La Defensoría del Pueblo pidió al Poder Judicial y a las autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) definir con urgencia la situación del rectorado, luego de los hechos de violencia registrados en el campus durante un intento de desalojo de autoridades.
El pronunciamiento se produjo después del ingreso de la exvicerrectora académica Shirley Empetriz Chilet Cama a las instalaciones de la universidad, en cumplimiento de una resolución judicial que dispone su asunción como rectora. El episodio provocó protestas y momentos de tensión entre integrantes de la comunidad universitaria y quienes respaldaban el cumplimiento del mandato judicial.
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La Defensoría informó que realizó acciones de supervisión dentro del campus y sostuvo una reunión con el rector encargado. Según la institución, durante ese encuentro se comunicó la presentación de una denuncia por los daños ocasionados durante los incidentes.
Pese a los hechos registrados durante la mañana, la entidad también verificó que las actividades académicas continuaron con normalidad. La intervención de la Defensoría se produjo en medio de una disputa por la conducción de la universidad y por la aplicación de una medida cautelar emitida por un juzgado de Lima.
Defensoría pide resolver la situación del rectorado
En su comunicado, la Defensoría del Pueblo señaló que corresponde al Poder Judicial y a las autoridades de la UNI adoptar una definición urgente respecto de quién debe ejercer el rectorado.
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“Ante los hechos de violencia registrados en la víspera en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) durante un intento de desalojo a las autoridades, desde la Defensoría del Pueblo invocamos al Poder Judicial y a las autoridades de dicha casa de estudios a definir con urgencia la situación del rectorado”, indicó la institución.
Como parte de sus labores de supervisión, representantes de la entidad se reunieron con el rector encargado. Según la información proporcionada durante esa reunión, se presentó una denuncia por los daños registrados durante los incidentes. La comunicación atribuyó la presencia en los hechos a un grupo compuesto, según lo señalado ante la institución, por personas ajenas a la universidad y exestudiantes.
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La Defensoría también precisó que su personal verificó directamente las condiciones del campus tras los acontecimientos. De acuerdo con su reporte, las actividades académicas continuaron con normalidad pese a los incidentes registrados horas antes.
Mandato judicial ordena cambios en el rectorado
El conflicto se encuentra relacionado con una resolución judicial que modificó la situación de las autoridades de la UNI. Según un reporte de Agenda País, un juzgado de Lima concedió una medida cautelar a favor de la universidad y dispuso dejar sin efecto la designación de Arturo Talledo Coronado como rector interino.
La resolución establece además que Shirley Empetriz Chilet Cama asuma el rectorado y convoque posteriormente a elecciones. El mandato otorgó a la Asamblea Universitaria y a las autoridades de la UNI un plazo de cinco días hábiles para ejecutar las disposiciones.
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Estudiantes de la universidad sostienen que dicho plazo vencería el 18 de septiembre. La resolución también contempla posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales ante un eventual incumplimiento, entre ellas una denuncia por desobediencia o resistencia a la autoridad.
Ingreso de Shirley Chilet Cama generó tensión
El lunes, el ingreso de Chilet Cama a las instalaciones de la UNI provocó protestas dentro del campus. Imágenes difundidas por Canal N mostraron momentos de tensión ante la presencia de la exvicerrectora académica, quien ingresó con respaldo de efectivos policiales mientras integrantes de la comunidad universitaria expresaban su oposición.
La medida judicial se ejecutó en un contexto de disputa por la conducción institucional. La exautoridad universitaria fue vacada en julio de 2025 por decisión mayoritaria de la Asamblea Universitaria, según los antecedentes incluidos en la información proporcionada.
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El proceso de vacancia comenzó a partir de una solicitud presentada por “los alumnos asambleístas” el 19 de mayo de 2025. La Asamblea Universitaria admitió el pedido por unanimidad y designó una Comisión Permanente para evaluar el caso.
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