
Roberto Sánchez, excandidato presidencial por Juntos por el Perú (JP), convocó a una marcha para este miércoles 15 de julio en el Centro de Lima. El objetivo de la movilización será exigir la excarcelación del expresidente Pedro Castillo, cuya detención ha sido calificada de arbitraria por un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La jornada de protesta se realizará el mismo día de la ceremonia de entrega de credenciales a la presidenta electa, Keiko Fujimori, y se prevé que congregue a simpatizantes de diversas regiones.
Roberto Sánchez aseguró que la movilización será pacífica y reivindicó el derecho constitucional a la protesta. “Democráticamente, pacíficamente, haciendo uso al derecho constitucional del libre tránsito nos vamos movilizar”, declaró el dirigente.
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Asimismo, exhortó a las autoridades a cumplir los tratados internacionales y garantizar las acciones previstas en la Constitución. “Nosotros respetuosamente y con convicción democrática exigimos, en base a estos tratados internacionales que el Perú ha suscrito, que se dé cumplimiento, que se dé las garantías, que se establezcan todas las acciones en el marco de la ley, los tratados internacionales, la Constitución y actuemos con soberanía”, afirmó.
El dirigente también recordó otros antecedentes en los que el Estado peruano procedió a la excarcelación y reparación ante actuaciones arbitrarias, y recalcó que el caso de Pedro Castillo merece el mismo tratamiento.
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“Cuando corresponde que ha habido una actuación arbitraria, la conducta del Estado peruano ha sido de resarcir”, señaló Sánchez.
La movilización también exigirá justicia para “los mártires del sur”, en referencia a las personas fallecidas durante las protestas tras la destitución de Castillo en 2022 y 2023. El líder de Juntos por el Perú aún no precisa la ruta de la marcha.

El contexto jurídico e internacional
El pronunciamiento del Grupo de Trabajo de la ONU surgió tras analizar la detención de Pedro Castillo ocurrida el 7 de diciembre de 2022, luego de que el exmandatario anunciara la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia.
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El grupo consideró arbitraria la privación de libertad y recomendó la liberación inmediata del exjefe de Estado, así como una reparación y la investigación de las presuntas vulneraciones a sus derechos.
No obstante, las autoridades peruanas han respondido que el dictamen carece de carácter vinculante y que la decisión sobre la situación jurídica del expresidente corresponde a las instancias nacionales.
La Cancillería precisó que la opinión del grupo de trabajo “no es una decisión jurisdiccional obligatoria” ni impacta de modo directo en el ordenamiento legal del país. A su vez, el presidente interino, José María Balcázar, señaló que el documento “viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo de cómo se le puede dar indulto a una persona detenida”.
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Mientras tanto, Pedro Castillo permanece recluido a la espera del juicio oral por el presunto delito de rebelión y por otros procesos vinculados a hechos de su gestión presidencial. La defensa del exmandatario presentó un hábeas corpus que, apoyado en el dictamen de la ONU, solicita su libertad inmediata.
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