Keiko Fujimori gana la presidencia en su cuarto intento: así fue el recorrido del fujimorismo en la política peruana desde el 2000

Keiko Fujimori ganó las elecciones de 2026, cerrando un ciclo de tres derrotas presidenciales consecutivas y reabriendo una discusión de fondo sobre el lugar del fujimorismo en la democracia peruana. Su llegada a Palacio de Gobierno no solo reconfigura el mapa político, sino que devuelve al movimiento fundado en torno a Alberto Fujimori al ejercicio directo del poder ejecutivo, algo que no ocurría desde el año 2000.

El resultado marca un punto de inflexión para Fuerza Popular, que deja de ser únicamente una bancada con alta capacidad de influencia parlamentaria para convertirse nuevamente en proyecto de gobierno. En términos políticos, implica el tránsito de una fuerza que operó durante dos décadas en la oposición o en el Congreso hacia la conducción del Estado.

El fujimorismo, sin embargo, no es solo un partido ni una candidatura. Como plantea el politólogo Jorge Aragón de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se trata también de una organización que ha mantenido presencia constante desde 2006 y que encarna una polarización persistente en la política peruana. Esa tensión entre reivindicación del legado de los años noventa y rechazo a su deriva autoritaria sigue estructurando el debate público. En ese sentido, el triunfo de 2026 no elimina esa disputa: la traslada al centro del poder.

Fin del gobierno de Alberto Fujimori

El colapso del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000 estuvo marcado por el escándalo de corrupción revelado mediante los “vladivideos”, que expusieron el pago de sobornos a congresistas para asegurar apoyos políticos. La crisis precipitó la salida del entonces mandatario, quien viajó a una cumbre en Asia y luego se trasladó a Japón, desde donde envió su renuncia por fax.

El Congreso rechazó esa renuncia y lo destituyó el 21 de noviembre de 2000 bajo la figura de “incapacidad moral permanente”. Con ello se abrió una transición encabezada por Valentín Paniagua, que restableció el orden democrático y convocó a elecciones en 2001.

Sin embargo, como advierte Aragón, la caída del régimen no significó la desaparición de sus efectos. Los sistemas autoritarios —señala— dejan “herencias” que persisten en el nuevo orden político. En el caso peruano, esas huellas se expresan en la polarización, en la desconfianza institucional y en la permanencia de una forma de hacer política marcada por liderazgos fuertes y alta confrontación.

Keiko Fujimori y la reinvención del movimiento fujimorista (2001–2010)

Tras la caída del régimen, el fujimorismo no desapareció. Conservó presencia en el Congreso y comenzó un proceso de reorganización interna que derivó en el surgimiento de nuevos liderazgos. En ese contexto emergió Keiko Fujimori, quien pasó de figura secundaria a referente central del movimiento.

En 2006, fue elegida congresista por Alianza por el Futuro, convirtiéndose en la parlamentaria más votada a nivel nacional. Su ingreso formal a la política marcó el inicio de un proceso de institucionalización del fujimorismo sin Alberto Fujimori en el poder.

Durante este periodo, Keiko consolidó su liderazgo y articuló las bases de lo que luego sería Fuerza Popular, combinando una narrativa de continuidad con el legado de su padre y una estrategia de inserción dentro del sistema democrático. Este equilibrio le permitió sostener la identidad del movimiento mientras ampliaba su alcance electoral.

La paradoja del fujimorismo: pierde el Ejecutivo, gana el Congreso (2011-2016)

En 2011, Keiko Fujimori perdió la segunda vuelta frente a Ollanta Humala. Cinco años después, en 2016, volvió a ser derrotada por Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por un margen estrecho. Sin embargo, en esa misma elección, Fuerza Popular obtuvo mayoría absoluta en el Congreso, consolidando una posición de enorme influencia legislativa.

Ese poder parlamentario se convirtió en un factor determinante del conflicto político con el Ejecutivo. Durante el gobierno de PPK, las tensiones entre el Congreso y el Gobierno derivaron en una crisis que culminó con su renuncia en 2018. El propio expresidente sostuvo posteriormente que Martín Vizcarra habría participado en un supuesto “complot” junto con Keiko Fujimori para precipitar su salida, acusación que se sumó al clima de alta confrontación política de la época.

En paralelo, se desarrolló el caso Cócteles, una investigación por presuntos aportes irregulares a campañas electorales de 2011 y 2016. Años después, el proceso fue archivado tras una decisión del Tribunal Constitucional, que dispuso el “sobreseimiento definitivo” del caso, sin pronunciarse sobre la responsabilidad penal de los implicados.

