Migraciones lleva a Fiscalía presunta red que alteró controles migratorios entre 2022 y 2025

La Superintendencia Nacional de Migraciones llevó ante el Ministerio Público una denuncia por presuntas irregularidades en el control migratorio registradas entre 2022 y 2025.

El caso derivó en diligencias judiciales, allanamientos y detenciones preliminares contra funcionarios, exservidores y un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), bajo sospecha de integrar una red dedicada a facilitar salidas irregulares del país.

La entidad indicó que puso la información a disposición de la Fiscalía para que determine las eventuales responsabilidades penales. La investigación alcanza a 13 personas: siete servidores de Migraciones, cinco exservidores y un efectivo policial. Tras las acciones ordenadas por el Poder Judicial, el Ministerio Público informó la detención preliminar de 12 investigados.

La Fiscalía investiga presuntos pagos y registros alterados

Las diligencias incluyeron intervenciones en Lima, Callao, Tumbes, Puno y Lambayeque. El operativo contó con la participación del Ministerio Público y del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado Internacional de la Policía Nacional. Las autoridades realizaron allanamientos, descerrajes y registros domiciliarios para reunir información vinculada con los hechos investigados.

La pesquisa comprende los presuntos delitos de tráfico ilícito de migrantes agravado, atentado contra la integridad de datos informáticos, falsedad genérica y banda criminal. De acuerdo con la información fiscal, las operaciones bajo investigación habrían ocurrido, en parte, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde los involucrados presuntamente recibían pagos de entre USD 200 y USD 300 por cada persona.

Uno de los puntos centrales del caso es la presunta salida irregular de menores de edad sin las autorizaciones exigidas. La Fiscalía busca establecer cómo se habrían realizado esos procedimientos y cuál habría sido la participación de cada investigado. También intenta determinar si existió coordinación entre funcionarios, exfuncionarios y agentes policiales para evitar los filtros establecidos en los puestos de control.

La investigación abarca además una posible inserción de datos falsos en el Registro de Información Migratoria. Según la Fiscalía, algunos movimientos de ciudadanos extranjeros habrían sido incorporados al sistema sin que esas personas estuvieran presentes físicamente en los puntos de control. Los equipos incautaron laptops, teléfonos celulares y documentos presuntamente falsificados, que serán sometidos a análisis.

Operativos en cinco regiones

Las diligencias fueron dirigidas por el Segundo Despacho de la Décimo Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa, a cargo del fiscal provincial Israel Luna Ramírez, con apoyo de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada. El objetivo es obtener elementos de convicción que permitan precisar las circunstancias de las operaciones y las responsabilidades individuales.

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, afirmó que la institución entregará la información requerida por las autoridades.

“En Migraciones no vamos a tolerar actos de corrupción ni conductas que vulneren la legalidad. Cuando detectamos presuntas irregularidades, tenemos la obligación de denunciarlas y colaborar con las autoridades”, remarcó.

El funcionario añadió que la posición de la entidad frente al caso se mantendrá durante las investigaciones. “Nuestra posición es firme: los hechos deben esclarecerse y, si se determinan responsabilidades, los responsables deben responder ante la justicia. No vamos a encubrir a nadie”, señaló.

Migraciones informó que mantendrá reserva sobre los datos cuya divulgación pueda afectar las diligencias fiscales o judiciales. A la vez, indicó que atenderá los requerimientos del Ministerio Público y de la PNP dentro de sus competencias, mientras aplica las medidas administrativas que correspondan.