Ministro de Justicia acusa al Congreso de tener un “espíritu mezquino” frente al avance del crimen organizado en los penales

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, cuestionó este 21 de octubre las limitaciones que el Congreso de la República impuso al pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo para enfrentar al crimen organizado dentro y fuera de los penales. Durante la conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el titular del sector advirtió que las restricciones aprobadas por el Senado “denotan cierto espíritu mezquino” en un contexto donde las bandas criminales, según indicó, ya logran superar los bloqueadores de señal instalados en los centros penitenciarios.

El cuestionamiento se produjo horas después de que el Pleno del Senado diera luz verde definitiva al proyecto de delegación de facultades presentado por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori el 28 de agosto. El trámite demoró casi dos meses, entre la presentación inicial, el debate en la Cámara de Diputados y la votación final en el Senado, realizada con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones.

El ministro explicó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ya trabaja en un mapeo de inteligencia para identificar cómo operan las organizaciones criminales desde el interior de los penales de alta peligrosidad. Según detalló, no todos esos establecimientos cuentan con bloqueadores de celulares y, donde existen, su funcionamiento resulta deficiente frente a los sistemas tecnológicos que manejan algunos internos.

Senado aprobó la participación de las Fuerzas Armadas solo en el resguardo externo de los penales

El dictamen aprobado por el Senado incorporó siete puntos que no habían sido aceptados previamente por la Cámara de Diputados, entre ellos la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios. Esta disposición figura como el quinto punto de los 27 que integran la delegación de facultades, junto con la calificación de “grupos hostiles” para organizaciones criminales y el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia.

El ministro sostuvo que esa fórmula resulta insuficiente. A su juicio, el combate contra las bandas criminales requiere una coordinación más amplia entre el sistema penitenciario, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con un intercambio directo de inteligencia y recursos tecnológicos que, dijo, no siempre están disponibles para el INPE ni para la propia policía. “Poner cortapisas a esta coordinación necesaria de todas las fuerzas de seguridad y defensa resulta irónico en un país que necesita mayor seguridad, necesita combatir al crimen”, afirmó durante la conferencia.

La votación en el Senado contó con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular, además de senadores disidentes de las agrupaciones Obras y Buen Gobierno, entre ellos Roger Astucuri, Daniel Barragán, Walter Gago, Juver Flores y Jorge Gavidia.

Gobierno no logró incluir el terrorismo por lucro ilegítimo en el paquete de facultades

Entre los reclamos del ministro figuró el rechazo del Congreso a modificar el Código Penal para incorporar la modalidad de terrorismo por lucro ilegítimo. El funcionario señaló que presentó argumentos técnicos y jurídicos para sustentar el cambio, con la precisión de que ningún grupo político, protesta social o defensa de intereses regionales legítimos podría quedar comprendido en esa figura, reservada para quienes generan miedo con fines de beneficio económico.

Según el ministro, el Legislativo optó por una redacción alternativa sobre el uso del miedo y la generación de violencia que, en su evaluación, resulta “aparentemente inocua” y no beneficia a sectores expuestos a la extorsión, como transportistas, bodegueros y pequeños empresarios. El funcionario adelantó que el Ejecutivo trabajará con abogados expertos en seguridad para evaluar alternativas dentro del marco ya aprobado.

El paquete de 27 puntos sí contempla modificaciones a la Ley contra el Crimen Organizado para calificar como tales a las organizaciones que empleen técnicas similares al terrorismo, además de cambios en el Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal y la normativa sobre el Subsistema contra la Extorsión. También incluye ajustes al Decreto Legislativo 1095, que regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional.

La reforma penitenciaria ya cuenta con un primer avance institucional

El ministro detalló que, antes de la aprobación de las facultades, el sector ya había aprobado el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Superintendencia del Sistema Penitenciario, entidad creada previamente, y había implementado un nuevo equipo de dirección en el INPE. Ese grupo, indicó, es el encargado de conducir el mapeo de inteligencia sobre el funcionamiento de las bandas criminales dentro de los penales de alta peligrosidad.

Las facultades delegadas también habilitan al Ejecutivo a modificar la Ley 29709, sobre la Carrera Especial Pública Penitenciaria, y el Decreto Legislativo 1229, referido a infraestructura penitenciaria, además de crear un registro de libertad vigilada postpenitenciaria para los condenados por sicariato, extorsión y crimen organizado. El plazo para que el Gobierno emita los decretos legislativos correspondientes comenzó a correr tras la publicación de la ley autoritativa.