César Vallejo, propiedad de César Acuña, enfrenta una situación financiera compleja tras haber sido reportado ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) por deudas coactivas superiores a los 100.000 soles. Esta información, confirmada por registros oficiales actualizados al 19 de diciembre de 2025, añade presión al entorno del candidato presidencial de Alianza para el Progreso cuando faltan pocos meses para las elecciones de 2026.
Detalles de la deuda y su impacto ético
La documentación oficial detalla que la institución deportiva acumula obligaciones impagas correspondientes a octubre de 2025, las cuales han motivado su inclusión en las centrales de riesgo. El monto total adeudado se divide en 89.095 soles dirigidos al Tesoro Público y 17.065 soles a EsSalud. El hecho de que una de las doce empresas ligadas a Acuña registre deudas con la seguridad social de sus trabajadores ha despertado cuestionamientos éticos sobre la coherencia de su discurso político, en el que promete bienestar social y eficiencia administrativa.
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La situación adquiere especial relevancia al considerar que el propio Acuña es el representante legal del club. Este contexto contrasta con las promesas de campaña del candidato, quien sostiene que su experiencia como empresario es garantía de gestión eficiente y compromiso con la legalidad. Sin embargo, la existencia de obligaciones tributarias y de seguridad social impagas desafía la credibilidad de dicha narrativa.
Antecedentes judiciales y controversias previas
El caso de las deudas del club César Vallejo se suma a una trayectoria marcada por controversias legales para Acuña. El candidato ha sido objeto de múltiples investigaciones fiscales, entre ellas el sonado caso “Plata como cancha”, documentado en el libro del periodista Christopher Acosta, en el que se denunció el presunto uso de recursos públicos con fines electorales. Aunque Acuña ha superado varias etapas procesales, persiste el estigma de la instrumentalización del Estado para fines personales.
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Actualmente, Acuña ejerce como gobernador regional de La Libertad y enfrenta investigaciones por presunta colusión agravada. En 2025, la Fiscalía inició indagaciones sobre contratos de publicidad por más de dos millones de soles y sobre licitaciones a consorcios sin experiencia que superan los 300 millones de soles. El entorno familiar de Acuña también ha sido alcanzado por la justicia: recientemente, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para su hermano, Óscar Acuña, por presunta organización criminal en el caso “Frigoinca”. Esta situación estrecha el cerco judicial sobre su círculo más cercano.
Consecuencias políticas y percepción pública
La aparición de deudas coactivas y el historial de investigaciones judiciales representan un obstáculo significativo en la carrera presidencial de Acuña. En el actual escenario político, la percepción de mala gestión de sus empresas y de la región bajo su administración debilita su principal argumento de campaña: la imagen de un gestor exitoso y transparente.
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De cara a las elecciones de 2026, donde Acuña y José Luna Gálvez concentran más del 99% de la inversión en publicidad digital, según reportes de monitoreo electoral, el costo político de estos escándalos podría ser considerable. El electorado, informado sobre las investigaciones por corrupción y la falta de cumplimiento de obligaciones básicas como el pago a EsSalud, podría penalizar al candidato, especialmente al comparar los elevados gastos en propaganda con el incumplimiento de deberes laborales y fiscales.
La inclusión del club César Vallejo en las centrales de riesgo por deudas coactivas refuerza la percepción de incoherencia entre el discurso y la práctica del candidato. Esta situación se convierte en un desafío directo a la credibilidad de Acuña como político y empresario. Mientras promete eficiencia y responsabilidad en la gestión pública, los hechos recientes demuestran dificultades para mantener al día sus propias obligaciones.
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