Cuatro bancadas piden destitución del defensor Josué Gutiérrez por sugerir a Keiko Fujimori el cierre del Congreso

Cuatro grupos parlamentarios presentaron este lunes una solicitud para destituir por “falta grave” al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, después de que sugiriera a la presidenta Keiko Fujimori disolver el Congreso bicameral como una vía para elevar su popularidad.

La iniciativa, impulsada por las bancadas Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras, fue remitida al presidente del Senado, Miguel Ángel Torres.

El documento plantea que la Comisión de Procedimientos Especiales evalúe los fundamentos y las pruebas antes de decidir si eleva el caso al pleno de la Cámara Alta. Los legisladores atribuyen a Gutiérrez una presunta negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes inherentes a su cargo.

Una eventual destitución requiere el respaldo de dos tercios del número legal de senadores, es decir, 40 de los 60 integrantes de la Cámara Alta.

Según el documento difundido por Canal N, uno de los argumentos centrales son las declaraciones que Gutiérrez realizó a fines de agosto, cuando sostuvo que, si Fujimori disolvía el Congreso bicameral, podría aumentar su popularidad entre 20 y 30 puntos porcentuales y acelerar las reformas que prometió para el Estado.

Gutiérrez formuló esas consideraciones al referirse a la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento, donde el Gobierno enfrenta la oposición de las bancadas de izquierda para impulsar sus iniciativas.

“Si mañana, la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos de su popularidad (...) No estoy alentando (esa acción), porque soy un demócrata, creo en los principios, pero tal cual está el Estado (...) si no hacemos esas cosas grandes, de forma estructural, vamos a seguir en más de lo mismo”, manifestó.

Para los grupos firmantes, esos dichos resultan incompatibles con las funciones de la Defensoría, organismo constitucional autónomo encargado de proteger los derechos fundamentales y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública.

El requerimiento también incluye observaciones sobre contrataciones de personal en la institución, a partir de un informe de la Contraloría General de la República, por lo que los parlamentarios pidieron incorporar al expediente el documento de control y los antecedentes vinculados con esos procesos.

La Comisión de Procedimientos Especiales deberá recibir los descargos de Gutiérrez, revisar la documentación y elaborar un informe antes de que el pleno del Senado adopte una decisión.

El funcionario, en el cargo desde mayo de 2023 y con mandato hasta 2028, también afronta una denuncia constitucional presentada en las últimas semanas por la diputada Analí Márquez, de Juntos por el Perú, a raíz de sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso.

En ese momento, Fujimori calificó los dichos de Gutiérrez como un “desliz” y rechazó “categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso”. La Defensoría del Pueblo, por su parte, sostuvo en un comunicado que sus declaraciones no tuvieron como propósito desestabilizar el orden democrático.

En el trasfondo político de la mandataria está el autogolpe cometido en 1992 por su padre, el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), quien disolvió el Parlamento e intervino la Judicatura para gobernar durante alrededor de un año por decretos hasta que se estableció una nueva Constitución a su medida.

El antecedente más reciente ocurrió en 2019, cuando el expresidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso. Un año después, el nuevo Legislativo destituyó por presunta incapacidad moral permanente, en medio de acusaciones de corrupción.