Petroperú al banquillo: Contraloría alerta falta de control en las altas esferas de poder en plena crisis financiera

La Contraloría General de la República advirtió una situación adversa en Petroperú tras la aprobación de una modificación en su estructura organizacional que trasladó la Unidad de Seguros de la Gerencia Corporativa de Finanzas a la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios.

Según el Informe de Orientación de Oficio N° 013-2026-OCI/0084-SOO, esta medida no incluyó una evaluación de compatibilidad con el régimen extraordinario de reorganización patrimonial dispuesto por los Decretos de Urgencia N° 010-2025 y 003-2026, en un contexto donde la empresa afronta una grave crisis financiera y operativa.

Cambio aprobado sin estudio de impacto y en tiempo récord

La reestructuración se ejecutó con cinco memorandos internos emitidos entre el 1 y el 4 de junio de 2026, y sin consultas a ProInversión ni elaboración de análisis de riesgos.

La medida se concretó durante la gestión del expresidente del Directorio, Edmundo Lizarzaburu, junto al Gerente Corporativo de Administración y el Gerente Legal y Asuntos Regulatorios, según el informe de la Contraloría.

Tras la aprobación del cambio, la totalidad del personal de la Unidad de Seguros, salvo una dirigente sindical, recibió cartas de predespido, de acuerdo con fuentes internas de la estatal.

Los trabajadores han interpretado esta acción como un acto de hostigamiento y una estrategia para desmantelar el equipo técnico encargado de la gestión de pólizas y coberturas de activos estratégicos, actualmente en proceso de transferencia a fideicomisos.

La situación a la interna ha generado alarma entre los colaboradores, quienes advierten que el desmantelamiento de la Unidad podría afectar la adecuada gestión de riesgos y la protección de activos clave para la continuidad de la empresa.

Riesgos para la reorganización patrimonial y la gestión de coberturas

El informe de la Contraloría advierte que la nueva asignación funcional de la Unidad de Seguros podría no estar alineada con las decisiones que adopte ProInversión respecto a bloques patrimoniales, vehículos de propósito especial (VPE) y fideicomisos.

Esta falta de articulación pone en riesgo la gestión de las coberturas de seguros asociadas a los activos y operaciones comprendidos en la reorganización patrimonial, lo que puede afectar la implementación de las medidas previstas en los Decretos de Urgencia.

El contexto de la estatal es especialmente delicado: de acuerdo con la auditora PwC, la petrolera con sede en San Isidro cerró 2025 con un capital de trabajo negativo de -USD 2.296 millones y enfrenta una “incertidumbre material” sobre su capacidad para continuar como empresa en marcha.

El patrón de decisiones adoptadas sin sustento técnico ni consulta a las instancias responsables agrava la percepción de vulnerabilidad institucional de la compañía, según documenta el organismo peruano.

Contraloría exige acciones correctivas y vigilancia futura

La Contraloría notificó formalmente al nuevo presidente del Directorio, Oliver Stark, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para informar sobre las acciones preventivas o correctivas adoptadas frente a la situación adversa detectada.

Dentro de la empresa, voces internas consideran urgente que la nueva administración revierta los actos de hostigamiento y restablezca procesos técnicos rigurosos en la toma de decisiones estratégicas, en un momento clave para la supervivencia de Petroperú.