OECE: los funcionarios encargados de comprar con dinero del Estado seguirán con permiso temporal hasta 2028

El sistema temporal permitió que las entidades no se queden sin personal certificado mientras el OECE prepara un modelo nuevo, con requisitos y procesos de evaluación actualizados

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El OECE trabaja en la validación y habilitación de los componentes técnicos del nuevo mecanismo de compras públicas.
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El Gobierno amplió hasta el 30 de abril de 2028 el plazo para poner en marcha el nuevo modelo de certificación de los funcionarios responsables de las compras públicas.

La medida, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 222-2026-EF, permitirá que las entidades continúen con el sistema temporal vigente mientras se completa la implementación del mecanismo que prepara el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).

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La norma modifica el Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. El plazo original vencía el 22 de octubre de 2026, pues el reglamento fijaba 18 meses, desde su entrada en vigencia, para que el OECE aplicara el nuevo modelo de certificación. La Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento entraron en vigencia el 22 de abril de 2025.

Funcionarios mantendrán certificación temporal durante la transición

Con el cambio, el OECE definirá mediante un comunicado la fecha en que iniciará la implementación progresiva del nuevo sistema.

Hasta que eso ocurra, los servidores que intervienen en adquisiciones de bienes, servicios y obras para ministerios, gobiernos regionales, municipalidades y otras entidades estatales mantendrán la certificación transitoria.

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OECE
El Decreto Supremo N° 222-2026-EF oficializó la prórroga para la transición hacia el nuevo modelo de contrataciones estatales.

El decreto busca evitar que se interrumpa este servicio. La certificación permite acreditar que quienes participan en las compras públicas cumplen las exigencias previstas para desarrollar esas funciones. Sin ese mecanismo, las entidades podrían enfrentar dificultades para contar con personal habilitado en procesos de contratación.

“El inicio de dicha implementación tiene como fecha límite el 30 de abril de 2028”, señala la modificación aprobada por el Ejecutivo.

El OECE aún debe completar componentes del nuevo sistema

Según los considerandos del decreto, el OECE informó que aún desarrolla los componentes y condiciones necesarias para poner en funcionamiento el modelo.

Entre las tareas pendientes figuran la culminación, validación, integración y habilitación de los elementos que formarán parte de la nueva certificación.

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El cronograma original fijaba el vencimiento para el 22 de octubre de 2026 tras la vigencia de la Ley N° 32069.

El Ejecutivo sostuvo que mantener el plazo inicial impedía a la entidad certificar a los compradores públicos bajo el nuevo esquema y podía afectar la continuidad del servicio. Por ese motivo, la norma estableció una aplicación gradual y extendió la fecha límite por un año y seis meses adicionales.

Mientras dure esta etapa, la certificación seguirá bajo el procedimiento transitorio previsto en el Reglamento de la Ley N° 30225, anterior Ley de Contrataciones del Estado. Ese mecanismo continuará vigente hasta que el OECE ponga en marcha el nuevo modelo.

La ley regula cómo el Estado compra bienes y contrata servicios

La Ley N° 32069 establece las reglas para que las entidades públicas compren bienes, contraten servicios y ejecuten obras. Busca ordenar esos procesos y promover el uso de recursos públicos bajo criterios de planificación, integridad, resultados y gestión de riesgos.

La certificación forma parte de la profesionalización de las compras estatales. La finalidad es que los funcionarios encargados de estas tareas tengan conocimientos y competencias para participar en procesos que involucran presupuesto público.

¿Qué es el OECE?

El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) es la entidad encargada de implementar el nuevo modelo de certificación de compradores públicos. También deberá anunciar la fecha en que comenzará su aplicación progresiva, que deberá ocurrir como máximo el 30 de abril de 2028.

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