Fiscalía pide 5 años de prisión contra María Vidal La Rosa Sánchez, la jueza vinculada a Andrés Hurtado

Ministerio Público acusó a la expresidenta de la Corte de Lima por presuntamente haber designado ilegalmente a la exjueza supernumeraria que luego falló a su favor

Composición de dos imágenes con una magistrada con medalla oficial a la izquierda y el presentador Andrés Hurtado a la derecha
El presentador Andrés Hurtado afronta investigaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en Perú.
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La Fiscalía pidió 5 años y 4 meses de prisión contra la jueza superior María Vidal La Rosa Sánchez, la expresidenta de la Corte de Lima vinculada al conductor de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’, por la presunta comisión del delito de nombramiento ilegal del cargo.

Desde 2024, Vidal se encuentra en la mira del Ministerio Público luego de que Hurtado reveló su cercanía. Por ejemplo, la expresidenta de la Corte de Lima viene siendo investigada por el cambio de las juezas que llevaban los procesos que el exfutbolista Jefferson Farfán inició contra la conductora Magaly Medina. La conocida carpeta fiscal 364-2024.

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Sin embargo, esta investigación, en el que la Fiscalía ya presentó acusación, no está relacionada a Chibolín, aunque sí implica una designación cuestionada. Se trata de la designación de la asistente judicial Cinthia Erika Paucar Boza como jueza supernumeraria, pese a que no reunía los requisitos legales exigidos para ejercer el cargo, según el requerimiento acusatorio presentado por el fiscal supremo Juan Carlos Villena, al que accedió Infobae. La investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta suprema Secilia Hinojosa Cuba.

Documento oficial con el escudo de Perú que contiene texto resaltado sobre una solicitud de pena privativa de libertad y días-multa
La Fiscalía Suprema de Perú solicita cinco años y cuatro meses de prisión para María Delfina Vidal La Rosa Sánchez por el delito de designación ilegal de cargo público.

Según el documento, Vidal La Rosa Sánchez, en su condición de presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima durante el periodo 2023-2024, designó en dos oportunidades a Paucar Boza como jueza supernumeraria. La primera fue mediante la resolución administrativa 168-2023-P-CSJLI-P, del 29 de marzo de 2023, para el Vigésimo Sexto Juzgado de Trabajo Transitorio de Lima. Esa designación concluyó el 15 de enero de 2024 por baja productividad.

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Pese a ello, apenas un mes después, la volvió a nombrar. Esta vez, mediante la resolución administrativa 171-2024-P-CSJLI, del 29 de febrero de 2024, la designó como jueza supernumeraria del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima.

De acuerdo con la Fiscalía, en ambas ocasiones Paucar Boza no cumplía con los requisitos previstos en la Ley de la Carrera Judicial, referidos a la habilitación profesional y a la experiencia mínima exigida. Al momento de su primera designación, dice el Ministerio Público, la abogada contaba con apenas nueve meses de incorporación al Colegio de Abogados de Lima.

En el requerimiento acusatorio se menciona que Paucar Boza fue la magistrada que, en octubre de 2024, declaró fundada la medida cautelar que solicitó María Vidal luego de que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial la suspendiera por presuntas irregularidades en su gestión como presidenta de la Corte de Lima. Ese fallo luego fue anulado por irregularidades en su emisión, mientras que la magistrada provisional fue removida.

Paucar declaró fundada la medida cautelar de María Vidal dejando sin efecto provisionalmente la suspensión dictada por la ANC del PJ. Fallo luego fue anulado por irregularidades
Paucar declaró fundada la medida cautelar de María Vidal dejando sin efecto provisionalmente la suspensión dictada por la ANC del PJ. Fallo luego fue anulado por irregularidades

Cabe precisar que, si bien estos hechos son mencionados en el requerimiento fiscal, no forma parte de la acusación. La acusación solo versa sobre la presunta designación ilegal de la magistrada supernumeraria.

Las penas solicitadas por la Fiscalía

El Ministerio Público atribuye a Vidal La Rosa Sánchez la autoría de dos presuntas designaciones ilegales, mientras que a Paucar Boza se le imputan dos presuntas aceptaciones ilegales de carg público.

Para ambas acusadas, la Fiscalía solicitó una pena de 2 años y 8 meses por cada hecho, que sumados se traduce en 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad, además de 160 días-multa. A esto se suma un pedido de cinco años de inhabilitación, que incluye la privación del cargo, la incapacidad para ejercer funciones públicas.

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