Ernesto Álvarez reconoce que no es penalista y que no sabe qué artículos cambiar del Código Procesal Penal

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, admitió ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que ni él ni el viceministro del sector tienen la especialidad necesaria para determinar qué artículos del Código Procesal Penal deben modificarse. “¿Yo lo sé? ¿El viceministro lo sabe? No, porque no somos penalistas”, reconoció.

Álvarez explicó que, en el momento en que el Ejecutivo cuente con la facultad de modificar el código (requerida en el pedido de delegación de facultades legislativas), convocará a un grupo de académicos y litigantes para que revisen la norma y determinen cuáles deben ser los cambios puntuales. Ese informe, dijo, será remitido posteriormente a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis.

Antes de referirse a los cambios pendientes en la norma, el titular de Justicia pidió disculpas por una expresión previa que generó molestia entre exmagistrados y abogados. “A mí se me salió –como ustedes ya me conocen, yo no soy político, yo soy académico– se me salió una frase inapropiada. Claro, obviamente, los códigos no están hechos por gente que de manera maliciosa esté pensando en sus propios intereses profesionales. Son profesionales, son académicos que están pensando de manera abstracta, de manera subjetiva y no de una manera interesada”, indicó.

Ernesto Álvarez dirigió sus disculpas de manera específica al exjuez supremo César San Martín, el juez supremo decano Víctor Prado Saldarriaga y abogados litigantes, “incluso de mucho prestigio, algunos de mi facultad misma”, que se sintieron ofendidos por sus declaraciones. “No encontré los términos apropiados y eso es culpa mía”, señaló ante los diputados.

Insiste con recortar audiencias

Pese a las disculpas, el ministro de Justicia mantuvo sus críticas al funcionamiento del sistema penal. Según Álvarez, el Código Procesal Penal no logró acelerar los procesos judiciales desde su implementación. “Es llamativo el caso de aquel delincuente que es condenado en menos de tres años”, señaló, y agregó que lo habitual es que haya más internos en los penales sin sentencia condenatoria que con resolución judicial firme, lo que a su juicio demuestra que el sistema “no está funcionando”.

Ernesto Álvarez descartó la necesidad de redactar un nuevo código procesal, dice, por el esfuerzo ya invertido en la capacitación de los profesionales del sector bajo la norma procesal penal vigente. En cambio, planteó modificaciones “puntuales, urgentes e inmediatas” para recortar el número de audiencias que contempla el proceso penal. Álvarez afirmó que existen “más de cuarenta tipos de audiencia”, una cifra que calificó de “exageración”.

Según el ministro, buena parte de esos incidentes procesales no requiere una audiencia formal. “El principio del debido proceso se puede salvar de una manera más rápida, no necesariamente convocando para dentro de cuatro meses una audiencia para un incidente”, explicó ante la comisión.

Cabe precisar que la afirmación sobre las audiencias partió de una imprecisión del ministro. Álvarez aseguró que para incorporar una prueba en pleno juicio oral, se debía formar un nuevo incidente y convocar audiencia que podría demorar de 3 a 4 meses. Sin embargo, esto es falso, tal como advirtieron Humberto Abanto y César San Martín al referirse a los dichos del ministro.