El Gobierno evalúa aplicar una figura denominada “grupos hostiles” contra organizaciones criminales que operan en el país, como parte de una respuesta más contundente frente a la ola de inseguridad que atraviesa el país. La propuesta cobró fuerza luego del violento episodio registrado en Trujillo, La Libertad, donde un empresario fue secuestrado y cuatro personas fueron asesinadas durante un ataque perpetrado por sujetos armados.
La gravedad del hecho generó una rápida reacción del Ejecutivo. El primer ministro Luis Galarreta defendió la necesidad de que el Congreso otorgue al Gobierno facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, mientras que desde el Ejecutivo también se planteó fortalecer las capacidades de inteligencia y evaluar nuevas herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales.
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El caso de Trujillo es considerado por integrantes del Gobierno como uno de los episodios de mayor gravedad registrados durante el primer mes de gestión de la presidenta Keiko Fujimori. El uso de armas de largo alcance, vehículos y prendas similares a las empleadas por efectivos policiales son algunos de los elementos que han despertado preocupación por el nivel de organización y capacidad operativa de los responsables.
Gobierno plantea categoría de “grupos hostiles”
Durante las últimas horas, la expresión “grupos hostiles” comenzó a ocupar un lugar central en el debate sobre la estrategia de seguridad del Ejecutivo. La propuesta busca identificar a determinadas organizaciones criminales que, por su nivel de organización y capacidad de fuego, representen una amenaza grave para el Estado.
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Según lo explicado por integrantes del Gobierno, una eventual clasificación permitiría que las Fuerzas Armadas intervengan frente a estas organizaciones bajo un marco jurídico específico, además de fortalecer las labores de inteligencia destinadas a identificar y ubicar a sus integrantes.
La propuesta no se limitaría a una cuestión de nomenclatura. Su aplicación implicaría determinar qué organizaciones cumplen con los criterios establecidos por la legislación y establecer mecanismos para su reconocimiento oficial.
En ese escenario, el Ejecutivo ha mencionado a organizaciones criminales que tienen presencia en actividades como la extorsión, el secuestro y otras economías ilegales como posibles objetivos de esta estrategia.
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¿Qué implicaría declarar a una organización como “grupo hostil”?
El concepto está relacionado con el marco establecido por el Decreto Legislativo N.° 1095 y su reglamentación, que contempla la actuación de las Fuerzas Armadas frente a determinados escenarios de violencia interna y grupos hostiles, bajo las reglas correspondientes del derecho internacional humanitario.
La propuesta que ahora se discute consiste en evaluar cómo utilizar este marco frente a organizaciones criminales con una elevada capacidad de fuego y una estructura que permita considerarlas una amenaza de mayor escala.
De concretarse, la medida podría ampliar el papel de las Fuerzas Armadas frente a determinados grupos, aunque su actuación seguiría estando sujeta a reglas sobre el uso de la fuerza y al marco jurídico vigente.
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Por ello, la clasificación de una organización como “grupo hostil” no significaría que sus integrantes puedan ser atacados indiscriminadamente. Las operaciones militares continuarían sujetas a las normas que regulan la actuación de las fuerzas del Estado y al respeto de los derechos fundamentales.
El Gobierno también busca fortalecer a la DINI
Otra de las medidas planteadas por el Ejecutivo está relacionada con el fortalecimiento de la inteligencia estatal.
El Gobierno sostiene que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) necesita mayores capacidades operativas para anticiparse a las acciones de las organizaciones criminales y obtener información que permita identificar sus estructuras, integrantes y movimientos.
La intención es que la inteligencia no actúe únicamente después de que se produzca un delito, sino que permita detectar previamente las actividades de las organizaciones criminales y contribuir a su desarticulación.
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En esa misma línea, el Ejecutivo insiste en la necesidad de obtener facultades legislativas para realizar modificaciones vinculadas con la seguridad ciudadana.
Cuestionamientos a la respuesta policial
Mientras el Gobierno evalúa nuevas medidas, la actuación de la Policía Nacional también quedó bajo cuestionamiento tras el ataque ocurrido en Trujillo.
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, llegó a la ciudad para coordinar las acciones junto con las autoridades policiales de La Libertad. Su permanencia en el cargo comenzó a ser cuestionada por distintos sectores luego del violento episodio.
El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, también fue criticado por sus declaraciones durante el desarrollo de las investigaciones. Ante la prensa, pidió algunas horas para informar sobre los avances y aseguró que el caso estaba avanzando y que ya se habían producido capturas.
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Sus expresiones generaron cuestionamientos debido a que, en ese momento, todavía se investigaba el paradero de la persona secuestrada y el asesinato de cuatro personas.
Congreso también reacciona
La crisis de seguridad provocada por el caso de Trujillo llegó al Congreso. Parlamentarios presentaron una moción de orden del día para convocar al presidente del Consejo de Ministros y a integrantes del Gabinete con el objetivo de que informen sobre las acciones adoptadas frente al secuestro y los asesinatos.
La situación también reavivó el debate sobre la permanencia del comandante general de la Policía y sobre las normas que regulan el periodo de gestión de este alto mando.
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Mientras algunos sectores plantean exigir responsabilidades políticas, otros sostienen que el Congreso debería concentrarse en modificar las normas que considere necesarias para enfrentar a las organizaciones criminales.
Una respuesta que busca ir más allá de las capturas
El debate abierto por el Ejecutivo no se limita a la intervención de las fuerzas del orden. Uno de los principales desafíos señalados durante las últimas horas es golpear las estructuras económicas que permiten operar a las organizaciones criminales.
Las redes de extorsión, secuestro y otras actividades ilegales requieren recursos para adquirir armas, vehículos, logística y mantener sus operaciones. Por ello, una estrategia integral también tendría que apuntar a identificar y bloquear sus fuentes de financiamiento.
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La propuesta de utilizar la categoría de “grupos hostiles” todavía forma parte del debate sobre la estrategia de seguridad del Ejecutivo. Su eventual aplicación deberá definir con precisión qué organizaciones podrían ser incluidas, bajo qué criterios y cuáles serían los límites de la actuación de las Fuerzas Armadas.
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