A seis meses de dejar la gobernación Daniel Scioli empieza a sentir por primera vez sobre sus espaldas el rigor de la Justicia. En los últimos días, el penalista platense designado por el ex candidato presidencial se interesó más de la cuenta por el expediente en el que se investiga al ex gobernador bonaerense por supuesto lavado de dinero, luego de la denuncia presentada hace unas semanas por Elisa Carrió. Scioli tiene motivos para preocuparse: el fiscal Álvaro Garganta, al frente de la UFI 11 de La Plata, avanza raudo en la causa en la que investiga presuntos desfalcos de la anterior gestión provincial y a supuestos testaferros del ex mandatario.
Según confiaron a Infobae fuentes judiciales, Garganta posó la lupa sobre dos cuentas "extrapresupuestarias" de la ex Jefatura de Gabinete bonaerense de las que durante el 2014 y el 2015 se habrían extraído sumas millonarias destinadas supuestamente al pago de eventos y actos. Los funcionarios judiciales tienen serias dudas sobre la veracidad de los recibos con los que los ex funcionarios intentaban justificar esas salidas de dinero, una maniobra que apunta a Alberto Pérez, ex jefe de Gabinete provincial y uno de los hombres de más confianza de Scioli. La hipótesis judicial es que esos retiros de fondos podrían haber sido habituales en diversas áreas de gobierno. Al igual que el ex candidato, Pérez también contrató abogado platense.
El fiscal dividió el expediente en cuatro. Además de la maniobra vinculada a la Jefatura de Gabinete -la semana próxima habría novedades aportadas por técnicos de la Policía Bonaerense-, la Justicia investiga irregularidades en el Puerto de La Plata, en Lotería provincial y en Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), a cargo de Guillermo Scarcella durante la gestión de Scioli. La denuncia de Carrió apuntó en gran medida al rol de Scarcella, clave en el esquema sciolista, como supuesto testaferro del ex gobernador. Garganta empezó a indagar en los contratos que unían a tres empresas con la compañía estatal y que estarían vinculadas a la conducción del gremio que controla el 10 por ciento de Aguas Bonaerenses. Alguna de esas contratistas está relacionada con un reconocido penalista.
Según fuentes cercanas al expediente, la Justicia también tiene en la mira dos cuentas millonarias presuntamente relacionadas con el ex titular de ABSA, uno de los nexos de Scioli con la Justicia federal, y un entramado de sociedades.
En el caso de Lotería, la fiscalía apunta al sistema de recaudación del organismo en la administración anterior. Durante el allanamiento en la sede de Lotería se incautaron cajas atiborradas con abundante merchandising de la campaña presidencial del año pasado y de la gestión sciolista: pelotas, lapiceras y gorras naranjas atiborradas de a montones.
Es la primera vez que el ex candidato del Frente Para la Victoria (FPV) afronta una investigación judicial que avanza y que lo salpica seriamente. Hacia fines del año pasado, y sin ni un solo peritaje, el juez Pablo Raele cerró en un trámite exprés la causa que se había abierto por enriquecimiento ilícito contra el ex motonauta, que había declarado bienes por apenas 13 millones de pesos. El fiscal Jorge Paolini tampoco apeló la decisión del juez, que sobreseyó al ex gobernador. El caso está ahora en manos del Tribunal Penal de Casación provincial. En ese sentido, Garganta, según fuentes judiciales, también pidió copia de ese expediente para indagar sobre las declaraciones juradas del ex mandatario, que desde hace años trabó una estrecha relación con María del Carmen Falbo, procuradora General bonaerense.
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