Keiko Fujimori hace un paralelo con el Perú que recibió su padre: “La realidad actual es distinta, el país cuenta con reservas históricas y un PBI positivo”

Keiko Fujimori, presidenta electa y figura central de la política peruana, aseguró en recientes declaraciones que recibe el Estado en condiciones “catastróficas”. La afirmación de Fujimori generó debate al comparar la situación actual del país con la de la década de 1990, cuando su padre, el dictador Alberto Fujimori, asumió el gobierno en un contexto de crisis económica y social. La discusión se intensificó tras sus comentarios en un programa de televisión, donde describió los informes de transición como “desoladores” y puso el foco en la paralización de obras públicas.

Las declaraciones de Fujimori aparecen en un escenario en el que el país registra cifras macroeconómicas que difieren de las que imperaban hace más de treinta años. En 1990, Perú presentaba reservas internacionales negativas; hoy, el Banco Central reporta aproximadamente 100.000 millones de dólares de respaldo y un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,5% anual. Fujimori afirmó que el equipo que la acompañará en el Ejecutivo informará desde el 29 de julio los hallazgos detectados en cada sector, junto con las propuestas de cambios para mejorar los servicios públicos.

Contraste entre el discurso político y los indicadores económicos

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde coincidió en que la administración pública enfrenta problemas graves, pero introdujo un matiz relevante. Recordó que el gobierno de Alberto Fujimori recibió el país con unas reservas internacionales de “300 millones de dólares negativos”, mientras que la próxima gestión accederá a un respaldo de 100.000 millones de dólares. Este contraste muestra que, a pesar de las dificultades señaladas, la situación macroeconómica de Perú difiere sustancialmente respecto al pasado.

García Belaúnde también subrayó el crecimiento económico reciente, con un PBI que ronda el 3,5%. Según el exparlamentario, este escenario obliga a matizar la idea de un Estado “catastrófico”, dado que la economía nacional cuenta con recursos y estabilidad que no existían en el periodo de crisis profunda de los años noventa.

Críticas a la gestión pública y el manejo del presupuesto

El exministro Juan Sheput reforzó el señalamiento sobre las deficiencias en el funcionamiento del aparato estatal. Sostuvo que Perú cuenta actualmente con el presupuesto más alto de su historia, pero alertó sobre la baja ejecución y la corrupción que afectan el gasto público. La Contraloría General de la República estima pérdidas por corrupción que alcanzan los 25.000 millones de soles anuales, una cifra que evidencia la magnitud del problema.

Sheput enumeró síntomas de este deterioro administrativo, como la existencia de obras públicas abandonadas, problemas en hospitales dependientes del Ministerio de Salud y la persistente falta de medicamentos. En sus declaraciones, el exministro advirtió que la crisis no radica en la ausencia de recursos, sino en la incapacidad para utilizarlos de forma eficiente y transparente.

El desafío de las obras paralizadas y los servicios públicos

En las primeras evaluaciones de transición, el equipo de Keiko Fujimori identificó una amplia cantidad de obras públicas paralizadas. Según la candidata, este fenómeno afecta directamente la calidad de vida de la población y constituye una de las prioridades a atender en su eventual gobierno. Fujimori detalló que, a partir del 29 de julio, cada ministro designado presentará un informe sectorial en el que se abordarán tanto los hallazgos negativos como las propuestas de solución para optimizar los servicios públicos.

Las autoridades salientes han señalado que la paralización de obras responde a una combinación de factores administrativos, judiciales y presupuestarios. Además, el sector salud enfrenta desafíos persistentes, como la escasez de medicamentos y la infraestructura hospitalaria insuficiente, situaciones que han sido reconocidas por la propia Contraloría General.

Corrupción y gasto público: un problema estructural

El diagnóstico sobre la situación del Estado peruano no solo se centra en los indicadores económicos, sino que pone en relieve los problemas de gestión y corrupción. La Contraloría sostiene que las pérdidas por prácticas corruptas afectan de manera transversal a todos los sectores de la administración pública. Esta cifra, que asciende a los 25.000 millones de soles anuales, representa una preocupación central para quienes defienden la necesidad de una reforma profunda en el Estado.

La discusión pública también incluye el debate sobre la ejecución presupuestaria. A pesar de contar con recursos históricos, los bajos niveles de cumplimiento en la inversión pública y la presencia de procesos judiciales contra funcionarios han dificultado la culminación de proyectos clave para el desarrollo nacional.

El contexto político y la percepción ciudadana

Las declaraciones de Keiko Fujimori se producen en un entorno de polarización política y desconfianza en las instituciones. Sectores de la ciudadanía y analistas cuestionan la pertinencia de calificar como “catastrófico” el estado actual del país, cuando los datos macroeconómicos muestran estabilidad y disponibilidad de reservas. Sin embargo, la percepción de crisis se sostiene por la persistencia de problemas en la gestión pública y el impacto de casos de corrupción que han minado la confianza en el sistema.

La transición de gobierno se perfila como un proceso marcado por el desafío de revertir la tendencia de obras inconclusas y mejorar la provisión de servicios esenciales. El equipo de Fujimori ha prometido transparencia en la presentación de los informes de gestión, así como la implementación de medidas para fortalecer la eficiencia y la rendición de cuentas en el Estado.