El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, defendió ante el Congreso de la República la solicitud de delegación de facultades legislativas presentada por el Poder Ejecutivo, que comprende ocho materias y 66 decretos legislativos. El funcionario cuestionó a los sectores de la oposición que anunciaron su rechazo antes de escuchar y debatir las propuestas en las comisiones parlamentarias.
“Hay parlamentarios de la oposición que, sin haber profundizado, sin haber escuchado las diversas exposiciones de los ministros y, sobre todo, sin haber permitido el desarrollo de las propuestas en las comisiones, ya están planteando de antemano una negativa”, señaló Sheput ante la representación nacional.
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El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) reconoció que oponerse constituye un derecho político de las bancadas. Sin embargo, advirtió que esa posición no puede ignorar la realidad institucional, económica, laboral y de seguridad ciudadana que atraviesa el país. “Ese derecho está chocando con una realidad existente en nuestro país, una situación caótica en materia institucional, de seguridad ciudadana, económica y de empleo”, enfatizó.
MTPE atribuye el pedido al deterioro institucional
Sheput explicó que la amplitud de la solicitud responde a la magnitud de los problemas acumulados durante los últimos cinco años, periodo en el que Perú tuvo cuatro presidentes y sufrió un deterioro progresivo de su institucionalidad. “Cuatro presidentes han generado una situación de desorden que se refleja en el ámbito institucional, social, económico, político y de seguridad. Ante ello tenemos que enfrentar la situación con una de las herramientas que brinda la democracia, la delegación de facultades”, manifestó.
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En ese sentido, rechazó las versiones que presentan este mecanismo constitucional como una medida autoritaria o contraria al orden democrático. “La delegación de facultades no es un tema autoritario, no es un golpe de Estado ni la antesala de un golpe. Es una herramienta estrictamente democrática, es atribución del Ejecutivo solicitarla y del Congreso aceptarla o negarla”, precisó.
El ministro insistió en que la decisión final corresponde al Parlamento, dentro de los mecanismos que la Constitución establece para este tipo de delegaciones, y pidió a los congresistas evaluar la solicitud antes de adoptar una posición definitiva.
Empleo formal y seguridad ciudadana
Sheput cuestionó el argumento de algunos sectores de la oposición según el cual las facultades solicitadas en materia laboral no tendrían relación con la lucha contra la inseguridad ciudadana. Según los datos que presentó ante el Congreso, el país tiene cerca de un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan, de los cuales alrededor de medio millón tampoco busca hacerlo.
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“¿Cómo se puede afirmar que esto no ayuda a la seguridad ciudadana si ese medio millón de jóvenes constituye el caldo de cultivo de la delincuencia?”, preguntó ante la representación nacional.
El titular del MTPE sostuvo que el crecimiento económico y el empleo formal son fundamentales para ofrecer oportunidades a la juventud y evitar que la falta de perspectivas laborales sea aprovechada por el pandillaje y las organizaciones criminales. “Por supuesto que la formalidad ayuda a luchar contra la delincuencia. A mayor crecimiento económico, mayor capacidad para incorporar a esos jóvenes al empleo y no al pandillaje”, afirmó.
Crecimiento económico y derechos laborales
El ministro detalló que cada punto porcentual de crecimiento del producto bruto interno genera aproximadamente 50 mil puestos de trabajo, mientras que unas 300 mil personas, en su mayoría jóvenes, se incorporan cada año a la población económicamente activa del país. “Si crecemos 6% al año, podemos absorber a esos 300 mil jóvenes. Pero si el país crece solamente 1%, 2% o 3%, entre 150 mil y 200 mil quedan fuera del mercado laboral, y allí está la semilla del pandillaje”, advirtió.
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Sheput también rechazó que las propuestas del Ejecutivo busquen recortar derechos laborales a los jóvenes. Señaló que no se puede hablar de eliminar beneficios que millones de trabajadores informales nunca han podido ejercer. “¿Qué derechos les vamos a quitar a seis millones de jóvenes si ni siquiera los tienen? La mayoría de los jóvenes, que conforman el grueso de la informalidad, no tiene vacaciones, CTS, gratificaciones, acceso a la salud ni una futura pensión”, expresó.
El ministro sostuvo que el objetivo es incorporar a los jóvenes a la formalidad y garantizarles derechos laborales y protección social que actualmente no poseen, según los argumentos expuestos durante su intervención ante el Congreso.
Sheput: “Formalizar y no recortar derechos”
El titular del MTPE explicó que algunos jóvenes llevan años trabajando mediante recibos por honorarios, boletas u otros mecanismos sin protección laboral ni seguridad social. Frente a ello, señaló que el objetivo del Gobierno es incorporarlos a la formalidad y garantizarles los derechos que actualmente no tienen.
“Lo que pretende este Gobierno es darles derechos. Hay jóvenes que llevan cinco años trabajando con honorarios profesionales, tres años con una boleta o dos años con un simple recibo. A esos jóvenes tenemos que darles derechos”, sostuvo.
El ministro de Trabajo pidió al Congreso evaluar la solicitud con responsabilidad y sentido de urgencia, y evitar que una posición minoritaria impida su aprobación. “No permitamos que una minoría audaz, que confunde la oposición con la destrucción sistemática de una iniciativa legislativa, tome la iniciativa e impida que este Parlamento se pronuncie a favor de una delegación de facultades absolutamente necesaria”, concluyó.
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