Artistas drag de Cusco enfrentan hasta seis años de prisión por ‘ofensas al pudor’ tras Marcha del Orgullo: “Posible represalia”

Cinco activistas y artistas drag de Cusco enfrentan una investigación penal por presuntas “ofensas al pudor público” agravadas, tras participar en la Marcha del Orgullo realizada en esa ciudad en julio de 2025, según documentación a la que accedió Infobae este martes.

La audiencia de excepción de improcedencia de acción se realizó hoy a las 11:00 am y tiene como objetivo determinar si los hechos atribuidos a las cinco personas investigadas pueden constituir el delito imputado.

En paralelo, organizaciones, activistas y representantes de la comunidad LGBTIQ+ realizarán un plantón desde las 10:45 a. m. frente al Poder Judicial de Cusco, como una muestra de acompañamiento a los investigados y para llamar la atención sobre la importancia del respeto, la dignidad y los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Bajo el lema “Por una justicia que no discrimine”, la convocatoria reivindica el derecho de las personas LGBTIQ+ a expresarse y participar en manifestaciones públicas. También busca visibilizar el carácter artístico y cultural de las expresiones drag.

Este delito contempla penas de entre cuatro y seis años de prisión, además de inhabilitación, mientras que Proyecta Igualdad, organización que sigue el caso, sostiene que hay señales de “criminalización y posible represalia” hacia las personas investigadas.

De agraviados a investigados

Lucía Santos, abogada especializada en derechos humanos y presidenta de la entidad, indicó que la pesquisa surgió a raíz de una denuncia presentada luego de la movilización de la diversidad, la cual transcurrió “de forma pacífica, sin incidentes violentos ni sanciones administrativas”.

Santos explicó que, un día después de la marcha, un programa televisivo local emitió imágenes de la movilización acompañadas de expresiones estigmatizantes y transfóbicas. Tres días después, el Ministerio Público inició de oficio una investigación contra la conductora del programa, por presunta discriminación e incitación a la discriminación.

Las cinco personas investigadas por “ofensas al pudor público” fueron reconocidas como agraviadas en la causa contra la periodista. No obstante, meses después, la misma conductora denunció penalmente a estas cinco personas, utilizando imágenes difundidas originalmente en su programa como sustento.

Para Proyecta Igualdad, esta secuencia genera preocupación, ya que quienes figuraban como agraviados en una investigación por discriminación pasaron a ser investigados, tras una denuncia presentada por la persona que era objeto de la primera pesquisa.

Santos señala como “elementos clave el momento en que se presentó la denuncia, la utilización del derecho penal contra acciones ocurridas durante una manifestación pública y la agravación de la imputación por la supuesta presencia de menores”.

Según Proyecta Igualdad, la Fiscalía solicitó un informe antropológico forense que, de acuerdo con la documentación revisada por la organización, reconoce el carácter artístico y cultural del drag y descarta que esta expresión implique, por sí sola, un contenido lascivo o pornográfico.

La “agravación de la pena por la presunta presencia de niñas y niños” también es cuestionada, ya que la defensa sostiene que la imputación no individualiza a ninguna persona menor de edad.

Afectación a derechos y libertades

La organización advierte que el proceso puede afectar derechos como la libertad de expresión artística, la reunión pacífica y la defensa de los derechos de personas LGBTIQ+.

El 25 de septiembre vence el plazo para la investigación preparatoria, y el Ministerio Público deberá definir el futuro de la causa, incluida la posibilidad de formular acusación.

Santos estima que este momento representa una oportunidad para la intervención preventiva de organismos y organizaciones internacionales antes de que el proceso avance hacia etapas que puedan causar mayor afectación a las personas investigadas.

La causa ha sido notificada a cinco procedimientos especiales de Naciones Unidas vinculados con derechos humanos, libertad de expresión, reunión pacífica, derechos culturales y diversidad sexual. La organización pidió a entidades y mecanismos internacionales que observen la audiencia del 4 de septiembre y consideren presentar amicus curiae u opiniones técnicas sobre el uso del derecho penal y su impacto en las libertades fundamentales.

De igual modo, Proyecta Igualdad pide atención especial para las personas extranjeras involucradas, ante los posibles efectos adicionales que una investigación penal podría acarrear sobre su situación.