros en off the record. El mayor reparo viene de los jueces que integran el Consejo por lo que se conoce como "contenido de sentencia" ya que no se puede acusar a un juez por sus resoluciones, excepto que sean arbitrarias o que haya cometido un delito al dictarlas.
"Todavía no empezamos a juntar los votos", dice uno de los hombres del macrismo encargado de esa tarea.
A fin de año llega una renovación de consejeros. La senadora kirchnerista Virginia García -cuñada de Máximo Kirchner- dejará el organismo el 10 de diciembre. El bloque del Senado debe designar a su reemplazante y la expectativa es que sea un peronista no alineado con el kirchnerismo. Por el lado del macrismo, se va el diputado radical Gustavo Valdés -que asumirá como gobernador de Corrientes- y su lugar será ocupado por otro radical, Mario Negri.
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Otro escollo para avanzar contra Rafecas es el tiempo. El reglamento del Consejo señala que una denuncia no puede estar abierta más de tres años. Llegado ese plazo el cuerpo debe tomar una decisión. La causa contra el juez se inició el 9 de marzo de 2015 y vencerá en marzo de 2018. En el medio hay un mes de receso por la feria judicial de enero.
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