
Una representante del Ministerio Público fue registrada mientras efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) la cargaban para cruzar un tramo con agua durante el levantamiento del cadáver de un adulto mayor en el distrito de Castilla, en Piura. La escena generó cuestionamientos de los familiares de la víctima, quienes estaban presentes en la zona.
El hecho ocurrió en una chacra situada detrás del condominio Centenario, cerca del río, donde fue encontrado muerto Marco Antonio Rojas Castro, de 75 años. El hombre padecía Alzheimer y su familia lo había reportado como desaparecido seis días antes del hallazgo.
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Según informó La República, testigos indicaron que la fiscal habría pedido a los agentes que la trasladaran para evitar mojarse los zapatos al atravesar el sector anegado. Los familiares cuestionaron esa decisión durante la diligencia, pues consideraron que el trayecto hasta el lugar donde estaba el cuerpo no suponía una dificultad o riesgo considerable.

El cuerpo
Los parientes de Marco Rojas llegaron hasta la zona tras varios días de búsqueda. De acuerdo con los relatos recogidos por los medios, habitantes del sector habían brindado información a la Policía sobre el posible paradero del adulto mayor antes de que se produjera el hallazgo.
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El cadáver fue localizado en una parcela agrícola ubicada en las inmediaciones del río, detrás del condominio Centenario. A ese punto acudió la representante del Ministerio Público para encabezar el procedimiento correspondiente.
Las imágenes difundidas muestran a policías que sostienen a la fiscal sobre los hombros y la espalda para trasladarla por el tramo con agua. La situación provocó el reclamo de los familiares, quienes expresaron su malestar ante lo que interpretaron como una falta de consideración durante una diligencia vinculada con la muerte de su pariente.
De acuerdo con lo que se observa en el video, el terreno no presentaba un obstáculo que impidiera el paso hacia la zona del hallazgo. Los familiares cuestionaron que se empleara a los agentes para trasladar a la funcionaria durante el procedimiento.
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Buscaban al anciano
Rojas, quien tenía Alzheimer, había desaparecido aproximadamente seis días antes de ser encontrado sin vida. Su familia había emprendido una búsqueda para ubicarlo y obtener información sobre su paradero.
La diligencia quedó a cargo del Ministerio Público, institución que deberá establecer las circunstancias de la muerte y disponer las investigaciones que correspondan. Los familiares también esperan conocer cómo se desarrollaron las acciones de búsqueda antes del hallazgo del cuerpo.
El episodio protagonizado por la fiscal concentró parte de los reclamos de los parientes. Según los testimonios recogidos por La República, el tramo que debía atravesarse podía recorrerse para llegar a la chacra donde estaba el cadáver, por lo que cuestionaron que la funcionaria requiriera ser cargada.
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Órganos de control
Exitosa indicó que la actuación atribuida a la representante fiscal podría ser evaluada por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. El medio señaló que ese organismo tiene facultades para abrir una investigación preliminar de oficio ante una presunta inconducta funcional.
Según la información publicada, la Ley de la Carrera Fiscal, identificada como Ley N.° 30483, establece que los representantes de la institución deben mantener una conducta intachable, así como el decoro, la solemnidad y la dignidad vinculados con el cargo durante las diligencias públicas.
El mismo medio sostuvo que el uso de efectivos policiales para fines personales en medio de un acto oficial podría ser considerado una falta disciplinaria, con posibles medidas que van desde una amonestación hasta una suspensión temporal de funciones.
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También señaló que, si la conducta hubiese causado retrasos, interrupciones en el levantamiento del cadáver o algún riesgo en la cadena de custodia, podría evaluarse una indagación por la presunta omisión o demora de actos funcionales, contemplada en el artículo 377 del Código Penal. Hasta la información consignada en los textos, los familiares aguardaban un pronunciamiento de la fiscalía regional sobre el procedimiento.
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