La Defensoría del Pueblo se pronunció respecto al caso de presunto abuso sexual por parte de alumnos del Liceo Naval Almirante Guise de San Borja y solicitó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brinde el apoyo necesario a la víctima.
“Exhortamos al MIMP brindar al menor de edad el soporte legal, psicológico y social que requiera. Además, se insta a la UGEL 7 su pronta intervención en dicho centro educativo, según lo dispuesto en los lineamientos para la prevención y atención de la violencia escolar del Ministerio de Educación, a fin de evitar la ocurrencia de hechos similares”, indicó la institución en un comunicado difundido en sus redes sociales.
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La ministra de la Mujer, María Seminario Marón, afirmó que el Liceo Naval Almirante Guise y los estudiantes implicados deberán asumir su responsabilidad ante la denuncia de presunta violencia sexual contra un alumno de 16 años durante un viaje escolar en San Borja. La funcionaria reclamó celeridad en las diligencias de la Fiscalía y la Policía para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan.
“Los profesores y el colegio en sí mismo tendrá que asumir la responsabilidad correspondiente. Hacemos un llamado a las familias y colegios en general sobre la atención que deben tener sobre estas conductas de sus alumnos. Hay que tener atención, prevenir esto, tiene que haber habido algunas señales anteriores a este hecho”, indicó a RPP.
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Los padres del adolescente afectado y de otros escolares convocaron a un plantón frente al colegio para el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre, desde las 8:00. Los padres anunciaron la manifestación mientras avanzan las actuaciones de las autoridades por el hecho denunciado.
La Policía intervino a ocho alumnos de quinto de secundaria dentro de la institución educativa y los trasladó a la comisaría de San Borja acompañados por sus padres, informó ATV. Los escolares podrían permanecer retenidos durante las primeras 48 horas de diligencias.
Sobre los menores involucrados, la ministra Seminario señaló que la investigación debe avanzar con rapidez pese a que todos son adolescentes. “Esperamos que haya celeridad en la investigación y se tomen las sanciones pertinentes. Todos son menores de edad; sin embargo, tendrán que asumir su responsabilidad”, afirmó.
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La ministra indicó que el adolescente pasará por el proceso fiscal y pidió que las medidas se definan en el menor plazo posible. “Esto no se puede permitir”, enfatizó.
Apoyo legal y psicológico a la víctima y su familia
Seminario aseguró que su cartera atendió a la víctima y a sus familiares desde que se presentó la denuncia en la comisaría de San Borja. El acompañamiento legal y psicológico continúa mediante el Centro Emergencia Mujer de Bellavista.
La atención también está a cargo del Programa Nacional Warmi Ñan, cuyo equipo multidisciplinario participará en las diligencias que programe la Fiscalía. La Defensoría exhortó al MIMP a garantizar el soporte legal, psicológico y social requerido, y pidió a la UGEL 7 intervenir en el centro educativo para prevenir hechos similares.
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El Liceo Naval señaló en un comunicado interno dirigido a los padres de la víctima que brinda facilidades para las investigaciones. “La violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en nuestra comunidad educativa. De comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas disciplinarias que correspondan conforme a la normativa vigente y al reglamento institucional”, indicó la institución.
Línea 100 del MIMP ante casos de violencia de género y familiar
La Línea 100 es un servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dirigido a personas que enfrentan violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar o violencia sexual.
Este canal brinda orientación, contención emocional e información especializada de manera gratuita y confidencial. Puede ser utilizado por víctimas, familiares, vecinos, docentes, amistades o cualquier persona que conozca un caso de violencia y necesite saber cómo actuar.
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Se puede llamar a la Línea 100 ante agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas, amenazas, acoso, control coercitivo, violencia dentro del hogar o situaciones de riesgo para niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores o integrantes del grupo familiar.
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