El balance financiero de Petroperú correspondiente a 2025 sufrió un ajuste significativo luego de que la empresa estatal tuvo que reconocer una deuda tributaria de USD 133 millones.
De acuerdo con La República, esta obligación fue notificada por el Tribunal Fiscal semanas después de que la petrolera ya había presentado sus estados financieros ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), lo que obligó a modificar al alza la cifra de pérdidas netas auditadas.
En consecuencia, el resultado final arrojó una pérdida neta de USD 601 millones, muy superior a los US$468 millones originalmente reportados por la compañía.
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La resolución fiscal que cambió el balance
La diferencia en las cifras se explica por una controversia tributaria de largo arrastre. El Tribunal Fiscal rechazó las apelaciones de Petroperú contra un reclamo de la Sunat por el Impuesto al Rodaje (IRO), correspondiente a la importación de insumos para la elaboración de gasolinas en 2019 y 2020.
La resolución, fechada el 20 de marzo de 2026 y notificada seis semanas después del cierre contable, obligó a la petrolera estatal a provisionar la deuda y reflejarla en sus cuentas auditadas.
El ajuste implicó que el directorio, en coordinación con la auditoría externa, aprobara una provisión total de USD 158 millones, destinada principalmente a cubrir la deuda coactiva ordenada por el fallo.
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Según la información remitida por la petrolera a la SMV, la pérdida neta auditada ascendió a USD 601 millones, convirtiéndose en una de las cifras más altas de los últimos años.
El desfase quedó registrado porque la notificación oficial del Tribunal Fiscal llegó después de la entrega formal de los estados financieros, lo que generó un “desbalance” entre lo inicialmente reportado y el resultado auditado.
Origen y características de la deuda tributaria
La disputa con la Sunat se centró en la interpretación del Impuesto al Rodaje, un tributo peruano que grava la venta y la importación de gasolinas con una tasa del 8 % sobre el valor de venta. Lo recaudado se destina a los municipios para el mantenimiento de pistas y calles.
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Petroperú argumentó que los insumos importados no eran productos finales y, por tanto, no correspondía el pago del IRO en esos casos. Sin embargo, el Tribunal Fiscal confirmó la interpretación de la Sunat y ordenó el pago, lo que derivó en la actualización contable.
El ajuste financiero generado por la deuda coactiva desató preocupación en la gestión y los trabajadores de Petroperú. Según El Comercio, el Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAPP) reiteró públicamente la necesidad de fortalecer la gobernanza de la empresa estatal, exigiendo estándares más altos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas.
La petrolera estatal analiza ahora alternativas legales para responder al fallo fiscal, aunque, por el momento, debe cumplir con el pago de la deuda y reflejar su impacto en los resultados auditados del ejercicio 2025.
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Al cierre de 2025, Petroperú registró un capital de trabajo negativo de USD 2.296,4 millones, lo que refleja que sus pasivos corrientes superan ampliamente a sus activos corrientes y agrava el cuadro de fragilidad financiera de la empresa.
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