Edificio de la Procuración: un cruce de llamadas complica a los imputados

El 17 de diciembre de 2012, a las 14:09 hubo un contacto telefónico de 27 segundos entre dos celulares. Uno de los teléfonos está a nombre de Jaureguiberry y Asociados. El otro está a nombre de Guillermo Bellingi.

Jaureguiberry y Asociados es la inmobiliaria que cobró 7,7 millones de pesos de comisión por la venta del edificio de la calle Perón al 600 comprado por la Procuración General de la Nación que encabeza Alejandra Gils Carbó. Bellingi, por su lado, era subdirector de la Procuración y fue el funcionario encargado de la operación que se realizó en $43.850.000.

Aquella comunicación con la inmobiliaria que representó a la empresa Arfinsa (del Grupo Bemberg) que ganó la licitación se concretó mientras estaba aún vigente una licitación anterior, que recién fue dada de baja por Gils Carbó a fines de 2012.

Es decir que a partir del cruce de llamados que forma parte del expediente judicial -al que accedió Infobae a través de fuentes del caso-, se puede establecer que había una relación previa al llamado a licitación entre la inmobiliaria y el funcionario que manejó el expediente dentro de la Procuración y cuyo medio hermano cobró la mitad de la comisión pagada por la empresa vendedora del edificio.

En la causa judicial en la que declaró en indagatoria Gils Carbó se investiga el sospechoso pago de comisiones producto de la compra-venta del edificio. De los 7,7 millones de pesos que Arfinsa le pagó a Bárbara Jaureguiberry, la mitad fue a parar a manos de Juan Carlos Thill, un productor de seguros de La Plata sin relación con el rubro inmobiliario.

Thill fue contratado para asesorar a la inmobiliaria en la licitación que terminó ganando Arfinsa. Y Thill resultó ser medio hermano de Bellingi, el funcionario puesto por Gils Carbó para manejar la licitación. Y que se comunicaba con Jaureguiberry desde diciembre de 2012.

El 8 de abril pasdo Infobae reveló la existencia de documentos que mostraban cómo fue el pago de comisiones que pagó Arfinsa y cobraron Jaureguiberry y Thill. En aquella ocasión también quedó al descubierto el parentesco entre Thill –que cobró medio millón de dólares de comisión al cambio oficial de julio de 2013- y Bellingi.

El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación del caso, pidió que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación que encabeza Juan Tomás Rodríguez Ponte realizara un cruce entre los teléfonos de los imputados.

En ese cruce se determinó que los contactos entre Jaureguiberry y Bellingi comenzaron varios días antes de que se diera de baja la licitación vigente en 2012. Es decir, que quien manejaba la licitación se comunicó con la encargada de cobrar las suculentas comisiones que luego dividió con Thill. Y comenzó a hacerlo en diciembre de 2012, cuando la licitación que terminó con la compra del edificio de la calle Perón al 600 se hizo pública recién en marzo de 2013.

Para los investigadores, que sostienen que la licitación estuvo direccionada para que la ganara Arfinsa, estos contactos telefónicos son un indicio importante de la relación existente entre Bellingi y Jaureguiberry meses antes que la Procuración lanzara la licitación que terminaría finalmente con la compra del inmueble.

Se detectaron, según fuentes judiciales, 91 contactos telefónicos entre Jaureguiberry y Bellingi antes, durante y después del proceso licitatorio. En su declaración indagatoria Jaureguiberry había dicho que fue Thill quien se comunicó con la inmobiliaria para preguntar por el edificio de la calle Perón. Y que luego hubo otros contactos. Pero en el cruce de llamados no aparece ninguno. O bien Jaureguiberry miente, o Thill llamaba desde teléfonos que estaban a nombre de otra persona o desde locutorios.

Se hallaron llamados entre Bellingi y Thill. Nada raro, son hermanos por parte de madre. Y entre Gils Carbó y su subordinado Bellingi. Tampoco es extraño. Gils Carbó lo había designado en la Procuración y lo puso a cargo de la licitación.

Sin embargo del cruce de llamados surgió un dato que llamó la atención de los investigadores. Desde uno de los celulares a nombre de Gils Carbó hubo mensajes de texto entre julio y octubre de 2012 con un teléfono de la flota de Arfinsa. En julio Gils Carbó no era aún procuradora y en octubre no había comenzado el proceso licitatorio bajo sospecha.

En su último escrito como abogado defensor de Gils Carbó,  Alejandro Rúa -luego fue reemplazado por León Arslanián- explicó que esos mensajes de texto corresponden al celular –a nombre de Gils Carbó- que usa desde hace años Alexia Sofía Alonso, la hija menor de la procuradora.

Allí se explicó que cuando se conoció el análisis de los teléfonos de los imputados -que podría comprometer a la procuradora- la hija de Gils Carbó se comunicó con el teléfono que estaba a nombre de Arfinsa. En el escrito de Rúa, se aclaró que el número correspondía a un amigo de la hija menor de la procuradora de cuando cursaba la secundaria Cristóforo Colombo. Su amigo, llamado Pablo, estudiaba en un colegio vecino, el Liceo Francés.

Rúa les solicitó a los investigadores que comprueben el uso del teléfono por parte de la hija de Gils Carbó. Infobae se comunicó el sábado al mediodía con Pablo -tal es el nombre de quien utiliza el teléfono a nombre de Arfinsa- quien se negó a explicar por qué tiene un celular que pertenece a esa empresa y cuál era su relación con la hija menor de la procuradora. Según pudo establecer este medio, el joven se llama Pablo Fasolo y es hijo de Suzanne Marie Élisabeth De Montalembert, integrante del Grupo Bemberg, y por ello tenía un teléfono de la flota de Arfinsa.

En el cruce de llamados también aparecen comunicaciones entre teléfonos de Gils Carbó y de Carlos Liuzzi, quien fuera el segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica durante los 12 años de gobierno kirchnerista. La Procuradora aclaró que jamás habló con Liuzzi, pero ese número era el que se usaba en Legal y Técnica. También hubo llamados de Gils Carbó a un celular a nombre de la Secretaría General de la Presidencia. Según el escrito del abogado de Gils Carbó ese número también era de Legal y Técnica. En ambos, deducen los investigadores, atendía Zannini. La procuradora explicó todos esos llamados por cuestiones atinentes al funcionamiento de la Procuración.

El caso que está en manos del juez Julián Ercolini entra en etapa de definiciones. Fueron indagados todos los imputados y hasta la semana pasada hubo declaraciones testimoniales pedidas por los acusados que se realizaron en la fiscalía de Taiano. El juez está en condiciones de resolver si procesa o sobresee a los indagados. Entre ellos está Gils Carbó, la jefa de todos los fiscales nacionales.

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