Petróleos del Perú S.A. - Petroperú notificó oficialmente a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la aprobación de un acuerdo de Directorio que habilita la suscripción de un financiamiento puente por hasta USD 475 millones, en el marco del proceso de rescate financiero ordenado por el Gobierno peruano.
Esta decisión, adoptada el 26 de agosto de 2026, constituye un avance clave en la estrategia de reestructuración y supervivencia de la petrolera estatal, además de haber sido largamente esperada por los acreedores de la empresa.
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Petroperú Invest y el primer tramo del rescate: USD 475 millones
El desembolso de este primer tramo se produce tras meses de demoras y tensiones entre Petroperú y ProInversión respecto al control y la formalización de los acuerdos societarios necesarios, hasta el retorno de Oliver Stark Preuss a la presidencia de la petrolera.
Tras este movimiento, el Directorio designó a Carlos Adrián Linares Peñaloza como representante de la empresa en su calidad de accionista ante la Junta General de Accionistas de Petroperú Invest S.A.C. (SPV), la subsidiaria creada para canalizar los recursos internacionales.
Linares Peñaloza cuenta con la facultad de suscribir el “Bridge Credit Agreement”, así como cualquier documento público o privado para formalizar e implementar la operación financiera.
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Además, se autorizó a Luis Alberto Suárez Carlo a suscribir, en representación de Petroperú, todos los documentos necesarios para la ejecución de este crédito puente.
El crédito sin recursos del Estado corresponde al primer tramo de un paquete de rescate más amplio, autorizado por el Gobierno peruano, que prevé un apoyo total de hasta USD 2.000 millones para la reestructuración de Petroperú.
Piso 9: el Directorio Stark y ProInversión liman asperezas
El financiamiento se enmarca en el Decreto de Urgencia N° 003-2026, que habilita la canalización de recursos externos mediante un vehículo de propósito especial (SPV) para fortalecer la liquidez y garantizar el funcionamiento operativo de la empresa.
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El monto aprobado, hasta USD 475 millones, responde a la necesidad de cubrir obligaciones inmediatas y asegurar la compra de crudo y combustibles, en un contexto donde la deuda de corto plazo de la petrolera ronda los USD 600 a 800 millones y la deuda total se aproxima a los USD 5.000 millones.
La operación se ejecuta bajo la supervisión técnica de ProInversión, que administra el proceso de reestructuración y define la gobernanza de los fondos. A diferencia de rescates anteriores, el control ya no está en manos exclusivas de la administración de Petroperú.
La constitución de Petroperú Invest S.A.C., como único accionista, y la intervención de la fiduciaria internacional TMF Group, buscan garantizar que los recursos se utilicen exclusivamente para fines operativos y de reestructuración, y no afecten directamente el Tesoro Público.
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¿El Tribunal Constitucional podría echarse abajo el rescate?
La Federación Nacional de Trabajadores de Petróleos del Perú - Fenpetrol advirtió en una comunicación que la decisión del directorio Stark podría verse afectada si el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la constitucionalidad y legalidad del Decreto de Urgencia N.° 010-2025.
La federación cuestiona que hayan pasado casi nueve meses desde la aprobación de los dispositivos legales para la reestructuración antes de autorizarse el primer tramo del financiamiento puente.
Por ello, sostiene que esta demora debe ser explicada, ya que habría generado restricciones financieras para la empresa, una situación sobre la que la organización afirma haber alertado reiteradamente.
“Solicitamos que se detalle y supervise el destino de los USD 25 millones que serán descontados del crédito para cubrir gastos de estructuración de la operación financiera”, dijo.
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Fenpetrol considera que trabajadores y ciudadanía deben conocer el detalle de estos gastos, incluyendo los honorarios de estudios de abogados y servicios relacionados.
Finalmente, advierte que, dado que el financiamiento total autorizado es de hasta USD 2.000 millones, sería necesario transparentar el costo total de operaciones y verificar si los gastos de estructuración llegarán a USD 100 millones.
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