San Marcos reclama al Estado por su patrimonio: el Congreso, el Hospital Loayza y predios del centro de Lima están en disputa

El Congreso de la República, casi 24 mil metros cuadrados dentro del Hospital Loayza, inmuebles en Mesa Redonda y Barrios Altos y un terreno de 7 mil metros cuadrados en Pueblo Libre forman parte del patrimonio que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) busca recuperar o por el que exige una compensación. Algunos de estos reclamos se remontan a cesiones realizadas hace décadas y otros ya se encuentran en procesos judiciales.

La rectora Jeri Ramón Ruffner sostiene que la universidad ha perdido durante años el control o el aprovechamiento de propiedades que considera suyas y que hoy son utilizadas por instituciones públicas, empresas y particulares. Su gestión busca revisar esos casos y, cuando la recuperación física del inmueble no sea viable, negociar terrenos equivalentes, nueva infraestructura o compensaciones económicas.

“San Marcos no está pidiendo que le regalen”, afirmó Ramón en una reciente entrevista para la Red de Comunicación Regional. Según explicó, la universidad pretende que el uso de esos bienes genere una contraprestación que pueda traducirse en campos clínicos, vivienda universitaria, infraestructura académica y otros servicios para los estudiantes.

Mesa Redonda y Barrios Altos: contratos que vencen en 2031

Uno de los principales frentes se concentra en el centro de Lima. Ramón aseguró que San Marcos es propietaria de una parte importante de Mesa Redonda y Barrios Altos, incluidos inmuebles que antiguas autoridades universitarias entregaron en concesión.

De acuerdo con la rectora, varios de esos contratos fueron suscritos por 30 años y vencen en 2031. Durante ese periodo, algunos concesionarios habrían levantado edificaciones de hasta siete pisos y desarrollado actividades comerciales sobre los terrenos.

La universidad mantiene procesos judiciales relacionados con estas propiedades y busca recuperar los espacios conforme concluyan los contratos o cuando considere que existen irregularidades. Ramón también mencionó casos de subarrendamientos y otras situaciones que, según afirmó, están siendo discutidas en los tribunales.

El reclamo forma parte de una política que su gestión viene impulsando desde hace varios años. En 2023, la rectora anunció una revisión de las partidas registrales de la universidad para identificar predios ocupados por terceros y determinar qué acciones correspondían para recuperar o poner en valor ese patrimonio.

Casi 24 mil metros cuadrados dentro del Hospital Loayza

Otro de los casos se encuentra en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Según Ramón, San Marcos posee 23.938 metros cuadrados dentro del complejo hospitalario, donde históricamente funcionaron laboratorios, espacios de investigación y ambientes utilizados como campos clínicos por estudiantes de Medicina.

La rectora sostuvo que esos terrenos fueron entregados décadas atrás para fines académicos y cuestionó que actualmente San Marcos tenga solo siete internos en el hospital, mientras otras plazas son ocupadas por alumnos de universidades privadas.

“No me parece justo que los espacios de San Marcos sean ocupados por universidades privadas. Podemos compartir, pero no pueden ser usufructuados”, señaló.

La UNMSM ha solicitado la nulidad de inscripciones registrales que considera irregulares y mantiene procesos judiciales por esos predios. Sin embargo, Ramón aseguró que también se ha planteado una salida negociada: la construcción de un pabellón que compense el área reclamada y permita recuperar espacios para campos clínicos y actividades académicas.

La autoridad universitaria señaló que las dificultades para acceder a espacios de formación médica no se restringen al Loayza y mencionó también a los hospitales Dos de Mayo, del Niño y Daniel Alcides Carrión.

El Congreso y una cesión que, según la rectora, se hizo por un sol

El reclamo más simbólico alcanza al Congreso de la República. Ramón afirmó que parte del inmueble utilizado actualmente por el Parlamento perteneció a San Marcos y fue cedido en 1998, durante un periodo en el que la universidad no contaba con Asamblea Universitaria ni Consejo Universitario. Así lo contó la excongresista Martha Hildebrandt, en una entrevista a RPP.

Según la versión de la rectora, aquella operación se habría concretado por un sol, monto que considera incompatible con el valor del patrimonio transferido.

“Los predios de San Marcos no pueden ser subvaluados”, sostuvo. Además, señaló que el reclamo no comprendería únicamente la edificación, sino también mobiliario, cuadros, una capilla y otros bienes históricos que se encontraban dentro del inmueble.

Ramón mencionó además propiedades o espacios relacionados con la Plaza Bolívar, la Compañía de Bomberos y el Museo de la Santa Inquisición, aunque la situación jurídica de cada uno deberá ser determinada de manera independiente.

Un terreno de 7 mil metros cuadrados en Pueblo Libre

Otro expediente se ubica en Pueblo Libre, en un área vinculada al Museo Raimondi. La rectora señaló que existen alrededor de 7.000 metros cuadrados que San Marcos considera de su propiedad y cuya inscripción, según explicó, estaba siendo impulsada por el Ministerio de Cultura.

La universidad asegura haber detenido ese procedimiento y plantea recibir una compensación antes de permitir que otra entidad asuma la titularidad del terreno.

“Si ellos quieren tomar ese terreno, nos tienen que dar otro terreno en una buena ubicación que compense el valor”, afirmó.

La posición de la universidad, según Ramón, es evitar que sus propiedades sean transferidas o utilizadas sin una contraprestación que posteriormente pueda destinarse a infraestructura o servicios académicos.

San Marcos también demanda S/500 millones al INS

El frente patrimonial se extiende a la clínica universitaria de San Marcos. Ramón reveló que la institución mantiene una demanda por S/500 millones contra el Instituto Nacional de Salud (INS) por los perjuicios que, según sostiene, ocasionó el cierre del establecimiento durante el escándalo conocido como Vacunagate.

La rectora afirmó que la clausura paralizó investigaciones desarrolladas durante la pandemia, entre ellas trabajos vinculados con una posible vacuna, y que equipos e infraestructura resultaron afectados.

Como alternativa a prolongar el litigio, San Marcos planteó en su momento que se construyera una nueva clínica universitaria de cinco o seis pisos, pero la propuesta no llegó a concretarse, según la autoridad.

S/60 millones por la Línea 2 del Metro: el antecedente que San Marcos quiere repetir

La universidad ya cuenta con un precedente de compensación. Ramón recordó que la UNMSM recibió aproximadamente S/60 millones por terrenos afectados por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

Esos recursos, explicó, vienen siendo utilizados para financiar edificios multidisciplinarios, vivienda universitaria y mejoras de infraestructura dentro de la casa de estudios.

Para la rectora, ese modelo podría servir como referencia para resolver algunos de los actuales conflictos patrimoniales sin prolongar durante años los procesos judiciales.

Ramón espera ahora abrir un canal de negociación con el Ejecutivo. Su planteamiento es que la discusión no se limite a determinar quién utiliza actualmente cada inmueble, sino también qué recibió San Marcos a cambio, cuál es el valor actual de esos bienes y qué alternativas permitirían que ese patrimonio vuelva a beneficiar directamente a sus estudiantes.