El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó el viaje de dos funcionarias a Washington D. C. para defender al Estado peruano en el arbitraje que Vinci Highways SAS y Vinci Concessions SAS mantienen ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Las compañías francesas reclaman USD 365,3 millones por una controversia vinculada con el reajuste tarifario de los peajes de la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, operadas por Lima Expresa.
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Perú envía misión a EEUU por demanda de Vinci por USD 365 millones
Mónica del Pilar Guerrero, presidenta de la Comisión Especial que representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión, y la abogada Susana del Rosario Santos Revilla viajarán a Estados Unidos del 14 al 17 de octubre.
Ambas participarán en la audiencia presencial sobre nuevas reclamaciones del caso CIADI N.° ARB/21/60, prevista para los días 15 y 16 de octubre.
La resolución ministerial señala que la presencia de las representantes permitirá al Estado hacer “seguimiento directo de la estrategia de defensa” ante el tribunal. El estudio Baker Botts LLP recomendó que ambas asistan a las sesiones y reuniones preparatorias.
Los pasajes y viáticos costarán USD 7.174,06. Cada funcionaria tendrá USD 2.267,03 para pasajes y USD 1.320 para viáticos. Este gasto es independiente de los honorarios destinados a la defensa legal peruana.
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Vinci reclama USD 365,3 millones por reajustes de peajes
Vinci Highways SAS y Vinci Concessions SAS son filiales del grupo francés Vinci y controlan a Lima Expresa, antes Línea Amarilla Sociedad Anónima Concesionaria. La empresa opera los peajes de la Vía de Evitamiento y Línea Amarilla.
La demanda ante el CIADI fue registrada el 10 de diciembre de 2021, bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Perú y Francia. Las empresas sostienen que la negativa a aplicar reajustes tarifarios previstos afectó su inversión en la concesión.
El proceso se dirige formalmente contra la República del Perú, aunque el conflicto se originó en decisiones de la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre el contrato vial. El tribunal del CIADI se constituyó en julio de 2022.
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La audiencia principal se realizó en Washington entre el 11 y el 19 de junio de 2025. Luego, las empresas presentaron pedidos de medidas provisionales y reclamaciones auxiliares. En marzo de 2026 entregaron un memorial sobre estos últimos asuntos, que serán materia de la audiencia de octubre.
La Municipalidad de Lima perdió un arbitraje distinto con Lima Expresa
El caso ante el CIADI es diferente de los arbitrajes que la MML mantuvo directamente contra Lima Expresa en París. En ese proceso, iniciado en 2019, la comuna buscó anular el contrato de concesión y sus adendas al alegar que tuvieron origen en hechos de corrupción.
En enero de 2024, un laudo parcial rechazó anular el contrato y admitió algunos reclamos de la concesionaria. En ese momento se informó una compensación superior a USD 46 millones, monto que debía actualizarse en la decisión final.
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El laudo final valorizó la compensación en alrededor de USD 83,7 millones. No se ordenó un pago directo en efectivo: la medida se concretó mediante una extensión de 2.163 días en el plazo de la concesión, equivalente a casi seis años adicionales. Lima Expresa podrá operar las vías y cobrar los peajes hasta 2055.
El proceso entre la MML y Lima Expresa comenzó durante la gestión de Jorge Muñoz. Sin embargo, la controversia continuó bajo la administración de Rafael López Aliaga, quien rechazó el laudo parcial de 2024 y sostuvo que la comuna no pagaría compensaciones a la concesionaria.
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La gestión de López Aliaga no logró impedir el reconocimiento del laudo
En septiembre de 2025, la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial de Lima rechazó el pedido de la Municipalidad Metropolitana de Lima para impedir el reconocimiento en Perú del laudo parcial emitido en París.
La comuna, ya bajo la gestión de López Aliaga, alegó que el contrato de concesión tuvo un origen corrupto, pero la Sala concluyó que no existía una sentencia penal firme que acreditara esa afirmación.
La decisión judicial no generó una indemnización adicional, sino que permitió reconocer en Perú el laudo emitido en Francia, según se informó en su momento.
En paralelo, el MEF aprobó recursos para contratar a Baker Botts LLP en el arbitraje ante el CIADI, con S/ 3.384.000 asignados para 2026 y una previsión de S/ 6.948.000 para 2027, un gasto conjunto cercano a USD 2,8 millones.
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López Aliaga lidera una elección aún sin resultado definitivo
La disputa por los peajes coincide con la elección municipal en Lima. Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, encabeza el cómputo de la ONPE con 27,703% de los votos, seguido por Francis Allison, de Avanza País, con 26,841%.
Sin embargo, el resultado no está definido porque más del 7% de las actas fue remitido a los Jurados Electorales Especiales por observaciones, impugnaciones o pedidos de nulidad.
Si López Aliaga es proclamado ganador, su administración deberá enfrentar procesos iniciados antes de su gestión, pero que continuaron durante ella.
En tanto, el MEF se alista para defender una vez más al Estado peruano ante una reclamación equivalente a más de S/ 1.200 millones por un conflicto que podría trasladar al país las consecuencias de disputas capitalinas aún sin resolver.
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Rutas de Lima abre otro frente millonario para la Municipalidad
La controversia con Vinci no es el único litigio que involucra a las concesiones viales de Lima. La Municipalidad Metropolitana de Lima ya acumula dos laudos confirmados a favor de Rutas de Lima por cerca de USD 200 millones.
Estos fueron originados por la suspensión del cobro en el peaje de Chillón durante la gestión de Luis Castañeda y por la falta de aplicación de reajustes tarifarios, una disputa litigada en gran parte durante la administración de Jorge Muñoz.
En septiembre, el Poder Judicial reconoció en Perú el laudo de 2020, mientras que las cortes de Estados Unidos rechazaron los recursos de la comuna para anular o frenar la ejecución de esas decisiones.
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A esos procesos se suma el tercer arbitraje por la concesión de Rutas de Lima, iniciado antes de la gestión de López Aliaga, pero ampliado tras la decisión de su administración de declarar la terminación unilateral del contrato en 2023.
Un tribunal dejó sin efecto esa medida y dispuso una nueva etapa para definir una compensación por la demora en la entrega de terrenos del tramo Ramiro Prialé.
La concesionaria calculó ese reclamo en USD 339,5 millones, aunque el monto final todavía no ha sido establecido. En paralelo, Brookfield Corporation, accionista de Rutas de Lima, mantiene ante el CIADI una demanda contra el Estado peruano por alrededor de USD 2.700 millones.
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