Fujimorismo obstaculiza el proceso para remover al defensor Josué Gutiérrez

El pedido de remoción contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se encuentro estancado en este momento tras la sesión de la Junta de Portavoces del Senado de la República de hoy martes 29 de setiembre.

La senadora Ruth Luque informó que en la sesión el presidente del Senado, el fujimorista Miguel Torres, sometió a votación el pedido “lo cual es inadecuado porque el inciso b) del Reglamento es claro: el presidente del Senado informa y remite a la Comisión de Procedimientos Especiales”.

“La votación excede la facultad establecida en el propio reglamento. No corresponde. Es inaceptable que Fuerza Popular y Renovación Popular busquen distorsionar lo establecido en el reglamento”, manifestó Luque en su cuenta de X.

Efectivamente, de acuerdo con inciso b) del artículo 204 del Reglamento del Senado establece que, una vez presentada la denuncia, “el presidente del Senado convoca a sesión de la Junta de Portavoces en un plazo máximo de tres días hábiles, para informar sobre la denuncia presentada y acordar su remisión a la Comisión de Procedimientos Especiales”. En ninguna parte se hace mención a un debate y/o votación.

Según pudo conocer Infobae, la votación quedó 30 votos a favor contra 30 votos en contra. Los votos en contra de tramitar el pedido de remoción de Josué Gutiérrez vinieron de Fuerza Popular y Renovación Popular. Debido a que se produjo un empate, se volverá a tratar el tema en una próxima sesión de la Junta de Portavoces.

Hasta que no se remita la denuncia a la Comisión de Procedimientos Especiales, no se dará inicio al proceso de remoción.

¿Por qué se pide la remoción de Josué Gutiérrez?

Cuatro bancadas del Senado —Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras— presentaron el 21 de septiembre una solicitud de remoción contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por “falta grave” en el ejercicio de su cargo.

El pedido se sustenta en dos hechos principales:

• Declaraciones sobre una eventual disolución del Congreso El 27 de agosto, Gutiérrez sostuvo que la presidenta Keiko Fujimori podría aumentar su popularidad entre 20 y 30 puntos porcentuales si decidía cerrar el Congreso bicameral, lo que aceleraría reformas pendientes. Los legisladores consideran que esas declaraciones constituyen “un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes” y resultan incompatibles con las funciones de un organismo constitucional autónomo encargado de proteger los derechos fundamentales y supervisar a la administración pública.
• Presuntas irregularidades en contrataciones de personal La solicitud también invoca un informe de la Contraloría General de la República, difundido por el programa Cuarto Poder el 6 de septiembre, según el cual varias personas sin experiencia en el sector público accedieron a contratos y puestos en planilla tras reunirse directamente con Gutiérrez. El reportaje señala que también se habrían modificado registros de tiempo de servicio para beneficiar a otras personas en cargos altos.

Una vez que el caso llegue a la Comisión de Procedimientos Especiales, este grupo dispondrá de 30 días hábiles para investigar y emitir un informe antes de que el pleno vote. Para destituirlo se requieren 40 de los 60 votos del Senado (dos tercios). Las cuatro bancadas que impulsan la moción suman 30 votos, por lo que necesitan al menos 10 adhesiones de Fuerza Popular o Renovación Popular.