Keiko Fujimori cumple 100 días de Gobierno: ¿cómo avanza la relación del Ejecutivo con las regiones?

Los primeros 100 días del Gobierno de Keiko Fujimori han puesto a prueba la capacidad del Poder Ejecutivo para responder a las demandas de las autoridades regionales y las poblaciones del interior del país. Los reclamos por mayores recursos para obras públicas, servicios básicos y proyectos de infraestructura siguen formando parte de la agenda descentralizada, mientras que las diferencias sobre las prioridades presupuestales y los mecanismos para atender estas necesidades marcan el vínculo entre Lima y las regiones.

En el sur del país, donde persisten demandas históricas y cuestionamientos al Gobierno Central, el caso de Moquegua se ha convertido en uno de los principales puntos de atención. La controversia por el costo de la electricidad y el anuncio de una evaluación para establecer un posible subsidio cruzado representan una primera respuesta a los reclamos locales. Sin embargo, para la economista María Amparo Cruz Saco, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico, en entrevista con Infobae Perú, menciona que todavía existen importantes vacíos en materia de protección social, infraestructura y prevención frente a emergencias climáticas.

Un diálogo regional marcado por las demandas presupuestales

Durante el inicio de la administración de Fuerza Popular, la relación con los gobiernos subnacionales ha estado atravesada por diferencias respecto a la manera de distribuir y ejecutar los recursos públicos. Mientras varias autoridades regionales buscan transferencias más rápidas para atender necesidades inmediatas en sus jurisdicciones, el Ejecutivo ha orientado sus esfuerzos hacia el orden macrofiscal, el impulso de grandes proyectos de inversión y el destrabe de iniciativas mediante mecanismos de asociación público-privada (APP).

Esta estrategia ha generado dificultades para acercar las prioridades del Gobierno Central a las expectativas de las autoridades locales. Los gobernadores no solo reclaman mayor disponibilidad presupuestal, sino también capacidad para utilizar los recursos del canon y las regalías mineras en intervenciones que consideran urgentes, como el mantenimiento de colegios, establecimientos de salud y contratación de personal especializado.

Otro punto de fricción es la manera en que se procesan las exigencias regionales. El Ejecutivo ha optado por trasladar buena parte de estas controversias a espacios de evaluación técnica en ministerios como Economía y Finanzas (MEF), Energía y Minas (Minem) y Transportes y Comunicaciones (MTC). Sin embargo, este procedimiento no necesariamente coincide con la urgencia que plantean las organizaciones sociales, que esperan compromisos concretos y resultados en plazos más cortos.

Infraestructura, servicios básicos y energía: los principales reclamos

Entre las necesidades que concentran la atención de las autoridades regionales se encuentra el desarrollo de infraestructura hídrica. En departamentos como Moquegua, Arequipa e Ica, la construcción de represas, reservorios y canales de irrigación resulta fundamental para garantizar el abastecimiento de agua y sostener las actividades agrícolas. La preocupación aumenta ante los riesgos asociados a la variabilidad climática y la posibilidad de episodios de lluvias intensas o sequías.

La agenda energética también ocupa un lugar importante, especialmente en el sur. Las regiones demandan avances en la masificación del gas natural y en la reactivación de proyectos de transporte y distribución que permitan ampliar el acceso domiciliario a este recurso. A ello se suma el cuestionamiento por las diferencias en los recibos de electricidad entre Lima y otras zonas del país, una situación que alimenta la percepción de un trato desigual en el acceso a los servicios públicos.

En paralelo, los gobiernos regionales buscan modificar las condiciones para utilizar los recursos provenientes de la actividad minera. El objetivo es disponer de mayor flexibilidad para destinar los saldos del canon a necesidades que no siempre pueden cubrirse mediante los mecanismos presupuestales habituales. Estas exigencias reflejan que el debate sobre la descentralización no se limita a cuánto dinero recibe cada departamento, sino también a la capacidad efectiva de convertir esos recursos en mejores condiciones de vida.

Moquegua y el reclamo por las tarifas eléctricas

La situación de Moquegua concentra varias de estas controversias. Pese a su importancia en la producción minera y a contar con infraestructura vinculada a la generación y transmisión de energía, los usuarios residenciales y pequeños negocios de la región han enfrentado históricamente costos eléctricos superiores a los registrados en Lima.

Las autoridades y organizaciones sociales cuestionan las condiciones del sistema de distribución administrado por Electrosur. Uno de los factores detrás de esta diferencia está relacionado con la dispersión de los usuarios y los costos que contempla el Valor Agregado de Distribución (VAD), fórmula que influye en el cálculo de las tarifas finales. Para los representantes locales, resulta contradictorio que una región que contribuye a la producción energética y minera del país deba afrontar recibos elevados por un servicio básico.

Durante una visita de trabajo a Moquegua, hacia el cierre de sus primeros 100 días de gestión, Keiko Fujimori abordó el problema y encargó al Minem coordinar con los organismos reguladores, entre ellos Osinergmin, una evaluación para establecer un posible subsidio cruzado. La alternativa buscaría reducir el costo de la electricidad para los hogares mediante mecanismos de compensación financiados con recargos en otros segmentos o ajustes a los esquemas existentes de apoyo energético, como el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE).

