Caso Liceo Naval: adolescentes investigados podrían recibir hasta seis años de internamiento, según abogada

Los adolescentes investigados por la presunta agresión sexual contra un menor de edad en el Liceo Naval Almirante Guise podrían recibir una medida de internamiento de hasta seis años, de acuerdo con la explicación de la abogada María Elena Portocarrero. La especialista precisó que el caso debe analizarse bajo las reglas de responsabilidad penal juvenil, debido a que los involucrados son menores.

¿Cuántos años podrían permanecer internados?

“El código señala y establece que para los menores de edad, este supuesto, la pena máxima sería seis años”, afirmó la experta, en conversación con Infobae Perú, al ser consultada sobre las consecuencias que podrían afrontar los estudiantes investigados.

La especialista, que también es catedrática en la Norbet Wienner, explicó que este límite corresponde al régimen especial aplicable a adolescentes. En contraste, para una persona adulta las consecuencias penales pueden ser distintas y depender de las circunstancias, los elementos reunidos y la calificación jurídica que finalmente establezca la autoridad competente.

El periodo que eventualmente corresponda a cada investigado no tendría que ser uniforme. Para establecerlo, será necesario determinar qué hizo cada estudiante durante el episodio y cuál fue su nivel de intervención, debido a que la responsabilidad penal se analiza de manera individual.

La participación de cada adolescente será determinante

La investigación deberá establecer quiénes habrían ejecutado directamente la conducta denunciada, quiénes pudieron colaborar y qué papel tuvieron aquellos que permanecieron en el lugar sin intervenir de manera directa.

“Tenemos los autores, que son los que rodearon de manera directa al menor. Tenemos los cómplices primarios y los secundarios”, explicó la abogada, al referirse a las distintas formas de participación que pueden ser examinadas dentro de una investigación penal.

Portocarrero agregó que tampoco necesariamente correspondería una misma consecuencia para todos los involucrados. “No va a ser la misma sanción, porque cada uno, como te explico en este escenario, cada uno tiene un rol diferente”, sostuvo.

De esta manera, las diligencias tendrán que establecer la actuación concreta atribuida a cada estudiante antes de que se determine la responsabilidad que pudiera corresponderle. La sola presencia en el lugar no permite, por sí misma, establecer que todos hayan tenido idéntica intervención.

¿Qué responsabilidad podrían tener los adultos?

La situación del personal adulto que se encontraba a cargo de los menores será examinada bajo un régimen diferente. En este punto, Portocarrero planteó que la investigación debe determinar qué conocían los responsables del traslado, qué observaron y si adoptaron alguna medida frente a una eventual situación de peligro.

“Si es que está en riesgo la vida o la integridad del menor. Y acá ha habido un daño real, pero por parte de los profesores tenemos nosotros la omisión de socorro”, señaló la especialista.

Al ser consultada por una eventual pena, evitó establecer un número concreto debido a que dependerá de la calificación que realicen las autoridades y de las circunstancias que logren acreditarse durante el proceso.

También plantean revisar denuncias anteriores

Otro aspecto que Portocarrero consideró necesario revisar corresponde a posibles antecedentes de violencia dentro de la institución educativa. La especialista sostuvo que deberían verificarse los reportes existentes y el trámite que recibieron antes del caso que actualmente es investigado.

La abogada también sostuvo que el caso debería generar una revisión más amplia de las condiciones de protección de los estudiantes y de los mecanismos empleados ante posibles situaciones de violencia.

Protección para la víctima y eventual indemnización

Mientras continúan las diligencias, Portocarrero consideró que el menor debe recibir atención inmediata para evitar nuevas situaciones de vulnerabilidad.

“Lo que tiene que darse en este momento son las medidas de protección al menor de manera inmediata”, afirmó la especialista, quien añadió que estas deben contemplar tanto el aspecto físico como el emocional.

Sobre una eventual reparación económica, explicó que esta deberá definirse posteriormente, una vez establecidas las responsabilidades correspondientes. La determinación dependerá de lo que establezca el proceso y de quiénes resulten responsables por los hechos.

Por ahora, las autoridades deberán esclarecer la participación individual de los adolescentes, la actuación del personal adulto y las circunstancias que rodearon el episodio. Estos elementos serán determinantes para establecer las consecuencias jurídicas que correspondan a cada involucrado.