La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que la franja electoral para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 se difundirá desde septiembre, tras un ajuste en el cronograma inicial previsto. Según informó la agencia estatal Andina, el inicio de la franja fue postergado para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Organizaciones Políticas, que solo otorga acceso gratuito a este espacio a aquellas organizaciones con candidatos inscritos.
Qué es la franja electoral y cómo funciona
La franja electoral constituye un mecanismo de acceso igualitario a los medios de comunicación para las organizaciones políticas que participan en el proceso electoral. De acuerdo con información recogida por Andina, el Estado peruano destina fondos públicos a la compra de espacios en radio y televisión, con el objetivo de que los candidatos expongan sus planes de gobierno en condiciones de equidad.
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Según la legislación vigente, los recursos destinados a este fin son administrados por la ONPE, encargada de distribuir el tiempo de la franja entre los partidos, movimientos regionales y alianzas electorales. La entidad no entrega dinero en efectivo, sino que asigna el valor equivalente en espacios publicitarios para la difusión de los spots de propaganda electoral, respetando la selección de medios realizada por cada agrupación.
Calendario y criterios para el acceso a la franja electoral
Andina detalló que el arranque de la franja no ocurrió el 5 de agosto, como se había previsto inicialmente. El aplazamiento responde a que, según el artículo 37 de la Ley de Organizaciones Políticas, únicamente las agrupaciones con candidatos oficialmente inscritos pueden acceder de manera gratuita a estos espacios.
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Hasta la fecha, la ONPE informó que las fórmulas y listas presentadas por partidos, movimientos regionales y alianzas electorales todavía se encuentran bajo proceso de inscripción. El cronograma electoral, establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señala que el 5 de agosto vence el plazo para la publicación de las candidaturas admitidas, mientras que las inscripciones definitivas serán de conocimiento público el 5 de septiembre, un mes antes de los comicios.
En este contexto, la ONPE viene coordinando con el JNE la entrega escalonada de la información sobre las fórmulas y listas que logren su inscripción, con el fin de garantizar el acceso efectivo y legal a la franja electoral para todos los participantes.
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Distribución y monto del presupuesto
En procesos electorales anteriores, como las Elecciones Generales 2021, se asignó un presupuesto de 77 millones de soles para la franja electoral. De esta suma, aproximadamente 70 millones de soles se destinaron a la primera vuelta y 7 millones de soles a la segunda vuelta, según describió Andina.
El sistema prevé que estos recursos se distribuyen directamente en espacios para la transmisión de propaganda, sin transferencias monetarias a las organizaciones políticas. Los partidos y agrupaciones determinan los medios de comunicación en los que desean colocar sus spots, y la ONPE realiza la adjudicación respetando esa selección.
Requisitos legales y rol de las autoridades electorales
La Ley de Organizaciones Políticas y la Ley de Partidos Políticos regulan estrictamente el acceso a la franja electoral. Solo las agrupaciones con listas oficialmente inscritas reciben este beneficio, lo que obliga a la ONPE y al JNE a mantener una coordinación permanente para actualizar la información sobre las candidaturas habilitadas.
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De acuerdo con lo señalado por Andina, la ONPE se encuentra gestionando la entrega progresiva de datos sobre las listas inscritas, a fin de que la distribución de los espacios publicitarios refleje en todo momento la situación legal de los candidatos y respete el principio de equidad.
El objetivo de la franja
La finalidad central de la franja electoral, según el marco normativo peruano citado por Andina, es garantizar que todas las organizaciones políticas tengan la posibilidad de difundir sus propuestas en condiciones equitativas. El sistema busca evitar ventajas indebidas y promover una competencia basada en la exposición de planes de gobierno, con reglas claras y control estatal del financiamiento.
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La implementación de este mecanismo implica que las campañas electorales cuenten con espacios reservados en los principales medios de comunicación, permitiendo que la ciudadanía acceda a información relevante para tomar decisiones informadas en las urnas.
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