Comisión aprueba proyecto que otorga amnistía e incentivos a quienes entreguen sus armas o municiones ilegales

Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados respaldó una iniciativa que exime de responsabilidad penal y ofrece recompensas a quienes se desprendan del armamento ilegal o irregular que posean

Armas ilegales o irregulares son usadas en delitos, afirma la comisión.
Armas ilegales o irregulares son usadas en delitos, afirma la comisión.
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La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que exime de responsabilidad penal y ofrece recompensas económicas a quienes se entreguen voluntariamente armas de fuego ilegales o irregulares, municiones, granadas y explosivos. Esto, dicen, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana.

De acuerdo con el texto aprobado, se prevé cuatro beneficios para la persona que decida desprenderse de un arma ilegal o irregular, o de municiones, de forma voluntaria. El primero es la reserva de identidad: quien se acerca a un centro de recepción no estaría obligado a acreditar la propiedad del bien ni a dar su nombre como condición para que este sea recibido. El documento precisar que la reserva recae sobre la identidad del entregante, no sobre el objeto.

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El segundo beneficio es la exención de responsabilidad penal por la posesión o tenencia ilegal o irregular del bien entregado. Una amnistía. El dictamen precisa que este perdón se limita a esa conducta puntual y no se extiende a otros delitos en los que el arma hubiera sido utilizada. Según el texto, esta delimitación busca evitar que el mecanismo se interprete como una forma de inmunidad frente a investigaciones penales por hechos delictivos distintos a la simple tenencia.

Documento legislativo del Congreso del Perú con el membrete oficial y el texto de un dictamen sobre entrega voluntaria de armas
Un dictamen de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso del Perú propone regular la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales.

A esto se suma la exención de obligaciones administrativas, que extinguiría las multas y deudas pendientes ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) vinculadas directamente con el bien entregado. El cuarto beneficio serían los incentivos económicos o en especie. El reglamento, de aprobarse, deberá establecer los criterios técnicos para determinar el monto final en cada caso.

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De acuerdo con el texto, la entrega podría realizarse de dos formas: mediante entrega directa en los centros o puntos de recepción habilitados por la Sucamec y la Policía Nacional del Perú, o a través de un recojo especializado, a cargo de una unidad policial específica, cuando se trate de explosivos o granadas cuya manipulación implicaría un riesgo para la seguridad pública. Los bienes recibidos por el Estado no se devolverían ya que estos serían inutilizados o destruidos según corresponda.

Sobre el plazo de aplicación, el dictamen fija un año de vigencia. La comisión consideró que ese plazo permite organizar y ejecutar las acciones de difusión, recepción y tratamiento de los bienes, así como evaluar los resultados obtenidos, sin extender de manera excesiva la vigencia de los incentivos económicos ni mantener indefinidamente un régimen de carácter excepcional.

Pleno del Senado.
Texto deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados y luego por el Senado para que surta efectos.

Reducir circulación de armas irregulares

El propósito central de la norma, según el dictamen, es reducir la circulación de armas ilegales o irregulares y de otros materiales peligrosos fuera del control estatal, y garantizar su retiro definitivo mediante procedimientos de inutilización o destrucción, a fin de prevenir su uso en actividades delictivas. La comisión sostuvo que el destino final de los bienes entregados debe ejecutarse sin dilaciones innecesarias, una vez cumplidas las actuaciones de identificación y verificación correspondientes, dado que en la entrega voluntaria el bien se transfiere de manera definitiva al Estado, a diferencia de otros procedimientos administrativos en los que el propietario conserva la posibilidad de solicitar su devolución.

Las campañas de recepción deberán priorizar los ámbitos territoriales con mayor incidencia de criminalidad, según establece el dictamen, que encarga al Ministerio del Interior, a través de la Sucamec y con participación de la Policía Nacional, la realización de operativos periódicos y descentralizados.

La norma deroga ley que nunca se implementó

El texto sustitutorio aprobado por la comisión deroga la Ley 31324, la norma vigente que regulaba hasta ahora la entrega voluntaria de armas ilegales o irregulares y municiones. Como antecedente, la comisión recordó que esa ley, publicada en agosto de 2021, nunca llegó a implementarse porque su reglamento no fue publicado dentro del plazo previsto.

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