El Gobierno de Perú dispuso la prórroga por 60 días del estado de emergencia en distritos de Ayacucho, Cusco y Junín, en respuesta a la intensificación del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
Según el Decreto Supremo N.° 098-2026-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, la medida comenzará a regir a partir del 6 de julio en zonas del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una región que concentra la mayor producción de cocaína en el país.
Las localidades de Anco, Ayna, Santa Rosa, Samugari, Anchihuay, Río Magdalena y Unión Progreso en Ayacucho; Kimbiri, Villa Kintiarina, Villa Virgen, Echarate, Megantoni, Kumpirushiato, Cielo Punco y Manitea en Cusco; y Pangoa y Río Tambo en Junín, estarán bajo control de la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas.
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El Ejecutivo determinó que las zonas de intervención se definirán mediante inteligencia, estadísticas y mapas del delito. Según informó El Peruano, la medida busca frenar la expansión de organizaciones criminales y fortalecer la seguridad en una región estratégica para el narcotráfico.
El pasado 28 de junio, el Comando Especial VRAEM (CE-VRAEM), integrado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, desmanteló un laboratorio clandestino destinado a la producción de alcaloide de cocaína en el distrito de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo.
El Peruano detalló que la operación permitió incautar insumos y equipos utilizados para la elaboración a gran escala de droga, lo que evidencia la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades en el Vraem.
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Clanes familiares
La dinámica del narcotráfico en Perú se estructura en torno a clanes familiares que acopian y venden drogas a representantes de cárteles extranjeros.
“No existen cárteles de la droga como tales en Perú; lo que hay son clanes familiares que acopian y venden la droga a representantes de cárteles internacionales”, afirmó el general Nilton Reynaldo, jefe de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro), en diálogo con Exitosa Noticias.
El oficial precisó que estos grupos locales se dedican a la producción y acopio, mientras que los cárteles internacionales controlan la logística, la distribución y el lavado de dinero.
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De acuerdo con la Dirandro, la organización criminal se basa en clanes o grupos comunitarios asentados en zonas productoras. Estos clanes reúnen grandes volúmenes de droga, ya sea de su propia producción o adquirida a pequeños acopiadores, y coordinan con representantes extranjeros el acopio y la salida del país.
“El cártel maneja el producto, la distribución, la logística del transporte, la recolección y el blanqueo del dinero, así como el disfrute de esas ganancias”, explicó Reynaldo.
Las rutas de salida de la droga son diversas. La Dirandro identificó que la cocaína sale principalmente por vía aérea, con avionetas que ingresan desde Bolivia y Brasil y aterrizan en pistas clandestinas en la selva peruana. También se utilizan rutas terrestres y fluviales, aprovechando la limitada capacidad de interdicción en el espacio aéreo y la frontera.
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Impacto y retos de la lucha antidrogas
Las acciones de interdicción y erradicación de cultivos ilícitos han mostrado avances, reportó la Dirandro, pero la creciente demanda internacional de drogas impulsa la actividad de los clanes.
Un estudio citado por el jefe policial estimó la existencia de casi un millón de nuevos consumidores anuales a nivel global, lo que incrementa la presión sobre países productores como Colombia, Perú y Bolivia.
Investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas identificaron sesenta y cinco clanes familiares dedicados al narcotráfico en ocho regiones del país. Entre los líderes principales figuran Jorge Bazán Aguilar, alias “Gordo Tobi”, Emerson Quispe Pariona, “El Chavo”, y el clan Los Quispe Palomino. En el Vraem, cinco familias controlan el tráfico hacia Bolivia, coordinando el envío de droga en avionetas hacia pistas clandestinas en la selva.
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En Ayabaca, Piura, operan doce clanes que emplean empresas fachada, como grifos y compañías de transporte, para lavar activos.
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