Derrota frente a Pedro Castillo y narrativa de fraude electoral

En 2021, Keiko Fujimori volvió a perder la presidencia, esta vez frente a Pedro Castillo, en una elección marcada por una fuerte polarización. Tras la segunda vuelta, la lideresa de Fuerza Popular denunció sin pruebas la existencia de un fraude electoral, cuestionando el conteo de actas y la validez del proceso.

Las misiones internacionales de observación, incluida la OEA, reconocieron la organización del proceso electoral y recomendaron canalizar cualquier discrepancia por las vías legales. Pese a ello, la narrativa del fraude se mantuvo como un eje discursivo del fujimorismo en los años posteriores.

En 2025, en un evento partidario, Fujimori reiteró esa posición al afirmar que “nos robaron los votos”, sin presentar evidencias que respalden sus declaraciones. Este tipo de discursos, según el material revisado, también reaparecerían en el contexto electoral de 2026, cuando su opositor Roberto Sánchez habría planteado cuestionamientos similares sobre los resultados, evidenciando la persistencia de disputas por la legitimidad electoral en la política peruana.

Casos Cordero Jon Tay y cuestionamientos a congresistas fujimoristas

El periodo posterior a 2018 también estuvo marcado por investigaciones fiscales a diversos congresistas vinculados a Fuerza Popular. Entre los casos más notorios figuran los hermanos Luis Gustavo y María del Pilar Cordero Jon Tay.

A María del Pilar se le atribuye la presunta reducción de hasta el 75% del sueldo de un trabajador de su despacho parlamentario, lo que motivó una investigación por concusión. El material incluye audios donde se le escucha exigir pagos en términos controvertidos, lo que generó fuerte impacto mediático.

En el caso de Luis Gustavo Cordero, se le sindica de haber participado en coordinaciones relacionadas con una supuesta red de espionaje, además de viajes vinculados a la adquisición de equipos. Ambos casos fueron políticamente sensibles al interior del Congreso.

Asimismo, un antecedente relevante es el archivo de una investigación contra 10 congresistas de Fuerza Popular por presunta obstrucción a la justicia durante los allanamientos a locales del partido en 2017, decisión adoptada por la Fiscalía de la Nación.

Kenji Fujimori y las tensiones internas dentro del fujimorismo

En 2022, Kenji Fujimori marcó distancia de Fuerza Popular y atribuyó sus problemas con la justicia a las tensiones internas dentro del propio fujimorismo. El excongresista señaló que su caso no puede entenderse fuera del contexto de la disputa política que se generó en el Congreso durante los años de mayor influencia parlamentaria del partido liderado por su hermana, Keiko Fujimori.

Sus declaraciones se dieron en el marco de los procesos derivados de los “Mamanivideos”, que provocaron su desafuero e inhabilitación política. Este episodio profundizó la fractura dentro del fujimorismo y evidenció la disputa por el control del liderazgo del movimiento, así como las diferencias entre los distintos sectores de la familia Fujimori en torno al rumbo político del partido.

Fuerza Popular y el blindaje a Dina Boluarte

Durante el gobierno de Dina Boluarte, Fuerza Popular desempeñó un rol clave en la estabilidad parlamentaria. Según el material revisado, la bancada votó en bloque en contra de siete mociones de vacancia presidencial, impidiendo que estas fueran admitidas a debate.

El sistema de vacancia en el Perú requiere 52 votos para su admisión y 87 para su aprobación final. En todos los casos mencionados, las iniciativas no lograron avanzar en el Congreso, en parte debido a la postura cohesionada de Fuerza Popular.

Este comportamiento fue interpretado por diversos analistas como un “blindaje parlamentario” que permitió la continuidad del gobierno en un contexto de alta fragmentación política. En paralelo, declaraciones atribuidas a Alberto Fujimori señalaron que la continuidad del gobierno de Boluarte respondía a acuerdos políticos del partido, reforzando la percepción del peso del fujimorismo en la gobernabilidad.

Keiko Fujimori y el regreso del fujimorismo al Ejecutivo

La victoria de Keiko Fujimori en 2026 no solo representa un cambio de ciclo electoral, sino también la consolidación de un proceso de larga duración: la transformación del fujimorismo de régimen autoritario a actor central de la política peruana.

El movimiento llega al poder tras haber sido oposición, mayoría parlamentaria y fuerza de bloqueo institucional. Su evolución, atravesada por derrotas, controversias judiciales y alta polarización, refleja la persistencia de los legados políticos del pasado en el presente.

En ese marco, el fujimorismo no aparece como un actor nuevo, sino como una estructura política que ha sabido adaptarse a los cambios del sistema. Su retorno al Ejecutivo en 2026 reabre una pregunta que sigue vigente desde hace más de dos décadas: cómo se administra en democracia el legado de un régimen que marcó profundamente la historia política del Perú.