La Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha solicitado a la actual administración del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) revisar y modificar las disposiciones implementadas por la gestión anterior, ya que podrían derivar en la exclusión de múltiples centros de arbitraje del Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU).
Entre los puntos más críticos, destaca que el 17 de agosto vence el plazo para que estas instituciones cumplan con los requisitos cuestionados, los cuales han sido denunciados ante Indecopi como barreras burocráticas ilegales.
¿Plazo inminente? El futuro de los centros de arbitraje en juego
Según informó la CCL, las exigencias impuestas incluyen licencias municipales, relaciones con empresas privadas, acreditaciones académicas de secretarios arbitrales y plataformas informáticas, aspectos que no guardan relación directa con la calidad, experiencia, integridad ni transparencia de los centros de arbitraje.
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De acuerdo con la organización, estas medidas podrían restringir la oferta de servicios arbitrales en procesos de contratación pública y generar incertidumbre jurídica.
El gremio privado presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) una denuncia y una solicitud de medida cautelar, buscando evitar los efectos adversos que acarrearía la aplicación de las disposiciones heredadas.
“La situación requiere especial atención, ya que el plazo de adecuación está cerca de vencer y su mantenimiento podría materializar la exclusión de instituciones del REGAJU”, adviertió.
Denuncia ante Indecopi: el rol de la Cámara de Comercio de Lima
La problemática se origina en decisiones tomadas por la anterior administración del OECE. La CCL considera que la revisión de estas normas puede realizarse de manera administrativa, sin necesidad de esperar la resolución del procedimiento ante Indecopi.
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El gremio sostiene que la actual gestión cuenta con las competencias necesarias para corregir oportunamente las barreras detectadas, preservando la seguridad jurídica y la competencia en el sistema arbitral.
Entre los requisitos más cuestionados figuran aquellos que exigen condiciones ajenas a la función arbitral, como la posesión de licencias municipales o la implementación de plataformas tecnológicas específicas.
Estas demandas, según la CCL, no están relacionadas con la calidad ni con los estándares internacionales de integridad para las instituciones arbitrales, y su aplicación podría restringir la pluralidad de opciones para la administración de arbitrajes en contratación pública.
La capital peruana se queda sin tribunales arbitrales
El gremio empresarial recuerda que la exclusión de centros de arbitraje del REGAJU reduciría las alternativas disponibles para gestionar controversias contractuales en el sector público, con el riesgo de generar perjuicios irreparables y un entorno de inseguridad jurídica.
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En ese sentido, la CCL subraya la urgencia de adoptar medidas correctivas antes del 17 de agosto para evitar que los efectos de las regulaciones heredadas se concreten.
La nota también destaca que la revisión administrativa de las disposiciones objetadas podría realizarse de inmediato y sin contratiempos legales, siempre que exista voluntad política.
“La Cámara de Comercio de Lima invoca a la actual gestión a garantizar la continuidad de un sistema arbitral transparente y eficiente, corrigiendo los errores normativos heredados”, sentenció el comunicado oficial.
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