Exclusivo: denuncian que se borraron escuchas judiciales del triple crimen de General Rodríguez

Dos gendarmes que participaron en la investigación por el triple crimen de General Rodríguez acaban de denunciar ante la jueza federal María Servini de Cubría que se borraron escuchas judiciales en los meses posteriores al hecho, confirmaron a Infobae fuentes con acceso al expediente. Todo habría ocurrido en 2008, mientras se espiaba, de manera legal, a varias personas. Los gendarmes escuchaban y transcribían las conversaciones desde la Oficina de Observaciones Judiciales (conocida vulgarmente como "Ojota"), en la ex SIDE. Ya habían declarado ante la Justicia, pero nunca se animaron a tanto. Sus testimonios podría dar un vuelco en la investigación.

Según pudo reconstruir Infobae, los gendarmes declararon como testigos hace pocos días y ratificaron lo que ya habían dejado trascender años atrás, aunque de manera informal, ante familiares de las víctimas: que se borraron escuchas para entorpecer la investigación. ¿Por qué? Detrás del crimen aparecía el tráfico de efedrina, un negocio millonario que funcionó sin controles entre 2004 y 2008. Sólo en ese periodo, se importaron 47.625 kilos, de los cuales se desviaron al narcotráfico casi 41.000. Son datos comprobados por la Justicia.

Los gendarmes, ahora testigos clave, participaron de la investigación en los meses posteriores al triple crimen. Hacían escuchas "directas", también conocidas como escuchas on line, una metodología aplicada generalmente para secuestros extorsivos. ¿En qué consisten? Son escuchas en directo, pero siempre se guarda un registro en una cinta "madre" y luego se transcribe el contenido.

Ante la Justicia, los testigos coincidieron en su relato: el contenido de algunas conversaciones que ellos mismos escucharon no aparecieron en los cassettes. La denuncia fue tomada por los investigadores como verosímil porque ya se habían topado con una serie de "anomalías" en la lectura de las transcripciones. "Hay ruidos", "no se escucha", son artimañas utilizadas en estos casos. En la causa del triple crimen se repiten con demasiada frecuencia.

Pese a la gravedad de la denuncia, los gendarmes (preservamos sus nombres por cuestiones de seguridad) no habrían identificado a ningún responsable de la ex SIDE ni del Gobierno de entonces. Estamos hablando de fines de 2008, cuando la Secretaría de Inteligencia estaba manejada por Héctor Icazuriaga, Francisco "Paco" Larcher y Jaime Stiuso. Al frente del Gobierno estaba la ex presidenta Cristina Kirchner. Y Aníbal Fernández tenía un rol clave como ministro de Justicia y Seguridad, desde donde manejaba todas las fuerzas de seguridad nacionales.

Los investigadores decidieron avanzar en dos frentes. Por un lado comenzaron a revisar las grabaciones originales (hasta ahora se manejaban con las transcripciones). Hay unas 500 horas para escuchar. Los audios están custodiados en una oficina de la Armada, frente a los tribunales de Comodoro Py. Ahí trabajan hace meses los responsables del Triple Crimen. Son los mismos que deben investigar el tráfico de efedrina. Las causas se cruzan en un personaje clave: Ibar Pérez Corradi, procesado por el tráfico de ese precursor químico, un delito que él mismo admitió, y también investigado por el crimen de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón (por ahora cuenta con una falta de mérito).

Si se borraron escuchas completas o pasajes de las conversaciones, la respuesta no está en las cintas originales sino en los back ups. Infobae pudo confirmar que la jueza Servini ya le pidió ese material a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). "Hay que contrastar los dos materiales para saber realmente si hubo un borrado", explicó una fuente judicial.

La denuncia de los gendarmes, siempre y cuando se confirme, podría dar un vuelco en la investigación. "Pasó mucho tiempo pero igual tengo confianza que esta denuncia ayude para avanzar en la investigación", dijo anoche Diego Ferrón, hermano de unas de las víctimas.

Por el Triple Crimen de General Rodríguez, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mercedes condenó en 2012 a los hermanos Christian y Martín Lanatta, y Víctor y Marcelo Schillacci, luego protagonistas de la fuga del penal de General Alvear.

A fines de 2015, con el cambio de gobierno, la causa residual pasó al juzgado de Servini, que ya investigaba las responsabilidades políticas por el tráfico de efedrina. Meses después, cayó en Paraguay el supuesto autor ideológico, Pérez Corradi. En sus extensas declaraciones judiciales, el empresario llegó a decir que "competía" con agentes de la ex SIDE que intentaban manejar la salida de la efedrina hacia México. Ese mismo organismo manejaba las escuchas judiciales. Hay motivos para sospechar.