
Un paro de transportistas urbanos en Lima y Callao, que involucra a más del 80 % de las rutas regulares, fue convocada para el martes 25 de agosto en respuesta a la ola de extorsiones y a la falta de diálogo con el Gobierno liderado actualmente por Keiko Fujimori.
Los gremios del sector advierten que la medida podría suspender el servicio de transporte urbano durante 24 horas y dejar sin movilidad a miles de usuarios en la capital peruana y el primer puerto.
Según información recogida Infobae, la Unión Gremial de Lima - Callao y la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano fundamentan su decisión en la ausencia de respuestas del Ejecutivo ante los reiterados pedidos de reunión y la escalada de violencia que afecta a conductores y pasajeros.
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Martín Ojeda, dirigente gremial, explicó que la inseguridad y la migración de conductores hacia España han reducido la operatividad del servicio en la ciudad.

En tanto, Héctor Vargas, presidente de la coordinadora, precisó que “el paro se decidió después de pedidos reiterados para reunirse con la presidenta de la República sin obtener respuesta”.
El dirigente remarcó que la protesta consistirá en un “apagado de motores” en lugar de acciones de confrontación y que el objetivo es llamar la atención de las autoridades para exigir soluciones. Según Vargas, “once gremios que representan a más del 80% del servicio regular” se plegarán a la paralización.
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Qué exigen los transportistas
El reclamo central apunta a la inseguridad. Los gremios denuncian que el Plan Escudo, anunciado por el Ejecutivo y que incluye patrullaje policial y acompañamiento de las Fuerzas Armadas, repite medidas que, a su juicio, no han dado resultados.
“Nunca hemos conversado sobre ello. De la noche a la mañana manifestaron que estaban implementando el Plan Escudo, que a criterio nuestro es más de lo mismo, porque eso ya lo está haciendo la policía desde el año pasado y los resultados los estamos viendo nosotros todos los días”, aseguró Vargas a RPP Noticias.

La Unión Gremial de Lima - Callao advirtió en un comunicado público que en lo que va de agosto se han registrado “una serie de atentados contra los trabajadores del volante y los pasajeros, atacados mientras cumplían su jornada o se trasladaban a sus centros de trabajo y estudio”.
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El asesinato del gerente general de una empresa de transporte en Los Olivos, el 6 de agosto, ilustra la gravedad de la situación según los dirigentes, quienes afirman que “no se trata de hechos aislados, sino de una violencia sistemática ejercida por organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato”.
El impacto para Lima y Callao
La paralización tiene alcance en “todos los distritos de Lima y Callao”. Los gremios afirman que la medida afectará a la mayoría de rutas urbanas y que la suspensión busca visibilizar la demanda de condiciones mínimas de seguridad para el sector.
“Pedimos comprensión a los usuarios: no exigimos privilegios, exigimos condiciones mínimas para trabajar sin morir en el intento. La seguridad del transporte es la seguridad de todos”, subrayó la organización gremial en su pronunciamiento.
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La Unión Gremial sostuvo que el costo de la inseguridad no solo recae sobre los transportistas, sino que repercute en la economía de los usuarios por el aumento de los costos operativos. Según sus voceros, la extorsión y el cobro de cupos afectan directamente la tarifa y la continuidad del servicio urbano.
Críticas al Plan Escudo
El sector rechaza la efectividad del Plan Escudo y cuestiona que la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ejército no haya frenado los ataques.
“Desde la semana pasada que se implementó este ‘Plan Escudo’, el mismo día hubo atentados: el día lunes, al día siguiente: el martes, el miércoles, nuevamente el día sábado, domingo, lunes, tenemos atentados. Hoy día están informando de otro atentado. Felizmente no ha habido muertos, pero eso es pan del día, todos los días”, puntualizó Vargas.
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El dirigente remarcó que la presencia policial en patios de maniobra y terminales ya existía y que el problema central ocurre en las rutas, donde los atentados no han disminuido.

“La Policía desde el año pasado había implementado el acompañamiento en las unidades, incluso algunas bases policiales en los terminales de las empresas. El ‘Plan Escudo’ contempla eso, con la diferencia de que ahora es el Ejército o las Fuerzas Armadas que acompañan. Pero ahí no vemos labor de inteligencia”, afirmó.
Demandas y condiciones para levantar el paro
Los gremios han presentado propuestas para fortalecer las unidades policiales y fiscales especializadas en extorsión y sicariato, mejorar el control de las comunicaciones desde los penales y proteger a los transportistas que denuncian delitos. Hasta el momento, aseguran que no han recibido respuesta formal sobre su evaluación por parte del Ejecutivo.
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La Unión Gremial enfatizó que la medida de fuerza “quedará sin efecto si, antes de esa fecha, el Ejecutivo nos concede la audiencia solicitada”. El sector busca una mesa de trabajo efectiva, con resultados verificables y una política oficial clara para enfrentar la crisis de seguridad.

Según lo declarado a RPP, “el solo hecho de saber que vamos a conversar con el Ejecutivo y que nos digan cuál es su política en materia de seguridad ciudadana haría que levantáramos el paro”.
Antecedentes y contexto
Empresas como El Rápido, Etupsa, Huáscar y La 50 participaron en protestas similares durante febrero, motivadas también por la inseguridad en el sector. La continuidad de los ataques y la falta de diálogo mantienen vigente el reclamo de los transportistas, quienes reiteran que no buscan dejar de operar, sino garantías para “seguir trabajando en condiciones de tranquilidad”.
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El desarrollo del paro y la magnitud de su impacto dependerán de la respuesta del Ejecutivo en los días previos al 25 de agosto. Por ahora, la incertidumbre persiste para los usuarios del transporte público en Lima y Callao.
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