La defensa del expresidente Ollanta Humala ya solicitó formalmente al Poder Judicial la ejecución del fallo del Tribunal Constitucional que anula el proceso penal por lavado de activos y la excarcelación.
El abogado Edinson Huamán declaró en entrevista con Canal N que “lo que debe corresponder es la inmediata libertad” y desde la defensa “esperan que sea el día de hoy”.
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“Si el TC ya señaló que el hecho por el cual fue condenado no es delito, entonces, ¿qué hace todavía el expresidente Humala en Barbadillo", cuestionó. Indicó que el Tribunal ya notificó su fallo al Poder Judicial y que, además, la propia defensa ha puesto en conocimiento a la Segunda Sala Penal de Apelaciones, donde actualmente se encuentra el expediente, sobre la decisión.
“Nosotros también como defensa, anoche, hemos presentado un escrito a la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones (...) informando de la sentencia del TC, adjuntando la sentencia del Tribunal Constitucional y pidiendo que se oficie de manera inmediata al INPE para que se disponga la libertad. Se ha acreditado que hay vulneración de derechos fundamentales de mi patrocinado. El expresidente debería salir el día de hoy”, estimó.
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A su turno, el abogado Wilfredo Pedraza dijo en entrevista con Epicentro que también presentó un escrito solicitando que se disponga la libertad de Ollanta Humala y “la nulidad de la sentencia y de todas las resoluciones dictadas”.
“Obviamente, en lo inmediato nos interesa la libertad y ojalá eso pueda materializarse el día de hoy. El expresidente Humala tiene preso más de quince meses por una situación que ya el TC, lo ha reiterado ahora, no es delito. Eso me parece una injusticia”, aseveró.
El fallo del TC
El máximo órgano de interpretación constitucional dejó sin efecto la condena de 15 años de prisión impuesta al expresidente Ollanta Humala por lavado de activos, al concluir que la conducta que se le imputó no estaba tipificada como delito en el momento en que ocurrieron los hechos.
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La decisión, adoptada por cinco votos contra dos, lleva fecha del 15 de julio y fue publicada el jueves 30 de julio. El TC determinó que el proceso penal vulneró los principios de legalidad y tipicidad, pilares del derecho penal que prohíben sancionar a una persona por actos que no constituían delito cuando se cometieron.
El Ministerio Público acusaba a Humala de convertir fondos de presunto origen ilícito —atribuidos al gobierno venezolano de Hugo Chávez y a las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS— a través de su uso en las campañas presidenciales de 2006 y 2011.
El TC, sin embargo, determinó que esa conducta —recibir y utilizar aportes de procedencia dudosa para financiar una campaña electoral— corresponde a la figura de receptación patrimonial, modalidad que solo fue incorporada al ordenamiento jurídico peruano en noviembre de 2016, con el Decreto Legislativo 1249.
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Para la mayoría del colegiado, aplicar esa figura a hechos ocurridos entre cinco y diez años antes implicó una aplicación retroactiva de la ley penal, expresamente prohibida por la Constitución. Los magistrados señalaron que los operadores de justicia “forzaron” la inclusión de la conducta bajo la Ley 27765, que regulaba el lavado de activos durante el período investigado.
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