La propuesta todavía requiere una evaluación técnica y normativa para determinar su viabilidad y las condiciones de financiamiento. Por ello, el anuncio presidencial no supone una reducción inmediata de los recibos, sino el inicio de un proceso para estudiar alternativas. Durante su visita, la mandataria también anunció la priorización de obras de represamiento de agua para la actividad agraria, además de proyectos relacionados con el equipamiento escolar y la conectividad.

Cruz Saco cuestiona la falta de medidas de protección social

Más allá de los compromisos específicos anunciados en Moquegua, María Amparo Cruz Saco considera que el balance de los primeros meses de Gobierno debe examinarse a partir de las necesidades que todavía enfrentan las poblaciones históricamente marginadas.

“Desde mi perspectiva y con información de los medios, no se han realizado declaraciones en apoyo a iniciativas dirigidas a elevar la protección social y la inversión en infraestructura para asegurar el acceso a agua potable, servicios de alcantarillado, electrificación, conexión de internet y una mejora sustancial en las vías de comunicación y transporte en regiones históricamente marginadas, en particular, la sierra sur, regiones de la sierra norteña, Amazonía e incluso zonas urbano marginales”, señaló.

La investigadora también cuestionó la ausencia de anuncios sobre intervenciones de mayor alcance para atender problemas sociales que afectan a distintos sectores de la población. Como ejemplo, mencionó la anemia infantil, que alcanza al 40% de niños y niñas, y planteó interrogantes sobre las medidas que se están impulsando para enfrentar esta situación.

Otro de los aspectos que puso sobre la mesa es la cobertura de Pensión 65. Para Cruz Saco, el programa debería considerar no solamente a quienes se encuentran en situación de pobreza extrema, sino también a personas pobres que tienen dificultades para acercarse a solicitar el beneficio. En ese sentido, advirtió que todavía no se observa un plan de acción urgente que permita responder de manera integral a las necesidades de las comunidades con mayores carencias.

Prevención ante El Niño: las medidas todavía generan dudas

La articulación entre el Ejecutivo y las autoridades regionales también enfrenta una prueba importante en materia de prevención climática. Aunque se han conformado comisiones multisectoriales con participación del sector público y privado para preparar la respuesta ante el fenómeno El Niño, Cruz Saco considera que las acciones anunciadas no necesariamente garantizan que las poblaciones más expuestas estén debidamente protegidas.

La economista mencionó la situación de algunas quebradas de la sierra de Lima, donde habitantes, entre ellos una adulta mayor, permanecen expuestos a posibles huaicos. Según indicó, la información difundida sobre estos lugares evidencia que no todas las zonas vulnerables habrían recibido atención ni se habrían incorporado suficientemente las experiencias de emergencias anteriores.

También advirtió que, aunque existen intervenciones para construir o reforzar muros de contención, en algunos casos se ha señalado que estas estructuras no alcanzarían la altura necesaria ante un huaico de grandes dimensiones. Esto plantea dudas sobre la suficiencia de las obras y la evaluación de los riesgos en cada localidad.

En el norte, la especialista reconoció que se han desplegado equipos para limpiar los cauces de los ríos y reducir el peligro de desbordes ante un incremento de las lluvias. No obstante, señaló que todavía no está claro si se están adoptando medidas complementarias para proteger las viviendas y garantizar el funcionamiento de los sistemas de agua y desagüe.

Cruz Saco también mencionó el incremento de la demanda de techos de Eternit procedentes de Lima hacia otras regiones. Aunque consideró que esta situación podría representar una respuesta positiva frente a la necesidad de reforzar las viviendas, cuestionó que no exista suficiente claridad sobre el alcance de la intervención. “Sin embargo, no queda claro si se trata de compras estatales, si estos techos se están distribuyendo de manera subsidiada o si se están tomando medidas para reforzar las viviendas más precarias”, sostuvo.

Los desafíos para fortalecer la relación con las regiones

Los primeros 100 días dejan una agenda regional en la que conviven reclamos por presupuesto, infraestructura y servicios públicos con cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. En Moquegua, la evaluación de un mecanismo de compensación eléctrica abrió la posibilidad de atender una demanda concreta, aunque su aplicación dependerá de los resultados del análisis técnico y de las decisiones que adopte el Gobierno.

El anuncio también es observado por otras regiones del sur, como Tacna, Arequipa y Puno, donde persisten cuestionamientos sobre las tarifas de los servicios básicos y las obras pendientes. La resolución del caso moqueguano podría convertirse en una referencia para nuevos pedidos de compensación, lo que obliga al Ejecutivo a evaluar tanto la viabilidad de la propuesta como sus posibles efectos en otros departamentos.

En adelante, uno de los principales retos de la administración de Fujimori será transformar los espacios de coordinación y los anuncios ministeriales en resultados concretos para las poblaciones del interior. La atención de las brechas de infraestructura, la protección social y la prevención climática será determinante para medir si el diálogo descentralizado consigue responder a las demandas regionales o si las diferencias con el Gobierno Central continúan acumulándose.