El Ministerio de Energía y Minas (Minem) eliminó la constatación presencial previa para emitir autorizaciones de inicio o reinicio de operaciones de los mineros en proceso de formalización.
El Decreto Supremo Nº 025-2026-EM, publicado el 2 de noviembre, dispone que la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) realizará una verificación “en gabinete” antes de otorgar permisos de explotación, beneficio de minerales o títulos de concesión de beneficio.
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La medida modifica el artículo 32 del Decreto Supremo Nº 018-2017-EM y llega a menos de dos meses del vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), previsto para el 31 de diciembre de 2026.
En adelante, una autorización podrá ser declarada nula si fue emitida sin respetar esa evaluación previa. MINEM sostiene que el cambio permitirá reducir plazos de evaluación y costos asociados, sin afectar la rigurosidad técnica.
Sin embargo, el nuevo procedimiento traslada una etapa que podía requerir constatación en la zona de operación hacia un análisis administrativo desde las oficinas del sector.
El decreto concreta una propuesta que dejó Jorge Montero
Esta flexibilización había sido planteada durante la gestión del exministro Jorge Montero. La Resolución Ministerial Nº 311-2025-MINEM/DM autorizó la prepublicación de un proyecto que proponía reemplazar las visitas de campo por verificaciones remotas mediante imágenes satelitales, análisis cartográfico y sistemas de información geográfica.
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Infobae informó entonces que el MINEM buscaba agilizar la formalización de más de 31 mil inscritos en el Reinfo. El cambio ahora quedó oficializado mediante el Decreto Supremo Nº 025-2026-EM. La revisión de gabinete formaba parte de tres medidas de flexibilización impulsadas en la etapa final de Montero.
La primera fue la Resolución Ministerial Nº 309-2025-MINEM/DM, que planteó evaluaciones conjuntas del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom). Grupos de mineros con condiciones técnicas similares podían presentar un expediente ambiental común.
La segunda fue la Resolución Ministerial Nº 328-2025-MINEM/DM, publicada en octubre de 2025. Esta habilitó polvorines colectivos, contratos asociativos y almacenamiento temporal compartido de explosivos para pequeños mineros y mineros artesanales. También redujo documentos requeridos para solicitar autorizaciones.
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Las medidas buscaban destrabar expedientes, aunque abrieron cuestionamientos sobre los controles ambientales, la verificación de las operaciones y la supervisión del uso de explosivos.
El Ejecutivo busca reemplazar el Reinfo con la Ley MAPE
El actual ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ha descartado una nueva extensión del Reinfo y pidió al Congreso acelerar el debate de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, denominada Ley MAPE.
El proyecto propone un régimen ordinario para nuevos operadores y un régimen de consolidación, temporal y de acceso cerrado, para inscritos en el Reinfo con requisitos pendientes. Este último funcionaría desde el 1 de enero de 2027 hasta el 30 de junio de 2028.
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Shinno calcula que alrededor de 30 mil mineros aún deben completar su formalización, cifra coincidente con la de Montero. El proyecto también crea el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, Formape, que concentraría tareas de autorización, evaluación ambiental, trazabilidad y fiscalización.
CooperAcción cuestiona que no se modifiquen reglas de concesiones
Desde el otro frente, la organización CooperAcción advierte que la Ley MAPE no resolverá los problemas de formalización si no incorpora cambios a la Ley General de Minería.
El grupo especializado sostiene que muchos mineros dependen de contratos con los titulares de concesiones, quienes no tienen obligación de permitirles trabajar en sus áreas.
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CooperAcción advierte que existen 22 millones de hectáreas concesionadas en Perú, equivalentes al 17% del territorio nacional. Por ello, plantea revisar las reglas de acceso a esas áreas, pues simplificar los trámites no garantiza que los mineros tengan una concesión legal donde operar.
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