Escándalo por presunto sobreprecio y falta de transparencia en compra de armas para la PNP

A pocos días de dejar el cargo, el gobierno de José María Balcázar enfrentó una denuncia pública por la adquisición de 31.045 pistolas destinadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) que podrían considerarse irregulares. El contrato, valorado en casi treinta millones de dólares y firmado sin licitación pública, ha generado una fuerte controversia por presuntos sobrecostos, pagos adelantados y la ausencia de mecanismos competitivos.

Pagos millonarios

El proceso, revelado por un reportaje de Cuarto Poder, expuso que el Ministerio del Interior pagó la totalidad del monto —cerca de 29,5 millones de dólares— antes de recibir siquiera la primera pistola. El pago incluyó un adelanto del 100% del valor, una práctica que no corresponde a los estándares habituales en la administración pública, donde lo regular sería un adelanto parcial, de hasta el 30%.

La operación se realizó a través de FAME, la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército, una empresa estatal adscrita al Ministerio de Defensa, que ejecutó la compra bajo la modalidad de encargo, amparándose en la ley 3168-4. De acuerdo con los documentos oficiales, la compra se realizó sin concurso público, y la elección del proveedor se realizó de manera directa. La empresa seleccionada fue IWI, una firma israelí socia de FAME.

El precio pactado por cada pistola modelo Jericho, calibre 9 mm, ascendió a 949 dólares. Durante ese proceso inicial, que fue suspendido y posteriormente anulado por el propio Ministerio del Interior, empresas como Beretta, Sig Sauer y Tanfoglio presentaron ofertas mucho menores, algunas por menos de 560 dólares por unidad, y con plazos de entrega notablemente más cortos.

Gonzalo Gil, abogado de Armería Unidas del Perú, señaló que la diferencia de trece millones de dólares respecto a las ofertas más bajas resulta inexplicable y que la decisión del Ministerio del Interior de pagar un precio tan superior a cambio de una entrega más tardía carece de justificación técnica o financiera.

Marco Montoya, experto en contrataciones estatales, advirtió que el proceso podría constituir un caso de colusión, dado que los contratos firmados en forma apresurada y sin cumplir con los principios de competencia y transparencia suelen ser indicio de prácticas ilícitas.

La carta fianza

Otro aspecto cuestionado es la redacción de la carta fianza, el documento que debería garantizar al Estado peruano ante un eventual incumplimiento del contrato. En esta ocasión, la carta fue elaborada por dos entidades estatales: el propio Ministerio del Interior y FAME, lo que implica que el Estado asume el riesgo de una transacción generada entre actores estatales.

El reportaje también reveló antecedentes de reuniones previas entre representantes de FAME, IWI y personajes cercanos al entorno presidencial, lo que aumenta las sospechas sobre la transparencia del proceso. Además, durante la gestión de Balcázar, el proceso de compra fue objeto de reiteradas postergaciones, cambios en la dirección de la oficina administrativa responsable y, finalmente, la anulación del concurso internacional por supuestos “vicios” en las bases y en las especificaciones técnicas.

Pese a que el concurso internacional fue declarado nulo, el gobierno reactivó la compra al día siguiente, esta vez bajo la modalidad de encargo, permitiendo a FAME seleccionar directamente al proveedor. La decisión se tomó en tiempo récord: según registros oficiales, la convocatoria fue publicada el 30 de junio y la buena pro se otorgó apenas 48 horas después, sin competencia real.