Confirman ampliación de prisión preventiva por 18 meses para Andrés Hurtado, quien seguirá recluido en el penal de Lurigancho

La investigación judicial contra el exconductor de televisión Andrés Hurtado continúa con nuevas decisiones que mantienen abierto uno de los procesos más relevantes por presuntos actos de corrupción vinculados a funcionarios públicos. El caso reúne acusaciones relacionadas con tráfico de influencias y supuestos pagos ilícitos que todavía forman parte de la investigación del Ministerio Público.

Las actuaciones del Poder Judicial avanzan mientras la Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para mantener medidas restrictivas contra el exanimador. En paralelo, el expediente incorpora distintos hechos que involucran a empresarios, exfuncionarios y otras personas investigadas dentro del denominado caso “Barras de Oro”.

La decisión más reciente modifica el escenario procesal de Hurtado, quien permanece internado en el establecimiento penitenciario de Lurigancho mientras continúa el desarrollo de las diligencias. La resolución también responde a la posición presentada por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

El proceso judicial incluye pedidos de sanción penal, investigaciones paralelas y una serie de actuaciones iniciadas desde septiembre del año pasado, cuando diversas denuncias públicas dieron paso a las pesquisas fiscales.

Corte Suprema mantiene la medida contra Andrés Hurtado

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la ampliación por 18 meses de la prisión preventiva impuesta a Andrés Hurtado dentro del proceso penal por el caso denominado “Barras de Oro”. De esa forma, el exconductor continuará recluido en el penal de Lurigancho mientras prosigue la investigación.

Según la resolución judicial, el tribunal declaró “infundado” el recurso de apelación presentado por la defensa de Hurtado para dejar sin efecto la decisión emitida el 12 de marzo por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien aceptó el pedido formulado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

De acuerdo con la resolución citada por RPP, la Corte Suprema sostuvo que la prolongación de la prisión preventiva constituye una medida “idónea, necesaria y proporcional” para asegurar los fines del proceso, garantizar la presencia del investigado y evitar riesgos que afecten el desarrollo de la actividad procesal.

La acusación comprende los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico en agravio del Estado.

La investigación fiscal sostiene que Hurtado habría intervenido en el supuesto pago de una coima entregada por el empresario Javier Miu Lei con el objetivo de que la entonces fiscal superior Elizabeth Peralta intercediera para recuperar barras de oro incautadas por el Ministerio Público a una empresa del empresario durante 2020. El expediente también incorpora otros dos hechos bajo investigación.

El origen del caso y las primeras denuncias

La secuencia pública del caso comenzó después de que Jean Carlos Miu Lei denunciara en televisión a sus primos de la familia Siucho Neira por presuntas actividades ilícitas. Poco después surgieron nuevos cuestionamientos relacionados con Andrés Hurtado y sus supuestos vínculos con integrantes del sistema de justicia y autoridades estatales.

El 2 de septiembre, durante una entrevista televisiva, Hurtado habló sobre sus contactos con una fiscal especializada en lavado de activos y con una autoridad de Migraciones. Días más tarde, Ana Siucho presentó declaraciones en las que sostuvo que el exconductor ofreció ayuda a sus familiares a cambio de favores relacionados con funcionarios públicos.

Entre los señalamientos también figura la versión según la cual Hurtado habría facilitado gestiones relacionadas con la devolución de oro incautado a Javier Miu Lei mediante su presunta cercanía con la fiscal Elizabeth Peralta. Asimismo, aparecieron acusaciones vinculadas con trámites migratorios relacionados con Roberto Siucho.

Investigación se amplió con nuevas diligencias

Con el avance del caso, distintas instituciones iniciaron actuaciones propias. El Congreso solicitó revisar las denuncias conocidas públicamente, mientras el Poder Judicial dictó impedimentos de salida del país para varios investigados.

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos abrió diligencias preliminares para determinar el origen de presuntos bienes y movimientos patrimoniales atribuidos a Hurtado. Entre las medidas ordenadas figuraron solicitudes de información dirigidas a Cofopri y a la Superintendencia Nacional de Migraciones, además de declaraciones de personas vinculadas con la investigación.

Durante las semanas posteriores también aparecieron nuevas revelaciones difundidas por distintos programas periodísticos sobre presuntos nexos entre Hurtado, exfuncionarios públicos y personajes relacionados con investigaciones por corrupción.

Detención y desarrollo del proceso judicial

El 19 de septiembre, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y del grupo Orión de la Dirección Antidrogas ejecutaron la detención preliminar de Andrés Hurtado en una clínica ubicada en la avenida Las Artes.

Desde entonces, el proceso continuó con diversas actuaciones fiscales y judiciales que derivaron en la imposición de prisión preventiva y, posteriormente, en la ampliación de esa medida por decisión del juez Juan Carlos Checkley.

Con la resolución emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el proceso continúa bajo las medidas cautelares vigentes mientras el Poder Judicial y el Ministerio Público desarrollan las siguientes etapas del caso “Barras de Oro”.