Procesaron a Alejandra Gils Carbó por el caso de la compra del edificio para la Procuración

Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación, fue procesada hoy por el juez Julián Ercolini por el delito de administración fraudulenta contra la administración pública en el caso en el que se investiga el sospechoso pago de comisiones en la compra del edificio de la calle Perón al 600. También le dictó un embargo de 7 millones de pesos.

De este modo la jefa de todos los fiscales nacionales fue por primera vez procesada por un caso de sospechas de corrupción.

En la investigación se demostró que se pagaron comisiones por la compra del edificio que la Procuración abonó $43.850.000 a la empresa Arfinsa del Grupo Bemberg.

Esa empresa a su vez le pagó a la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry la suma de 7,7 millones de pesos en comisión por el asesoramiento para la venta del inmueble. Al mismo tiempo, Jaureguiberry le pagó 3 millones de pesos por asesoramiento específico para la licitación del edificio de la calle Perón a Juan Carlos Thill un productor de seguros de la ciudad de La Plata, que no tenía relación con el negocio inmobiliario.

En abril pasado Infobae reveló la existencia del pago de la comisión a Thill y además que tenía un parentesco con el subdirector de la procuración Guillermo Bellingi, quien intervino en la licitación bajo investigación.

El magistrado procesó a Gils Carbó, Bellingi, Thill, Jaureguiberry y a Adrián González Fischer, ejecutivo de ArFinsa, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Ercolini fijó un embargo de 7 millones de pesos para Gils Carbó y Bellingi y uno de 5 millones para los otros tres procesados.

El juez sostuvo en su resolución de 211 páginas que Gils Carbó y Bellingi violaron "consciente y voluntariamente los deberes atinentes a sus cargos" e "idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667".

"Se generó también de modo deliberado un lucro indebido para algunos de sus intervinientes, que como contrapartida conformó un perjuicio patrimonial apreciable para el Estado nacional", agregó el magistrado.

Thill –definido por Bárbara Jaureguiberry como experto en licitaciones- le envió a la inmobiliaria una copia del pliego de licitación antes de que se hiciera público y le dio precisiones sobre las fechas del proceso que solo podía conocer por tener información calificada que le brindaba su medio hermano.

El magistrado señaló que Thill fue "insertado con la simulada calidad de asesor y gestor de la anterior" para cobrar las comisiones que significaron "un lucro indebido para algunos de sus intervinientes, que como contrapartida conformó un perjuicio patrimonial apreciable para el Estado nacional".

El llamado a licitación se hizo público el 6 de marzo de 2013, el 20 de mayo se le adjudicó a Arfinsa/Jaureguiberry y en julio se hizo el pago. Y también los pagos de las comisiones.

Cuando se conoció que Bellingi y Thill eran hermanos por parte de madre, la procuradora lo suspendió y ordenó un sumario administrativo para determinar la responsabilidades del ex subdirector de la Procuración en la trama de la venta del edificio.

Por decisión de Ercolini la investigación fue delegada en la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano quien había pedido la indagatoria de su jefa Gils Carbó, de Bellingi Thill de Jaureguiberry y de otros funcionarios de la Procuración y directivos de la empresa ArFinsa.

El fiscal había pedido las indagatorias de los implicados en el caso porque considero que se había direccionado la licitación para que la ganara ArFinsa. Esa hipótesis fue comprobada por el juez quien señaló que hubo una licitación "simulada".

Para el juez hubo varios hechos que se hicieron para llevar adelante la defraudación. Se dio de baja una licitación anterior; se cambiaron algunas de las condiciones que debían cumplir las empresas para presentarse a la licitación; se agregaron requerimientos edilicios que encajaban con lo que ofrecía el edificio de la calle Perón, entre otras cosas.

Ercolini ademas dictó la falta de mérito para los funcionarios de la Procuración Héctor Zurita, Jorge Domanico y Osvaldo Leguizamón, quienes como integrantes de la línea administrativa participaron de la licitación. También le dictó la falta de mérito a Ignacio Costa Urquiza, un asociado de Jaureguiberry, y a Pedro Viceconte y Roberto Martino, apoderados de ArFinsa.

En la página 4 de la resolución, Ercolini resume la operación y se refiere a la responsabilidad que le cupo a la procuradora: "Asimismo, se encuentra acreditado con el grado de probabilidad ya mencionado que, en el marco de la maniobra descripta precedentemente, Alejandra Magdalena Gils Carbó y Guillermo Alfredo Bellingi, en su condición de funcionarios públicos, con la intervención dolosa de Adrián Marcelo González Fischer, Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill, se interesaron directamente, aprovechándose asimismo de personas interpuestas y también mediante la simulación deliberada de una licitación pública, en la compraventa del edificio ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667 de la Ciudad de Buenos Aires, con miras a la obtención de beneficios personales".