El Órgano de Control Institucional de Osinergmin detectó 1.639 incumplimientos normativos en el proceso de modernización de la Refinería Talara, en Piura, durante una supervisión realizada entre el 26 de junio y el 16 de julio de 2026.
El informe advierte que las observaciones pendientes podrían impedir el cierre técnico, normativo y documental del proyecto, con efectos sobre la seguridad y la continuidad de las operaciones.
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La alerta se produce tras el vencimiento, el 20 de julio, del contrato de supervisión a cargo del Consorcio FIMS, responsable de verificar el cumplimiento de normas legales y técnicas en las distintas fases del proyecto.
Si las observaciones no son subsanadas, no podrán emitirse las declaraciones de cumplimiento normativo necesarias para validar la culminación del proceso.
El contrato de supervisión venció con miles de observaciones pendientes
El documento señala que la falta de regularización compromete la emisión de los documentos que acreditan el cumplimiento de exigencias técnicas y regulatorias en la refinería.
Según el informe, esta situación “no aseguraría el cierre técnico, normativo y documental del proyecto”, por lo que se mantendrían riesgos para el funcionamiento seguro, continuo y confiable de la planta. La advertencia alcanza a la seguridad de las personas, la integridad de las instalaciones y la finalidad pública de la inversión.
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El Consorcio FIMS fue contratado en julio de 2024 por S/19 millones 923.120 y tenía un plazo de 18 meses para desarrollar labores de supervisión, mediante visitas a la obra y revisión de documentos vinculados a diseño, adquisición de equipos, construcción y puesta en marcha.
Diseño y procesos concentran el mayor número de hallazgos
La mayor parte de los incumplimientos se concentra en la etapa de diseño, con 561 casos, equivalentes al 34,23% del total. Le siguen procura, con 419; construcción, con 354; puesta en marcha y comisionamiento, con 197; y precomisionamiento, con 108.
La distribución por especialidad muestra una concentración mayor en ingeniería de procesos, que acumuló 756 incumplimientos, el 46,13% del total. El área de mecánica y tuberías registró 287 observaciones, mientras que seguridad industrial y de procesos sumó 280.
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El control se realizó a partir de un muestreo estadístico bajo el criterio de Pareto, que prioriza la revisión de equipos y sistemas críticos. Diseño, procura y construcción agrupan el 81,39% de los incumplimientos, según el informe.
Petroperú levantó cerca de 200 observaciones, pero quedaron 1.439 pendientes
Hasta la primera semana de julio, Petroperú presentó descargos que permitieron levantar cerca de 200 observaciones, sobre todo en la etapa de diseño. Aun así, quedaron pendientes 1.439 incumplimientos.
El Consorcio FIMS advirtió que el número de hallazgos podía llegar a 2.000 al término de su contrato. En reportes elaborados entre abril y junio, la supervisora indicó que los descargos no permitieron cerrar las observaciones correspondientes a diseño y procura, con posibles efectos sobre el cronograma de cierre del proyecto.
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La subsanación de estas observaciones resulta necesaria para que la refinería cuente con el respaldo técnico y documental requerido para operar bajo las condiciones normativas previstas.
Osinergmin aprobó entregables sin informes complementarios mensuales
La Contraloría General de la República del Perú identificó además deficiencias en el seguimiento documental. Osinergmin otorgó conformidad a entregables del Consorcio FIMS sin exigir de forma oportuna los informes complementarios mensuales previstos en el contrato, el plan de trabajo y las bases del proceso.
Esos documentos debían incluir información de respaldo sobre los incumplimientos, las acciones de corrección y el avance del cierre normativo. El informe sostiene que su ausencia limitó la verificación integral de las condiciones exigidas para la modernización de la Refinería Talara.
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Osinergmin emitió en julio órdenes para requerir los informes faltantes, cuando el contrato ya se encontraba próximo a vencer. La Contraloría recomendó comunicar los hallazgos al titular del organismo regulador, que deberá informar en un plazo de cinco días hábiles las medidas preventivas y correctivas que adoptará.
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