Cuatro ex jueces federales fueron condenados por delitos de lesa humanidad

El tribunal Oral Federal 1 de la ciudad de Mendoza impuso este miércoles la pena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad a 12 imputados, entre los que se encuentran cuatro ex jueces federales, Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren. Otros imputados fueron condenados a penas graves que van de los 3 a los 20 años.

Un dato relevante del caso, conocido como "el juicio de los jueces", es que varios de los condenados estuvieron en funciones hasta no hace mucho tiempo. Los magistrados que integran el tribunal que dictó las condenas, Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade, estudiaron de manera sistemática expedientes de la época durante el desarrollo del proceso.

No es la primera vez que integrantes del Poder Judicial son condenados por su participación en crímenes perpetrados durante la última dictadura militar. El precedente se registró en Santa Fe, donde el ex juez Víctor Brusa recibió una pena de 21 años, condenada confirmada por la Corte Suprema.

El juicio de Mendoza

Comenzó el 17 de febrero de 2014 y además de juzgar a policías, militares y la participación de ex funcionarios judiciales en el terrorismo de Estado contempló, por primera vez en esa provincia, los ataques sexuales que sufrieron las ex detenidas y secuestradas, como un delito independiente de otros delitos como torturas y secuestros.

Se juzgaron los crímenes cometidos por los imputados contra 200 víctimas. El punto común de la acusación a los ex funcionarios judiciales es por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron por centenares a sus juzgados en forma de hábeas corpus y demás recursos. Hubo testigos, además, que vieron a algunos de ellos en los centros clandestinos de detención.

Los jueces implicados

Luis Miret y Rolando Carrizo fueron jueces federales, Otilio Romano ejerció como fiscal federal y Guillermo Petra Recabarren como defensor público oficial. Todos rotaron por las diferentes funciones, porque la ley vigente en la época habilitaba la subrogancia de los cargos entre los mismos magistrados. Así, el fiscal y el defensor en algunos casos podían reemplazar a los jueces.

El ex juez Miret estaba acusado como partícipe primario en siete hechos de homicidio agravado en concurso real con el delito de privación abusiva de la libertad agravada, 17 hechos de privación abusiva de la libertad agravada, seis hechos de tormentos agravados, un allanamiento ilegal y tres robos agravados. Y en calidad de partícipe necesario en el delito de violación agravada en un hecho.

El ex juez Rolando Evaristo Carrizo, en tanto, estaba imputado en carácter de partícipe primario en dos hechos de homicidios agravados en concurso real con privación abusiva de la libertad agravada, en 14 hechos de privación abusiva de la libertad agravada, dos de tormentos agravados y un allanamiento ilegal.

Por su parte, Petra Recabarren estaba señalado como partícipe primario en 17 hechos de homicidios agravados en concurso real con el delito de privación abusiva de la libertad agravada y en cinco hechos de privación abusiva de la libertad agravada.

Por último, el ex fiscal Romano fue acusado como partícipe primario en 33 hechos de homicidios agravados en concurso real con privación abusiva de la libertad agravada, 25 hechos de privación abusiva de la libertad agravada, 36 hechos de tormentos agravados y un allanamiento ilegal. Fue además acusado en calidad de partícipe necesario en el delito de violación agravada en cuatro hechos y en cinco de abuso deshonesto agravado, y como autor del delito de omisión de promover la investigación en un hecho.

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