
"Esta es la plata de la asociación ilícita K que denunciamos en 2008. ¿Ahora el juez Ercolini hará algo?". Con ese mensaje se despachó ayer Elisa Carrió sobre el magistrado que investiga su denuncia por asociación ilícita que involucra a Cristina Elisabet Kirchner y otros miembros de su gobierno. Lo hizo a propósito de la detención del ex secretario de Obra Pública José López con casi 9 millones de dólares.
La líder de la Coalición Cívica pasó hoy del dicho al hecho y presentó un nuevo escrito ante Ercolini. Se trata de un pedido para se periten los teléfonos de López y se soliciten copias de todas las actuaciones realizadas.
"Sugiero al representante del Ministerio Público que solicite al juez de esta causa que requiera al Juzgado de Garantías N° 2 del departamento judicial de Moreno y al representante del Ministerio Público Fiscal de esa departamental de la Provincia de Buenos Aires que haya intervenido en la detención, que remetía copia certificada de esas actuaciones por la que fue detenido José Francisco López y que, entre las medidas que estimen corresponder, se periten todos los teléfonos que puedan haber usado el nombrado en los últimos meses, medida que estaría realizando la policía de la provincia de Buenos Aires pero que también puede realizarse en el marco de este expediente a efectos de acreditar movimientos, relaciones y más dinero ilícito que pudiera estar en poder del nombrado o de otros miembros de la asociación ilícita denunciada", indicó en el documento.

Carrió sostuvo que "que esta causa no puede desconocer los hechos protagonizados por el Sr. José Francisco López quien se desempeñó como Secretario de Obras Públicas de la Nación entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, (Administraciones a cargo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner), siendo que esa Secretaría dependió del Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio Miguel De Vido a quien señaláramos como uno de los mayores responsables de la cartelización y el sobreprecio en la obra pública durante sus gestiones.
"Los sucesos referidos ocurridos en la madrugada del pasado 14 de junio me eximen de comentario alguno respecto de los ilícitos que los mismos pueden probar en esta causa que la suscripta iniciara hace ya casi ocho años, más aún cuando nos encontramos frente a delitos de acción pública que es deber de la administración de justicia investigar. A razón de los hechos salidos a la luz pública, de querer investigar la justicia federal, pueden probarse muchos otros en tanto pueden producirse infinidad de medidas a partir de los mismos".
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