Más de 110 toneladas al año: la minería ilegal en Perú supera las exportaciones formales de oro, alerta el IIMP

La producción clandestina de oro en Perú alcanzaría 110 toneladas al año, un volumen que, según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), supera las exportaciones de la actividad formal y refuerza el avance de las economías ilícitas en distintas regiones del país.

El dato fue expuesto este 29 de octubre durante una mesa técnica en el Congreso de la República dedicada a la trazabilidad del mineral, el control de explosivos y el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Gustavo De Vinatea Bellatin, sostuvo que la minería ilegal dejó de ser un problema limitado a determinadas zonas de extracción. “La minería ilegal es una amenaza para el Estado”, afirmó ante representantes de entidades públicas, gremios empresariales y especialistas que participaron en la sesión.

De Vinatea señaló que el crecimiento de esta actividad compromete las posibilidades de expansión de la minería formal, además de alimentar redes vinculadas con delitos ambientales, lavado de activos, trata de personas y violencia. El planteamiento del IIMP apunta a que la respuesta estatal combine fiscalización, mecanismos de trazabilidad y un proceso de formalización con plazos definidos.

La actividad ilegal deja contaminación y mayor violencia en las zonas mineras

Durante su intervención, el representante del IIMP alertó sobre los efectos de la minería ilegal en las fuentes de agua y en la salud de las poblaciones expuestas al mercurio. También mencionó denuncias por vulneraciones de derechos humanos en territorios donde operan organizaciones dedicadas a la extracción y comercialización ilícita de oro.

Según los datos presentados en la mesa técnica, los distritos con mayor presencia de esta actividad pueden registrar tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes hasta 45 veces superior al promedio nacional. El instituto remarcó que este fenómeno requiere medidas que trasciendan los operativos puntuales contra campamentos o maquinaria.

La discusión incluyó un contraste con los aportes de la minería formal a la economía peruana. De acuerdo con De Vinatea, el sector representa cerca del 10% del producto bruto interno, concentra más del 66% de las exportaciones y genera alrededor de 290.000 empleos directos formales. A esa cifra se suman más de un millón y medio de puestos indirectos relacionados con la cadena productiva.

El gerente general del IIMP planteó que el potencial geológico del país debe desarrollarse bajo reglas que aseguren el cumplimiento ambiental, laboral y tributario. Para ello, consideró necesario separar a quienes buscan incorporarse a la legalidad de las estructuras que usan los mecanismos de formalización para mantener operaciones fuera del control estatal.

El vencimiento del Reinfo abre el debate sobre la formalización minera

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el próximo vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera, previsto para fines de 2026. De Vinatea propuso que el Estado avance hacia la aplicación de la Ley General de Minería y de las normas destinadas a la pequeña minería y la minería artesanal, sin extender de manera indefinida registros temporales para actividades que no completan su proceso de adecuación.

El IIMP también propuso fortalecer la formalización a través de las plantas de procesamiento de minerales. La medida permitiría verificar el origen del oro que ingresa a la cadena comercial y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los operadores involucrados.

La mesa técnica fue organizada por el Grupo de Trabajo sobre Economías Ilícitas de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. El espacio es coordinado por el congresista Jaime Abensur Pinasco, de Fuerza Popular.

En la sesión participaron Wilfredo Albarracín, funcionario de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), y Daniel Castillo, analista legal de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas. Ambos abordaron los controles aplicables a las exportaciones y los procedimientos vigentes para depurar el Reinfo.

Representantes de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), del Comité de Fabricantes de Explosivos y de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) también presentaron propuestas para reforzar el seguimiento de explosivos y la trazabilidad del oro.