Mano derecha de Rafael Belaúnde, investigada como presunta líder de una organización criminal por contratos fantasma

Maritza Manturano, jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Defensa y una de las funcionarias más cercanas al titular de esa cartera, Rafael Belaúnde, afronta una investigación por presunta colusión agravada y organización criminal vinculada a contrataciones irregulares en la empresa municipal inmobiliaria de Lima (Emilima).

De acuerdo con un informe difundido este domingo por Cuarto Poder, la Fiscalía la señala como presunta cabeza de una trama que habría utilizado a 22 locadores fantasma para desviar fondos públicos durante su gestión como gerente general de esa entidad, cargo que ocupó desde 2019.

La investigación comprende más de 200 órdenes de servicio y se apoya, entre otros elementos, en chats, audios y testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces, siempre según el reportaje.

La tesis fiscal sostiene que los servicios contratados no se habrían realizado y que el dinero pagado a los supuestos trabajadores habría llegado finalmente a Manturano, a través de intermediarios. El Ministerio Público también le atribuye haber aprobado los pagos y haber coordinado con otros investigados las respuestas que debían brindar para presuntamente blindarse.

Según el dominical, la investigada está afiliada a Libertad Popular, el partido liderado por el ministro de Defensa, participó en actividades de su campaña electoral y fue apoderada de cuatro empresas vinculadas al funcionario.

El programa citó un audio entregado por un aspirante a colaborador eficaz, en el que una presunta locadora fantasma y otra persona hablan sobre qué declarar ante la Fiscalía para no vincular a la funcionaria y admiten que hubo “contratos fantasma”.

Descargos

No obstante, en una carta dirigida a Cuarto Poder el último viernes, Manturano afirmó que, tras seis meses de investigación preliminar, el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria, la incluyó como cómplice y calificó los hechos como organización criminal.

“Lo cierto es que, tras 6 meses de investigación preliminar, no se revelaron indicios razonables de la comisión del delito imputado y, pese a ello, la fiscalía formalizó la investigación preparatoria”, señaló.

De igual modo, cuestionó la calificación penal del caso y sostuvo que la decisión fiscal permitiría prolongar las diligencias durante nueve años. “De manera artificiosa, la calidad de organización criminal, sin más propósito que dar viabilidad de mantener la investigación vigente por 108 meses”, escribió.

La funcionaria rechazó que su responsabilidad pueda desprenderse únicamente del cargo que ocupó en la empresa municipal y alegó que la imputación se basa “en el mero hecho de haber ocupado el cargo de gerente general de una empresa municipal”.

Además, denunció una presunta motivación política detrás de la difusión de información sobre el proceso y cuestionó la divulgación de datos de una investigación que, según recordó, se encuentra en etapa preparatoria. “Quienes han violado la reserva del proceso también persiguen una finalidad política”, sostuvo.

Ni Belaúnde ni el portafolio que dirige se pronunciaron sobre el reportaje tras su emisión. Más temprano, el ministro supervisó las instalaciones del Comando de Asentamiento Rural del Ejército, la Cuarta Zona Naval de la Marina de Guerra y el Ala Aérea N.° 4 de la Fuerza Aérea.