La Contraloría General de la República identificó un presunto perjuicio económico de S/ 18.878.470 contra el Estado en una contratación realizada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) para atender a los participantes de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.
El hallazgo está vinculado al servicio de gestión de alojamiento, alimentación y alquiler de salas de reuniones para deportistas, delegaciones y otros participantes del certamen. Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 011-2026-2-0217-AC, funcionarios y servidores del IPD aprobaron pagos que excedieron las condiciones establecidas en el contrato.
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La auditoría comprendió el periodo entre el 26 de febrero y el 31 de diciembre de 2025. El documento señala que el daño económico se originó por pagos al contratista con precios unitarios distintos de los acordados, por la valorización de 43 salas de reuniones que no habrían sido brindadas y por la falta de aplicación de penalidades ante retrasos en la ejecución del servicio.
IPD recurrió a una contratación directa pese a que conocía la necesidad con anticipación
La comisión de control determinó que el IPD conocía desde el 6 de marzo de 2025 la necesidad de asegurar estos servicios, fecha en la que se instaló formalmente el comité organizador de los Juegos Bolivarianos.
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Pese a ello, los requerimientos de bienes y servicios llegaron a las áreas técnicas de la entidad cuando faltaban 60 días calendario para el inicio de la competencia, un plazo equivalente a 42 días hábiles. Esa demora derivó en un procedimiento de selección no competitivo, bajo la causal de situación de emergencia.
La contratación directa permitió adjudicar el servicio sin un proceso competitivo ordinario. Para la comisión de control, la situación se produjo a partir de una planificación tardía, pese a que la entidad contaba con información previa sobre la realización del evento y sus requerimientos logísticos.
El contrato tenía como finalidad asegurar hospedaje, alimentación y ambientes para reuniones. Se trataba de prestaciones necesarias para atender de forma simultánea a las delegaciones participantes en Ayacucho y Lima durante el desarrollo de los Juegos.
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Auditoría cuestionó los términos de referencia y la selección del consorcio
La Contraloría advirtió deficiencias en los términos de referencia elaborados por el IPD. Según el informe, el documento no estableció mecanismos suficientes para verificar y validar la ejecución de los servicios contratados.
Tampoco incluyó criterios mínimos para otorgar conformidad al plan de trabajo presentado por el proveedor. Este documento sustentaba un pago equivalente al 50% del monto total de la contratación, por lo que su revisión resultaba determinante para autorizar el desembolso.
La auditoría también observó cambios en las exigencias relacionadas con la experiencia del postor. Las modificaciones flexibilizaron las condiciones de calificación y permitieron la selección de un consorcio que, de acuerdo con el informe, no acreditó experiencia en la totalidad de las prestaciones requeridas.
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El informe identificó a siete funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad penal y/o administrativa. Una de esas personas continúa en funciones dentro del IPD, organismo adscrito al Ministerio de Educación.
La Contraloría notificó los resultados a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que evalúe el inicio de acciones penales contra cinco funcionarios y servidores.
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