Defensores ambientales de 11 regiones exigen al Estado validar sus alertas sobre la contaminación del agua

En diversas regiones del Perú, pobladores organizados vigilan y monitorean sus ríos y fuentes de agua para alertar sobre posibles casos de contaminación minera. Sin embargo, la información que recogen no siempre es tomada en cuenta por las autoridades del Estado. Ante esta situación, representantes de 11 regiones propusieron ante la senadora Ruth Luque y el asesor de la diputada por Cusco, Analí Márquez, medidas que reconozcan su labor, los protejan frente a la criminalización y la vulneración de sus derechos, y garanticen la protección de las cabeceras de cuenca.

Las propuestas fueron presentadas durante el cierre del VI Encuentro Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios, realizado del 7 al 9 de noviembre en Lima. Este espacio buscó fortalecer la articulación de los vigilantes a nivel nacional y abrir el debate sobre el papel de las comunidades en la protección de los recursos hídricos. El encuentro fue impulsado por la Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios que, según su presidente, Mauro Lalangui León, vigilante y monitor ambiental de Cajamarca, trabaja con 18 comités de vigilancia y monitoreo en distintas cuencas del país.

La labor de la Coordinadora también comprende actividades con organizaciones sociales, comités de vigilantes e instituciones educativas para promover el cuidado del ambiente. Su presidente subrayó que el tejido comunitario construido a lo largo de los años es la principal herramienta con la que cuentan para hacer frente a los riesgos ambientales que afectan a sus territorios.

Una de las principales propuestas que los participantes presentaron ante las autoridades fue que los resultados de sus monitoreos tuvieran valor probatorio en posibles casos de contaminación. Jhon Aychasi, vigilante ambiental de Puno, cuestionó las discrepancias entre los informes oficiales y lo que observan las comunidades. “Muchas veces, las autoridades dicen que los ríos no están contaminados, pero no es así, la realidad que vemos y vivimos es diferente”, sostuvo.

Los vigilantes ambientales denuncian amenazas y procesos de criminalización

Además de las dificultades para que sus reportes sean reconocidos, los representantes denunciaron amenazas y hostigamiento vinculados a la defensa de sus territorios. La situación afecta directamente a los monitores, pero también a sus familias, que quedan expuestas a presiones de distinto tipo.

Amalia Cruzado, vigilante ambiental de Cajamarca, solicitó medidas legales para proteger a los monitores y a sus entornos frente a estas amenazas y los procesos de criminalización. También pidió avanzar en la delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca con el objetivo de que no se permita actividad minera en zonas frágiles, y rechazó una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

El cambio climático y la minería agravan la crisis hídrica en las comunidades

A estas preocupaciones se suman los efectos del cambio climático y los impactos del Fenómeno de El Niño. Maritza Ccoscco Anguiosa, representante de Apurímac, advirtió sobre los incendios y la escasez de agua en el sur, las heladas en el centro y las inundaciones que afectan la agricultura en el norte del país.

Según explicó, estos fenómenos, combinados con los impactos de las actividades extractivas, perjudican las economías familiares, comprometen la seguridad alimentaria de las comunidades y las ciudades, y agravan las dificultades que enfrentan las mujeres en las labores de alimentación y cuidado. La convergencia de ambas presiones —climática y minera— configura un escenario de vulnerabilidad creciente para las poblaciones que dependen del agua de las cuencas.

Ruth Luque propuso reconocer los monitoreos como mecanismos de alerta temprana

Durante el conversatorio de cierre, la senadora Ruth Luque destacó la importancia de la vigilancia comunitaria para advertir posibles daños ambientales y cuestionó que el Estado no siempre tome en cuenta la información generada por las comunidades. La legisladora vinculó esta omisión con la falta de marcos legales que otorguen respaldo institucional a los reportes ciudadanos.

En ese sentido, propuso reconocer los monitoreos como mecanismos de alerta temprana y a quienes realizan esta labor como defensores ambientales, para que puedan acceder al Mecanismo Intersectorial de Protección. Asimismo, planteó otorgar valor técnico y probatorio a sus reportes, promover un fondo para financiar estas actividades e impulsar un observatorio de monitoreo ambiental comunitario.

El encuentro cerró con el compromiso de impulsar una propuesta legislativa

La senadora también señaló la necesidad de contar con una justicia especializada para atender las denuncias por daños ambientales y expresó su disposición a contribuir con las propuestas de las organizaciones. Su intervención fue valorada por los participantes como un paso concreto hacia el reconocimiento formal de la vigilancia comunitaria.

El encuentro concluyó con un pedido de mayor reconocimiento y protección para quienes vigilan las fuentes de agua en sus territorios. Se acordó elaborar una propuesta legislativa que reconozca la labor de los vigilantes y proteja las cabeceras de cuenca, con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil que participaron como parte del proceso.