Una guerra de generales y una presunta filtración sacuden a la cúpula de la PNP en plena crisis de inseguridad

La cúpula de la Policía Nacional (PNP) atraviesa una atípica crisis por la presunta filtración de información personal, denuncias internas y disputas por los principales cargos, un conflicto que se agravó tras la salida del excomandante general Óscar Arriola, según un informe difundido este domingo por el diario La República.

La disputa enfrenta principalmente a los tenientes generales Augusto Ríos Tiravanti, entonces inspector general de la institución, y Fredy López, quien sucedió a Arriola después de que este dejara el cargo en medio de las críticas a su gestión por la ola de criminalidad y tras una extensa reunión con la presidenta Keiko Fujimori.

Según el diario, que cita fuentes oficiales, Arriola habría decidido entregar el mando a López después de conocer que Ríos presuntamente proporcionaba información en su contra a medios de comunicación y aspiraba a convertirse en el máximo jefe policial.

El enfrentamiento escaló el 7 de septiembre, cuando redes sociales y algunos medios publicaron documentos personales sobre la salud de López que cuestionaban su aptitud para asumir la Comandancia General de la PNP.

Fuentes de la Dirección de Recursos Humanos citadas por el diario señalaron que el oficial tenía una clasificación de aptitud psicosomática 2, asignada tras un tratamiento médico, que le impedía comandar unidades operativas.

La Policía rechazó, sin embargo, que el entonces nuevo comandante general estuviera incapacitado para asumir el cargo: reconoció que recibió esa clasificación durante una etapa de su carrera, pero sostuvo que en los últimos años no presentó dolencias ni síntomas vinculados con ese diagnóstico.

El 14 de septiembre, según el diario, Arriola denunció a Ríos ante la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior por la presunta filtración del historial médico de López, que habría tenido como finalidad desacreditarlo y favorecer su propia llegada a la máxima jefatura policial.

El informe también señala que Ríos solicitó el legajo personal de López y ordenó recopilar documentos sobre su estado de salud. Cuatro días después, la Oficina de Asuntos Internos lo suspendió temporalmente de sus funciones.

La investigación también alcanza al jefe de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP, el coronel Jhonny Silva Rodríguez, y a la técnica policial Katherine Vizcarra Manrique, quien trabajaba en la oficina encargada de los legajos personales, según La República.

Ríos niega haber filtrado información a la prensa y sostiene que solicitar los expedientes de López y de otros diez generales estaba dentro de sus atribuciones como inspector general. Fuentes cercanas a su defensa indicaron al diario que había comunicado por escrito esos requerimientos a Arriola y al titular del Interior, César Astudillo.

También afirmaron que las acusaciones buscaban impedir que asumiera la jefatura del Estado Mayor.

En cambio, fuentes vinculadas a Arriola sostuvieron que la presunta filtración tenía como objetivo facilitar que Ríos llegara a la Comandancia General. La investigación administrativa deberá determinar si hubo irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso coincide con un posible reordenamiento de la cúpula policial por el pase al retiro de oficiales con 40 años de servicio: si la investigación determina que Ríos filtró información personal, podría pasar al retiro. Por ahora, integra la Comisión Consultiva de la Comandancia General de la PNP, mientras la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior investiga eventuales responsabilidades.