El Ministerio Público identificó 152 fallecidos en menos de dos años durante ataques contra el transporte público en Lima y Callao vinculados a presuntos actos de extorsión. La cifra forma parte de un reporte estadístico elaborado por el Observatorio de Criminalidad, que registró 214 atentados con víctimas entre agosto de 2024 y mayo de 2026.
El documento, titulado Atentados contra el transporte público de Lima Metropolitana y Callao vinculados a presuntos actos de extorsión, agosto 2024-mayo 2026, contabilizó 283 personas afectadas en ese periodo: 152 murieron y 131 resultaron lesionadas, según el balance presentado por la Fiscalía de la Nación.
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El reporte delimita una secuencia sostenida de violencia contra unidades de transporte público —microbuses, combis y mototaxis— y expone tanto la magnitud del fenómeno como patrones operativos y horarios que se repiten en los atentados atribuidos a la dinámica de la extorsión.
San Juan de Lurigancho, Comas y San Juan de Miraflores concentran más atentados
De acuerdo con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, los atentados se concentraron principalmente en San Juan de Lurigancho, Comas y San Juan de Miraflores. El reporte señaló que esos distritos también registran altos niveles de denuncias por extorsión, homicidio calificado y sicariato.
En términos de objetivo, el documento precisó que el 94,4 % de los atentados ocurrió directamente contra unidades de transporte público, lo que da cuenta de un foco persistente sobre el servicio en la vía pública. Esa concentración, además, se reflejó en los perfiles de los afectados: conductores, pasajeros y cobradores aparecen como los principales grupos expuestos.
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La estadística, tal como fue presentada, busca aportar elementos para comprender cómo se distribuye el impacto de estos hechos dentro de Lima Metropolitana y el Callao, y en qué zonas se repite con mayor frecuencia el ataque contra el transporte.
Motocicletas, el principal medio de escape en los atentados
El reporte indicó que el 97,7 % de los ataques con víctimas fue perpetrado con armas de fuego, una proporción que marca el predominio de este medio en los atentados registrados durante el periodo analizado.
También se consignó que las motocicletas constituyeron el principal medio utilizado por los presuntos autores para ejecutar el atentado o huir del lugar, con un 60,3 % de incidencia. Este patrón aparece asociado a la rapidez de desplazamiento y a la posibilidad de escapar de manera inmediata tras el ataque.
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En cuanto al momento del día, el estudio detalló que más de la mitad de los hechos (58,4 %) ocurrió durante la noche, un dato que describe una franja horaria de mayor recurrencia para estos atentados.
Conductores, las principales víctimas de los atentados
El Observatorio de Criminalidad señaló que los conductores concentraron el mayor porcentaje de víctimas, con 69,3 %. Les siguieron los pasajeros con 20,5 % y los cobradores con 5,3 %, según la distribución consignada en el documento.
La proporción sugiere que el impacto recayó principalmente sobre quienes sostienen el servicio de transporte público y quienes lo utilizan a diario. El reporte, además, cuantificó el total de afectados en 283 personas, diferenciadas entre fallecidos y lesionados.
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Dentro del conjunto de atentados registrados, el Ministerio Público caracterizó el fenómeno como una modalidad que golpea a actores esenciales del funcionamiento del transporte en Lima Metropolitana y el Callao.
Datos específicos de los atentados en 2026 y nuevas tendencias en métodos de ataque
Como información complementaria, el Ministerio Público identificó 126 atentados entre enero y mayo de 2026. En ese tramo, 87 registraron víctimas fallecidas o lesionadas, mientras que 39 no dejaron víctimas, según el reporte.
En este último grupo —los atentados sin víctimas— el Observatorio de Criminalidad advirtió un incremento en el uso de artefactos incendiarios como modalidad de ataque. Sin embargo, el documento sostuvo que las armas de fuego continuaron siendo el principal medio empleado en el conjunto de hechos analizados.
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El reporte fue presentado como un insumo estadístico para el análisis de la criminalidad vinculada a la presunta extorsión y para la articulación de estrategias de prevención y toma de decisiones frente a un fenómeno que afecta la seguridad ciudadana y la prestación del servicio de transporte público en Lima y Callao.
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